Proyecto de resolución para el XII Congreso Nacional del PRT

Antecedentes

En el CC del mes de diciembre de año pasado, se presentó un informe bajo el titulo de “En defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el aspecto central de dicho informe, se planteó que la situación política estaba marcada fundamentalmente por la agresión del gobierno al SME y la lucha de resistencia que se abrió, cuestión que sigue vigente. Las tesis ahí planteadas siguen siendo válidas sin embargo, hay nuevos elementos que tenemos que incorporar en nuestro análisis.

1. Sobre la situación económica

El gobierno de Calderón y sus funcionarios  se han dedicado en lo que va del año de 2010, a pregonar que la crisis ha pasado, y que estamos en plena recuperación económica. Al mismo tiempo el Secretario del Trabajo, declara que en lo que va del año se han generado 290 mil empleos, lo que compensa lo que se ha perdido en dos años (2008 y 2009).
Pero veamos: Es irrefutable que la economía mundial durante 2009, disminuyó la tasa de crecimiento del PIB mundial de una manera significativa, como una expresión del curso recesivo de la crisis económica, y también es irrefutable que ello se tradujo para México en una caída del PIB en un 7%.

El entusiasmo de Calderón, de que la crisis ha sido superada, contrasta con la cautela del FMI, (21 de Abril) ya que si bien coinciden en que habrá un crecimiento en 2010 por arriba del 4% para la economía nacional, (incluso hacienda habló de un 6%), este organismo advierte “que el panorama para la actividad se mantiene inusualmente incierto”. Cuestión que se confirmaría con la crisis de la deuda del gobierno griego que amenazaba con caer en la insolvencia,   desencadenando la incertidumbre en las bolsas de valores, amenazando la estabilidad del Euro y cimbrando el edificio de las finanzas mundiales.

Advierte también que “el espacio de maniobra de muchas economías avanzadas se ha agotado ampliamente, dejando tales recuperaciones frágiles expuestas a nuevas conmociones”. Esto también se refleja en España, Portugal e Irlanda que con severas medidas de austeridad (similares a las impuestas al pueblo griego) pretenden asegurar los intereses del capital financiero y detener un posible estallido. Los efectos de la crisis se descargan sobre las masas trabajadoras y empujan la economía –al menos la de estos países– en una dinámica recesiva.
Señalan además que el “crecimiento en las economías avanzadas alcanzaría apenas un 2.3% en 2010 y 2.4% en 2011” , cuidándose de afirmar que la recuperación sea vigorosa. Incluso la endeble economía norteamericana (a la cual la economía de México está atada, sobre todo en el renglón de las exportaciones) no ha dado signos de que esté en franca recuperación, así, en el 4º trimestre del año pasado, llegó a tener  un crecimiento del 5.7%, pero en el primer trimestre de este año cayó al 2.7%, la mitad del 4º trimestre. Ello muestra que la evolución del crecimiento de la economía norteamericana  se mueve en un curso de altas y bajas. En otras palabras, nada está asegurado, porque incluso “los esfuerzos de emergencia (endeudamiento para salvar los bancos y otras empresas) empeoraron las finanzas de los gobiernos, dejando los países vulnerables a nuevas conmociones”.

El desbordado entusiasmo del gobierno de Calderón ha encontrado, incluso, recelo en las cámaras patronales que reclaman datos que confirmen este supuesto curso de la economía, advirtiendo que no basta proclamarlo. Sus datos “duros” han sido la creación de 290 mil empleos en el primer trimestre del 2010.

Y hay bases para desconfiar de esta apreciación. En primer lugar, hoy reconocen que la economía nacional tuvo una caída de alrededor del 7% del PIB durante el año pasado, lo cual significa que por lo menos hubo una pérdida de puestos de trabajo en un monto de cuando menos 700 mil.

Es la misma proporción que el Secretario de Trabajo usaba en su reclamo al SME de que no hubiese crecido la economía en un 1% del PIB y dejado de generar 100 mil empleos. Esta proporción, que por cierto es muy conservadora, puesto que hay economistas que establecen una relación de pérdidas de puestos de  trabajo de 150 mil por cada punto porcentual de decrecimiento del PIB, lo que significaría un desempleo de alrededor de un millón. Pero tomando sus mismos datos, significaría que durante 2009, a pesar de la caída de 7% del PIB, con la supuesta generación de 290 mil nuevos puestos de trabajo en el primer trimestre de 2010, ¡¡¡“se compensa el desempleo en los últimos dos años”!!!!! Lo cual aparece como absurdo, no creíble y como un análisis esquizofrénico en el terreno  de la economía. Habrá que estar muy atentos a mayor información, y contundentes datos que nos indiquen de una forma seria la evolución de la economía en el presente.

Ya hemos visto que la burguesía, renunciando a su credo neoliberal, se vio obligada a intervenir  en la economía, abandonando su religión de que el mercado resuelve todo, endeudándose e inyectando capital a los bancos y grandes empresas, como los tres grandes de la industria automotriz en el caso de EUA; pero este proceso de endeudamiento creciente, se desarrolló en todos los países (EUA, Alemania, Francia, etc.). De momento lograron que la crisis  no siguiera su curso, socializando las pérdidas, manteniendo la privatización de las ganancias y mitigándola  de momento, pero preparando otras más extensas e imponentes, y agotando los medios para prevenirlas. El endeudamiento y crecimiento del déficit presupuestario de los gobiernos  juegan ese papel. En este sentido el caso griego es ilustrativo, pero no el único, habrá que recordar que el gobierno más endeudado del mundo es el de EUA.

Como decíamos en diciembre, la crisis económica golpeó las finanzas públicas, y en el caso de México, el gobierno (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) ha puesto un parche momentáneo con aumentos en los impuestos, programando incrementos crecientes en los precios del gas, la gasolina y el diesel, y preparando la subida de las tarifas eléctricas. Esto último relacionado con el decreto de extinción de la Compañía de Luz y el golpe al SME, ya que el subsidio de 44 mil millones de pesos a la CL y FC (que desaparece con la extinción de esta compañía) y que se transfería a la CFE por un lado, y por otro a la reducción del presupuesto en 15 mil millones de pesos, esto significa que alrededor de 60 mil millones de pesos ya no entrarán a las arcas de la CFE , y serán compensadas inevitablemente con un incremento de las tarifas en un corto plazo.
Ello significa en lo inmediato un deterioro de las condiciones de vida de capas crecientes de la población mexicana. Por lo que es previsible  también un creciente descontento.

2. La Crisis económica y el papel de las direcciones sindicales

Es cierto que en periodos de crisis económica, se genera una pasividad entre los trabajadores que ven en riesgo su trabajo y que es acompañada con una campaña de los medios para extender el temor, pero las direcciones sindicales, en lugar de ponerse a defender los intereses de los trabajadores, se colocan en la misma posición e incluso pidiéndoles sacrificios. El caso más ilustrativo ha sido el de la CTM , su Secretario General, Joaquín Gamboa Pascoe, en el pasado congreso (realizado a principios de marzo), tuvo el cinismo de exaltar y felicitar a los trabajadores por su sacrificio ante la crisis y ayudar a las empresas para que sobrevivieran en la crisis. Y para que no quedara dudas, se lanzó a criticar a aquéllos que lanzaban a los trabajadores a la calle, generando incertidumbre (refiriéndose obviamente a las movilizaciones del SME, la UNT y el frentote (Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas MNSAEDT y LD). Esta abyecta y traidora posición se está colocando, de más en más, en un obstáculo a la respuesta que el movimiento de resistencia necesita dar para enfrentar las agresiones crecientes contra el SME, el movimiento sindical  y popular en el país.

3. Se recrudece la ofensiva y la resistencia no crece con la misma intensidad

El gobierno está envalentonado por el golpe dado al SME y por el respaldo de todas las agrupaciones patronales, y ha pensado en ir más a fondo en la ofensiva neoliberal con la llamada reforma electoral, con una reforma energética de 2ª generación, con una reforma fiscal y sobre todo, con el proyecto panista de reforma laboral. Sin embargo, en relación  a la reforma fiscal, el mismo gobierno piensa que no hay las condiciones, después del encontronazo con motivo del estallido del acuerdo de no alianzas para las próximas elecciones estatales y que provocó que se sacaran sus trapitos al sol.
La reforma electoral, como está planteada, parece que no encontrará el consenso del PRI, y sobre la reforma energética de 2ª generación, tendrán que conformarse, por lo pronto, con la reglamentación de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y con el Estatuto Orgánico de PEMEX, que les permita avanzar en las bases de contratación (ingerencia de capital, sobre todo extranjero) en PEMEX.

La situación del movimiento de resistencia y del SME

Desde el 10 de octubre del año pasado, se ha venido debilitando la fuerza interna del SME, por la campaña y la presión del Estado para aceptar las liquidaciones, recurriendo al soborno, al ofrecer premios en efectivo para quien acepte, aprovechando la división interna que viene desde las elecciones pasadas, en donde Muñoz  fue utilizado por el gobierno para el golpe mismo, y minando poco a poco la fuerza interna, agotando por cansancio a sectores que se retiran, y tratando, con golpes represivos, hacer retroceder la lucha. Algo de resultados ha obtenido el gobierno al grado de que la propia dirección reconoce que quedan en el combate 18 mil de los 44 mil iniciales. La política de ir desangrando al SME ha tenido un cierto resultado.
Pero al mismo tiempo, la resistencia, que no es sólo del SME, creció de una manera muy importante, al grado de que para el paro cívico se calculó que en estas acciones participaron alrededor de 2 millones de ciudadanos, y se debe que a sus fuerzas se agregaron la de los agrupados en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. En ella destacan por su importancia, en primer lugar, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, con tres huelgas en curso, el Sindicato Nacional Telefonistas con agremiados a lo largo y ancho del país, (el Sindicato –también nacional– del IMSS, que a pesar de ser parte de la UNT , que participa en la ANRP , prácticamente se ha retirado de la lucha, y se ha filtrado en la prensa que se retira de la UNT –recordemos que su dirigente llega a la cámara por el PAN–, el STUNAM, la Alianza de Tranviarios, la CNTE con secciones importantes como la 22 de Oaxaca, la 18 de Michoacán, la 7 de Chiapas, la Novena del DF y sectores de oposición en casi todas las secciones del SNTE del país; organizaciones campesinas, populares y políticas, dándole a la resistencia una dimensión nacional, que rebasó el marco regional del área de trabajo del SME, pero sin llegar a ser tan fuerte como para derrotar al gobierno y hacerlo retroceder, anulando el decreto presidencial del golpe al SME. El movimiento interno del SME, constituido por sus solas fuerzas, al mismo tiempo que se ha debilitado, el de resistencia que encabeza ha tenido un gran desarrollo. Pero en este desarrollo  se ha llegado a un límite, marcado por la acción nacional del 16 de Marzo que no significó una mayor extensión y profundidad del movimiento de resistencia. En esta jornada, no se incorporaron más secciones mineras a la huelga, salvo las que se mantienen en huelga, el Sindicato Telefonista realizó movilizaciones en las 150 delegaciones del país, según reporta el SME, aunque no participó con una huelga nacional, hubo movilizaciones estatales importantes como en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Morelos. Pero no hubo nuevos sectores incorporados.
Por otra parte, el golpe al SME sí ha provocado un shock en el movimiento sindical, que reflexiona: “si esto sucedió con un sindicato fuerte como el SME, qué esperamos nosotros”, generando temor entre los trabajadores y alimentando la “prudencia” de direcciones sindicales, en particular de la dirección sindical de los telefonistas, que constituye un sindicato de carácter nacional muy importante y que ha jugado un papel en la extensión de la resistencia, pero sin lanzarse más a fondo. La dirección sindical encabezada por Hernández Juárez, después de haber mantenido la no movilización por 20 años, para el paro cívico promovió la falta colectiva (no existe un mecanismo que permita el surgimiento de otras iniciativas de la base sindical  con posibilidades de ser acordada, como en el SME), que fue importante, pero podía haber sido otra con mayor incidencia o con mayor participación de la base sindical en la determinación del qué hacer.

Desde la movilización del 15 de octubre del año pasado, que indudablemente generó grandes expectativas, y con el paro cívico del 11 de Noviembre[1], hasta esa fecha, el movimiento de resistencia se desarrollaba y, podemos decir que alcanzó el nivel más elevado de respuesta. Sin embargo, para la Huelga Nacional Política planteada para el 16 de marzo de este año, no significó un mayor desarrollo, sino un cierto agotamiento. El mismo SME ha sufrido una merma considerable. El objetivo del gobierno ha contado con la colaboración de ex secretarios generales como Jorge Sánchez y Tapia, y del mismo Muñoz, que creando pequeñas empresas, son subcontratadas por CFE (el mismo CC del SME denunció que, el 8 de Marzo, CFE dio contratos de operación a cinco empresas conformadas por trabajadores liquidados de la Compañía de Luz). Sin embargo, toda esta ofensiva no ha logrado desaparecer el papel de aglutinador y centralizador de la resistencia por parte del SME, que se encuentra organizada en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP). Es en ese sentido que no podemos hablar hoy de una derrota en la lucha del SME. Este combate heroico también es acompañado por cierto cansancio, el grado de participación en las brigadas se ha visto menguado, (han transcurrido ya más de seis meses de resistencia) aunados a la también heroica y desgastante huelga de los mineros (Cananea, Sombrerete y Taxco) que lleva más de dos años y que ahora es amenazada por el desalojo violento de las fuerzas represivas.

La acción del 16 de marzo no tuvo el efecto esperado, fue deliberadamente ignorada por la mayoría de los medios, tratando de ahogarla en un mar de silencio, sólo fracturado por los canales que el propio movimiento se ha dado, pero que son insuficientes para hacer frente al abrumador peso de los medios informáticos.

Para la Huelga Política Nacional, y para Paro Cívico anterior, tenemos que destacar que la columna vertebral de la resistencia la han constituido los sindicatos: Mineros, Electricistas, Telefonistas, Universitarios, Tranviarios, la mayoría de las fuerzas de la UNT y la CNTE. En una escala mayor, el papel sindical en la lucha popular de resistencia, es vertebrada por organizaciones de clase: los sindicatos, como anteriormente sucedió en Morelos y Oaxaca.
En estas condiciones la dirección del SME, en la búsqueda de salida, incluso llegó a manejar la recontratación, haciendo de lado la anulación del decreto anticonstitucional de Calderón, lo cual es perfectamente explicable, así como un mayor nivel de radicalidad al comprometerse y plantear el referéndum revocatorio, pero todo ello no cambia el papel central que viene jugando en la lucha, ni constituye una traición ni un cambio de línea, en todo caso, es la desesperación y la búsqueda de alternativas que permitan una negociación y una posible salida,  y así tenemos que explicárnoslo. La misma huelga de hambre de trabajadores (80 hombres y 13 mujeres) del SME iniciada el 25  de abril  en el zócalo de la ciudad de México, la ubicamos bajo estas mismas consideraciones.

Es por ello que el gobierno piensa que es el momento de dar el tiro de gracia al movimiento obrero imponiendo la reforma laboral y al mismo tiempo eleva el nivel de represión a los trabajadores, llegando a acciones violentas de la PFP (el 16 de  marzo en Juhandó y en pleno centro del DF; el 5 de abril desalojo del plantón en Guadalajara, detención de un representante del SME en Puebla, etc.)  y  amenazas de cárcel para la dirección del SME.

4. La reforma laboral panista y el 1° de Mayo

Sin embargo, los cálculos del gobierno fallaron, al estar engolosinado con el golpe al SME, pensaron poder avanzar rápidamente con una reforma laboral sumamente agresiva con el movimiento sindical. La respuesta en términos de toma de posición ha encontrado la oposición de la gran mayoría de las centrales obreras que la han bautizado como el pliego petitorio de la COPARMEX.

En el foro de análisis sobre el proyecto de la reforma laboral panista, se llegó a un  resolutivo general que compartimos. En dicho resolutivo se concluye que: ”Se pretende trastocar y nulificar derechos inalienables del proletariado mexicano, tales como: La estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo de servicios como fuente de derechos[2], la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos”, así como el rechazo total y absoluto a este proyecto.

Este mismo proyecto ha sido calificado por el Secretario General del Sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, como una reforma “no laboral sino esclavista”.

A nivel de la cámara de  diputados, se corre el riesgo de no tener mayoría para echar atrás la propuesta oficial, pues a pesar de que existen 78 diputados del PRI del llamado sector obrero que se han pronunciado en contra de dicho proyecto, no hay garantía de que el resto de la bancada priísta adopte la misma posición de rechazo. Por ello,  y sin dejar este terreno de combate, era necesario desde ya un llamamiento de todas las centrales obreras y sindicatos en general rechazando la reforma laboral patronal y convocar a una movilización unitaria de rechazo para el 1º de Mayo  pasado. Esta  perspectiva unitaria puede quebrar la ofensiva calderonista, dando un respiro a la lucha de resistencia del SME y de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular , y  modificar las relaciones de fuerzas que hasta ahora han sido insuficientes para parar y hacer retroceder al gobierno.

Sin embargo, y a pesar de que no ha habido un pronunciamiento común contra la reforma laboral panista, y de que no fue posible una movilización unitaria para el 1º de Mayo reciente sí hubo en ese día en el DF, a diferentes horas y con distinto recorrido, manifestaciones coincidentes de rechazo a la reforma laboral, una encabezada por el SME, Mineros, y la ANRP (Incluida la UNT que uno de sus integrantes) y otra por el Congreso del Trabajo (CT) y la CTM (en la que también participó la dirigencia priísta). A pesar de la división, es sumamente importante que la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales del país, se hayan pronunciado  en contra de la reforma laboral panista y que el mismo día se hayan movilizado con esa intención aunque en diferente sitio y hora.

Hoy, hay una gran necesidad y posibilidad de aplicar la política del Frente Único en relación a la lucha contra la reforma laboral del PAN y que pueda llegar  a  pronunciamientos unitarios y a acciones comunes.

En el foro sobre la reforma laboral, el mismo SME llamó a una jornada de lucha, protesta y rechazo a la reforma patronal (sic) panista, para el pasado 1º  de mayo.

Ya con motivo del reciente congreso de la CTM celebrado los primeros días de marzo, se dejó pasar una oportunidad de oro para haber emplazado al Congreso de la CTM a tomar posición de defensa del SME ante la agresión calderonista. Se dejó pasar un excelente momento para romper el silencio cómplice de la dirección fidelista de la CTM.

Hoy es necesario avanzar en el terreno de la lucha contra la reforma laboral, tomando como base que la misma CTM se ha pronunciado en contra. El Frente Único no sólo es necesario, sino posible sobre la base de que ya ha habido pronunciamientos contra la reforma. Es necesario avanzar un paso más.

Esta ofensiva patronal con este proyecto, se da al mismo tiempo que la derecha recalcitrante encabezada por la burguesía católica (el clero romano) ha avanzado con su campaña de penalizar el aborto en las legislaciones locales (18 estados), bajo la bandera de defensa de la vida desde la concepción y castigando a las mujeres en una intención de echar hacia atrás la legislación que sobre este tema se ha dado en el DF. Esta campaña se impulsa al mismo tiempo que se incrementan los feminicidios  en Michoacán y el Estado de México. 

5) La otra cara de la crisis

El marco de violencia y descomposición social y política que se vive en México no se explica exclusivamente por la crisis económica capitalista sino que en un sentido más amplio, la crisis ecológica también es resultado del desarrollo capitalista. Toma esta forma por la componente política y su desarrollo especialmente a partir de la imposición fraudulenta del gobierno de Felipe Calderón.

Efectivamente, como hemos señalado antes, la instalación de este gobierno no es simplemente el resultado de una voluntad dictatorial y arbitraria de un personaje realmente gris. Expresa la decisión burguesa de continuar la política neoliberal impuesta desde los gobiernos previos y la reestructuración capitalista -su propia reforma del Estado- que haga a un lado definitivamente conquistas históricas del movimiento obrero y del pueblo mexicano para favorecer los proyectos privatizadores e imperialistas. Como se recordaba en los días de lucha contra la privatización petrolera del 2008, el origen de esta ofensiva se encontraba ya explicada en la presentación que en Estados Unidos se hacía del fraude electoral como la vía para lograr el regreso a manos de las compañías petroleras extranjeras, es decir a los intereses imperialistas, de los recursos energéticos en México. Para lograr estos objetivos y mantener la subordinación a esos intereses al Partido Acción Nacional (PAN) no le importó -con el apoyo del PRI- violar los derechos democráticos del electorado mexicano y utilizar nuevamente las prácticas antidemocráticas del fraude electoral típicas del priísmo -ahora sofisticadas y modernizadas- que antes denunciaba durante las décadas del dominio priísta.

Ausente de legitimidad democrática, lejos de la ilusión democrática de un electorado que cansado del priísmo desde varios sexenios atrás aspiraba a un “cambio”, el gobierno de Felipe Calderón recurrió desde el principio al apoyo del ejército y del uso de la fuerza pública, para instalarse y mantenerse en el poder. No es que un movimiento fascista de masas lo instale en el poder, sino que por medio del fraude electoral organizado desde el aparato estatal encargado de organizar y vigilar los comicios y en el momento decisivo con el apoyo del PRI, es instalado en el gobierno con el uso de la fuerza pública. Es este origen y la falta de legitimidad democrática, que aun con lo obtenido por el PAN en 2006 se va desgastando, como se mostró en las elecciones del 2009, lo que lo lleva a un curso de fortalecimiento cada vez más de un Estado policiaco. En la última parte de su proyectado sexenio, el calderonato sigue sin poder recuperar un apoyo social o de masas, sigue siendo en este sentido un gobierno políticamente débil.

No es que estemos frente al fascismo, como algunos afirman a la ligera, a veces simplemente por insultar o denostar o por mera identificación de los métodos violentos y arbitrarios del fascismo, ya que a éste le falta un elemento adicional de la crisis y descomposición y desprestigio de las instituciones como lo es un movimiento fascista de masas. Ese apoyo beligerante de masas le sigue faltando al calderonismo, precisamente porque su debilidad no superada es su falta de legitimidad. Eso no lo hace menos peligroso; por el contrario. Ante la ausencia de apoyo social, recurre por tanto a imponerse por la fuerza, por medio del apoyo militar y la fuerza pública. Es decir, a lo que más se parece a un Estado policiaco. Y para ello desarrolla también una ofensiva en el terreno legislativo para convertir, como suele decir Rosario Ibarra, en legal lo ilegal. Reformar la Constitución y leyes secundarias para limitar y eliminar derechos democráticos y fortalecer los aspectos autoritarios y represivos, excluyentes. En esta batalla -eso sí- recurre al arsenal ideológico más rancio de la derecha como lo muestran en la ofensiva contra los derechos de las mujeres, el supuesto “derecho a la vida desde la concepción”, la criminalización y penalización del aborto, la exaltación de un supuesto modelo único de familia, la ofensiva contra derechos de homosexuales y lesbianas, la discriminación contra la diversidad sexual y los derechos de los pueblos indios, la ofensiva contra el Estado laico y el regreso de los fueros a la Iglesia Católica , la mercantilización, privatización y regreso de la Iglesia al terreno educativo, el individualismo, el consumismo y los valores productos del capitalismo imperialista, así como las reformas político-electorales, la reforma laboral, la reforma judicial, etcétera.

En este sentido, el curso abierto no es que apunte hacia un golpe militar tipo Pinochet y las experiencias de los 60s y 70s en América Latina, sino en todo caso a una experiencia desde el poder civil, tipo lo que el compañero Guillermo Almeyra llamó la “bordaberrización” de México, o como más recientemente se ve en el caso del golpe en Honduras. Y es que en realidad en este sentido el golpe en México ocurre con el mismo fraude electoral del 2006; un “golpe de estado técnico” se decía entonces.

Lo que queremos decir es que por medio de la militarización del país se abre un curso, no tanto de un curso fascista -por la ausencia de un movimiento fascista de masas- o de un golpe militar, sino de un Estado policiaco, fortaleciendo los aspectos autoritarios y represivos del Estado y de exclusión social, en la práctica y por medio de la reforma legal.

Calderón optó desde el inicio por la militarización. Para asegurar su instalación en el gobierno, pero también para lograr el efecto político, mediático y social, que le permitiera una cierta legitimidad, perdida en la suciedad fraudulenta, al inventar un reto, un enemigo, que polarizara a la sociedad y le permitiera imponer la disyuntiva de conmigo o con los enemigos de México, con los que le ponen en peligro; es decir una nuevo intento de “unidad nacional” alrededor de su gobierno que le permitiera, como dijeron con el gobierno de Salinas en el 88, que aunque fuera un gobierno ilegítimo de origen se legitimara en la práctica de gobierno. Ese enemigo, amenaza para México, que exige la “unidad nacional” en torno suyo, que olvide los que “nos divide”, ha sido el uso de “la guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada”. La declaración de esa guerra, la convocatoria “a México” a esa guerra contra el narcotráfico, supondría la buscada unidad nacional, que olvidara el origen fraudulento de este gobierno (que supuestamente sería una preocupación mezquina frente a los grandes retos nacionales), lo que a su vez, permitiera la profundización del programa burgués privatizador, concentrador de la riqueza, excluyente y proimperialista. La guerra contra el narcotráfico ha sido la excusa ideal para ir imponiendo la militarización del país, con toda su cauda de atropellos, restricciones y supresión de derechos, violaciones a derechos humanos y su impresionante cuota de violencia y crímenes, asesinatos a mansalva, ejecuciones, el regreso de la práctica de la desaparición forzada, encubierta como “levantones”, a nivel masivo. Coincidimos en este terreno y explicación en lo señalado en estos tiempos por la compañera Rosario Ibarra[3]. Dice Rosario al respecto:

“La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es el ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia es acribillada y una mujer que después del tiroteo se acerca a pedir ayuda, es asesinada. Y ésa es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readaptación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento, cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene, pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaba”.

Y al mismo tiempo, el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas.

El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otras voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.

La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder que en México no hay presos políticos, porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros, tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestras a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también son acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.

Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.

Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueron acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.

Es esta explicación de lo que ocurre con la violencia desatada en el país con motivo de la militarización lo que contradice, como señalan los camaradas de la izquierda revolucionaria de Ciudad Juárez y Chihuahua, las otras explicaciones que la quieren presentar como producto de la guerra entre bandas y bandos de narcotraficantes o como producto de la guerra entre las fuerzas federales y la delincuencia organizada. Como dice antes Rosario Ibarra, lo más notable, relevante y grave de los hechos de violencia no son parte de enfrentamientos entre bandas o del ejército con delincuentes, sino ejecuciones. Calderón minimizando las violaciones a derechos humanos contra la población civil, dice que estas acciones son las menos, y la mayor parte producto del otro tipo de violencia. Pero como dicen los camaradas de la “Triple Alianza” de Chihuahua, “algunas muertes caben dentro de esta explicación, que sería aceptada si en los enfrentamientos citados ambos bandos estuvieran armados, como ocurre comúnmente en los frentes de guerra donde se dan fuegos cruzados.” Pero no parece si se recuerda asesinatos como los de cierto “número de abogados, policías, políticos como Miguel Etzel Maldonado; profesores y activistas ejecutados, como Josefina Reyes quien encabezó el movimiento contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano y la Policía Federal en el Valle de Juárez, una de las zonas más violentas; Manuel Arroyo Galván, catedrático y activista en Ciudad Juárez; Alfonso Martínez, profesor del proyecto de economía en la UACJ , los 15 jóvenes -entre ellos destacados deportistas del COBACH- estudiantes masacrados en Villas de Salvárcar durante una fiesta en un domicilio particular, los 17 jóvenes ejecutados en el centro de rehabilitación El Aliviane, los 13 ejecutados en Creel, de los cuales la mayoría eran jóvenes entre los 13 y 22 años, estudiantes 7 de ellos” (4). Según cifras del propio Estado mexicano, del norteamericano y de ONGs citadas por los camaradas, Ciudad Juárez registra 75% más homicidios que el promedio nacional, a pesar de que México no aparece en las listas de los países más violentos del mundo. “En 2008 el estado de Chihuahua tenía un total de 101 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la media en el país era de 11.79. Juárez es más peligrosa que los topes vividos en las ciudades más violentas del mundo”
“En lo que va del 2010 se estiman en Juárez 130 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Bagdad se registran 40” . A esta cifra debe agregarse la ya conocida de que hay un mayor número de asesinatos de periodistas en México que en Irak, en plena ocupación yanqui.

Pero lo más significativo de estos datos y hechos es que a partir de la llegada del ejército a Chihuahua el número de muertes violentas se dispara exponencialmente. Si al mismo tiempo constatamos que no hay enfrentamientos armados, es decir frentes de batalla de una verdadera guerra, sino ejecuciones, podemos completar el panorama para entender el uso político de la militarización con el pretexto de la guerra al narco y el real significado y objetivos de esta violencia. “Basándonos en los medios digitales de información, al 2007 había en Chihuahua un promedio diario de 2 muertes violentas. Esto hasta 2008, cuando el gobernador Reyes Baeza pide a Calderón enviar militares a esta ciudad como parte de la guerra contra el narco. Para mayo del 2008, con el ejército presente, el promedio de muertes violentas asciende a los 7 diarios. Es decir, pasamos de 2 muertos diarios en 2007 -que ya son muchos para una ciudad de habitantes viviendo en paz- a 9 por día en promedio este año”.

El número de muertes, sin embargo, es utilizado por el gobierno, para hablar de que se “va ganando la guerra”. Se presenta a todos los muertos como delincuentes, aunque en realidad se está aprovechando para una práctica de “limpieza social” contra jóvenes y gente pobre que no responde para nada al perfil de los narcotraficantes y sus capos, como denuncian Rosario Ibarra y los camaradas de Juárez, pero también Lydia Cacho, Carlos Fazio o la denuncia de “juvenicidio” que otros analistas señalan como Víctor Quintana o Luis Hernández.

Como la plaga del feminicidio se mantuvo en la impunidad, se ha ido extendiendo ahora a todos estos resultados de la militarización, agrediendo a activistas que empezaron denunciando el feminicidio y ahora en general esta violencia, como las amenazas contra la compañera Cipriana Jurado. La práctica de señalar al creciente número de muertes como de delincuentes es similar a la práctica del ejército colombiano y los “falsos contactos” donde reciben remuneraciones por el número de muertos que en realidad son muchas veces campesinos secuestrados y luego asesinados que son presentados como guerrilleros caídos en combate.

Es cierto que de por sí había ya violencia por el narcotráfico pero la “guerra” la ha disparado exponencialmente en todo el país. Es significativo, como insistimos, en que sin embargo el número de enfrentamientos como el ocurrido en la caza del “Jefe de Jefes” en Cuernavaca, Morelos, en diciembre del 2009, son los menos y más bien vemos ejecuciones (en realidad en el caso de Cuernavaca también armaron un operativo para asesinar). O sea, que en ese sentido no es cierto que haya una guerra. Pero también es cierto que al declarar la guerra al narcotráfico una parte de la maniobra política se le ha escapado de las manos a Calderón. Como le explicaba un capo a Julio Scherer en la entrevista publicada en Proceso, Calderón no les va a ganar la guerra como muchos ya señalan. Al sacar a la calle al ejército para esta guerra, el narcotráfico también ha avanzado en la infiltración en el aparato militar, policiaco y en diversos niveles de gobierno.

Al realizar esta operación desde un gobierno políticamente débil, sin legitimidad social y amarrado con muchos compromisos y deudas políticas con diversas fuerzas, se abrió la puerta para la descomposición social y política que se ve por todos lados. Del sistema de partido único, con un fuerte presidencialismo despótico y centralista, la transición no es hacia un régimen democrático sino a un Estado policiaco, represivo y autoritario, pero también a la expresión de diversos poderes locales, regionales, mafiosos tanto políticos como caciquiles, delincuenciales o combinados. Regiones del país controlados por el narco, solos o en alianzas con autoridades locales (regiones de Durango donde se habla de comunidades abandonadas porque una parte de hombres han sido secuestrados por el narco para trabajar como esclavos en sus campos y la otra parte huyendo hacia Estados Unidos), zonas donde no entra el ejército o zonas donde el ejército atraca y atropella a mansalva a la población civil, incluso personas sin participación política, como lo muestra el creciente número de desapariciones de comerciantes (como agentes viajeros provenientes de otras ciudades) en el estado de Coahuila, pero también en Nuevo León (decenas de petroleros de Cadereyta que siguen desaparecidos), en Tamaulipas, en Sinaloa o Sonora. La experiencia de Ciudad Juárez, que los camaradas piensan que es un plan piloto, en realidad está extendiéndose a otras partes del país. Además de toda las violaciones a derechos humanos documentadas por el camarada José Martínez y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos en esa entidad, José Reveles lo ha calificado como el proceso de “Juarización de Morelos”.

En esta descomposición social y política, con un gobierno débil, un “gobierno fallido”, pueden suceder acuerdos entre el gobierno y la “delincuencia organizada” que en algunos casos respetan zonas, territorios o tipo de delitos que permitan mantener “plazas frías” ante el reclamo de sectores patronales que también ven afectados sus negocios en esta vorágine de violencia, como se nota en negocios cerrados, migración al lado americano de quienes tiene recursos para hacerlo o de comunidades como los veracruzanos radicados en Juárez que han vuelto a su estado natal. Según, los camaradas de Ciudad Juárez, Calderón pacta “enfriar” la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión y el robo de vehículos.
“Después de la muerte del Jefe de Jefes, Beltrán Leyva, cayó uno de los subordinados de él en Morelos. Cuando lo presentaron en televisión, dijo que era el encargado de mantener el estado de Zapata libre de estos tres delitos y que ello lo hacía por el trato que tenían con el gobernador Adame. Luego agarraron al Jabalí. Según la policía era un alto mando del cartel de Sinaloa, es decir, el del Chapo Guzmán. También lo interrogaron públicamente, o sea ante las cámaras de Televisa. A pregunta expresa, contestó que era el encargado de mantener “fría” la plaza -el corredor Sinaloa Sonora- que la instrucción se la dio el mismísimo Chapo y que “fría” significaba que en este territorio no hubiera robos, ni secuestros, ni extorsiones”, es decir para mantener el gran negocio que es el trasiego.

A esto hay que agregar el desarrollo de policías privadas, otros sicarios, a cargo de grupos burgueses o de autoridades locales, como aquel Presidente Municipal en Nuevo León, que ha presumido de su grupo “rudo” y anunció la ejecución de un narco antes de que la policía lo descubriera muerto en la ciudad de México.

Finalmente, también el poder caciquil de los gobernadores priístas de estados como Oaxaca, Puebla y sobre todo el Estado de México con Peña Nieto, en la debilidad de una dirección priísta centralizada como la del pasado presidencialista pero que anhelan reconstruir con el regreso a la Presidencia de la República en el 2012.
En este contexto, como contraparte a este terrible escenario, hay que destacar la existencia y persistencia de un movimiento social de resistencia, ejemplarmente con la lucha del SME, las huelgas mineras de Cananea, Taxco y Sombrerete, con más de dos años paralizada la mina de Cananea y otros casos importantes mencionados en el texto de análisis del Comité Político de abril del 2010 no deben ser subestimados o vistos con una visión pesimista. Esta resistencia continúa, y pese a los terribles golpes y la imposibilidad de revertir las peores políticas privatizadoras, no han sido frenados y aplastados. Por eso, también es necesario entender el desarrollo desigual de estos movimientos, tanto en su conciencia, sus demandas y direcciones. En un proceso similar al que estamos viviendo en México, en Colombia la diferencia puede estar en la extrema debilidad y ausencia en otros casos del movimiento social de resistencia y lucha.
Por supuesto que esta dinámica abierta con el calderonismo quisiera llevarnos también en esa dirección, pero en este momento la pelea sigue, hay lucha y resistencia y por eso la urgencia de desarrollarla, mantenerla y seguir insistiendo en la necesaria unidad en la acción, el Frente Único.

Es impresionante ver cómo las madres de jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, así como otras víctimas de la militarización del país, rápidamente llegan a la conclusión de que la solución al asunto no puede ser otra que la renuncia de Calderón, como lo expresan en sus movilizaciones o en algunas declaraciones, sobre todo después que han tenido la experiencia de hablar con funcionarios gubernamentales o escuchar las disculpas de Calderón por haber llamado “pandilleros “ o “delincuentes” a estudiantes ejecutados. Debemos tener cuidado en no confundir niveles de conciencia en el movimiento y su peso en la sociedad.

La correcta conclusión política es que no bastan otras medidas para “reconstruir el tejido social”, sino que se requiere que se vaya este gobierno, lo cual implica, sin embargo, un fuerte movimiento social a nivel nacional para realmente lograrlo. El movimiento encabezado por AMLO, traicionado y abandonado por el PRD, se inicia precisamente oponiéndose al fraude electoral que instaló a Calderón y que, pese a su fuerza y persistencia, no ha logrado aún deponerlo, menos aún la instalación de un “gobierno legítimo”. Siendo correcta la perspectiva de la salida de Calderón que se plantea en movimientos como los de Ciudad Juárez, debemos reconocer que es planteado ya pero por movimientos minoritarios frente al conjunto de la sociedad, en ciudades con limitada participación social y de lucha. No es que el conjunto de la sociedad no esté tocada por la violencia, pero todavía el discurso reaccionario, de derecha, tiene eco en lugares como Juárez, no en balde las expresiones que saludan la presencia del ejército, los que reclaman más “mano dura” o incluso la presencia de “cascos azules”. La experiencia de la APPO en Oaxaca en 2006, que gritaba ya en ese segundo semestre “ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó”, muestra la necesidad que para una perspectiva como la señalada se requiere de un fuerte movimiento nacional y por tanto de una amplia unidad de acción, un Frente Único, de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales dispuestos a esta lucha.

Ciertamente es una conclusión política que se extiende no solamente entre las víctimas de la militarización sino también en otros movimientos sociales, como la resistencia del SME, pero es una perspectiva que pasa por otras demandas transitorias que apunten en esa dirección. Por eso apoyamos iniciativas como la consulta para la revocación de mandato, como la que se celebrará en mayo.

Pero, en forma más general, seguramente pasa por la necesidad de oponerse y revertir el proceso de militarización del país. Requiere unir fuerzas por el regreso del ejército a los cuarteles y contra la impunidad a los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, es decir contra el fuero de guerra que impide juzgarlos por civiles.

El ejército mismo se da cuenta de lo sensible que es el punto por el carácter anticonstitucional de su uso en labores policiacas. Por eso exigen alguna medida de urgencia que legalice su actuación. Dijo el Secretario de la Defensa : si no quién nos asegura que no llegará otro Presidente de la República y nos pondrá en el banquillo de los acusados. Están intentando en este momento legislar, reglamentar, la presencia del ejército en las calles, entre otras cosas en la Ley de Seguridad Nacional. Algunos dicen para evitar “errores” como los cometidos recientemente por las fuerzas armadas. Como dice Rosario Ibarra, no deben ser medidas parciales, para reglamentar, en realidad legalizar lo ilegal, sino lo que se requiere es el regreso ya (no dentro de diez años, como están negociando) del ejército a los cuarteles. Y por supuesto acabar con el fuero de guerra para juzgarlos pues aunque ahora legalicen lo ilegal, la violación a la Constitución ya se cometió con su acción estos años, además de los crímenes contra derechos humanos que hayan cometido. Desde el gobierno responden: ¿qué proponen a cambio? Se regresa el ejército a los cuarteles ¿y la “guerra”? Lo que pasa es que nosotros ni declaramos esa guerra ni estamos comprometidos con la misma, ni pensamos que es una real guerra, sino la medida política que explicamos antes. Es cierto, el problema del narcotráfico permanece. Pero, en última instancia es algo que no se resolverá con una guerra. Efectivamente, eso requerirá de acciones como la legalización del consumo y venta de ciertas drogas para sacarlo del circuito de la comercialización ilegal y la represión y violencia. Eso no acaba, es cierto, con el problema de la drogadicción. Como cuando acabó la ilegalización del alcohol en Estados Unidos no acabó con el problema del alcoholismo, pero sí acabó con el de la violencia y delincuencia ligadas a la venta y producción ilegal de alcohol. El problema social y de salud del alcoholismo por tanto requiere enfrentarse con otras medidas sociales y de educación; igual sucederá con la drogadicción.

Mientras tanto, México se ha convertido no solamente en zona de paso de la droga, sino que ha aumentado el uso y consumo. La drogadicción y el narcotráfico es también parte del desarrollo del capitalismo, es también un gran negocio -el fondo de los intereses en juego defendido a sangre y fuego- sobre todo de esta fase del capitalismo, que vive y se enriquece con el trasiego y el creciente consumo por parte de sectores más amplios de la población, especialmente entre la juventud. Se convierte también en una necesidad socialmente creada, como otras artificialmente creadas por el capitalismo, incluso para quienes la ven como contestaria al sistema.

Por lo anterior es que no cedemos al chantaje de que hay que ofrecer otra opción represiva y persecutoria y sí planteamos el regreso del ejército a los cuarteles.

La militarización y sus consecuencias represivas y violatoria de derechos humanos, así como la aplicación brutal de los planes privatizadores y concentradores de la riqueza y de exclusión social, se realizan descaradamente por cuenta del gobierno de Calderón y el panismo desatados en una fiebre derechista, como lo hacen contra los derechos de las mujeres. Después de los resultados desfavorables y desaprobatorios contra el PAN en las elecciones de julio del 2009, es significativo que continúen a tambor batiente con su dinámica reaccionaria.

La línea del PRD, aprobada en sus órganos de dirección, de buscar la alianza con el PAN (aunque se diga abrirse a alianzas en abstracto, en realidad significa que es con el PAN) en las elecciones locales del 2010, en preparación para el 2012, es el extremo de las concepciones del “voto útil” que se viene imponiendo desde 1988, es el grado más alto de la degeneración del PRD, no como partido revolucionario, que nunca lo fue, sino como fin del partido de oposición como surgió en 1989, tal y como fue analizado en el Congreso Extraordinario del PRT de julio de 2009 (Ver “Nuevas oportunidad en la construcción de un partido revolucionario” en Desde los 4 Puntos, No. 58, diciembre del 2009). La perspectiva abierta con la ruptura del PRD con López Obrador y su movimiento; que no representa una visión ilusoria, sino una realidad en curso con todo y sus vaivenes, así como el alejamiento decisivo del PRD con la dinámica actual del movimiento social en lucha contra el PAN y PRI, así como las contradicciones y vaivenes también de las oposiciones dentro del PRD; los dejamos para el análisis por separado de las posibilidades y tareas en la construcción partidaria.

6. Perspectivas. Tres campañas centrales.

a) Una campaña y movilizaciones para detener la reforma laboral

La misma situación política nacional nos obliga a hacer un ajuste en nuestra perspectiva que anteriormente ubicábamos en la lucha por la defensa del SME, en el marco de la ANRP y en una política de Frente Único, en la idea de ampliar, extender y fortalecer la lucha del SME, en tanto que la agresión tenía y tiene el contenido de un golpe contra el conjunto del movimiento obrero. Sin embargo, no logramos que esta política fuese asumida por sectores como el SME o de su Comité Central, y sí añadimos nuestra reducida influencia en el movimiento obrero y sindical, no nos permitió que nuestra política avanzara para fortalecer la resistencia, por lo que nuestra debilidad contó para que se perdieran una oportunidad de oro como del pasado congreso ordinario de la CTM. Un llamado nuestro a dicho congreso no tenia ninguna posibilidad, y sólo hubiese quedado como una cuestión meramente propagandística, cuestión completamente diferente si el SME lo hubiese asumido como propio ya que, su autoridad y peso es indiscutible.
Hoy que la agresión contra el movimiento obrero toma la forma de una reforma laboral, teniendo la misma lógica de beneficio de los grandes intereses capitalistas. La lucha por detener la ofensiva  y hacerla retroceder, debe ser un aspecto central de nuestra orientación.
No se trata de abandonar la lucha del SME, sino partiendo de su combate y de las fuerzas aglutinadas en la ANRP , buscar la más amplia unidad de acción, teniendo como punto unitario del conjunto del movimiento obrero el hacer frente a la reforma laboral, derrotar los intentos de su implantación.

El primer paso es un pronunciamiento común lo más amplio posible de las organizaciones del movimiento obrero y de la resistencia en general, y el llamamiento a movilizaciones unitarias para detener esta reforma laboral antiobrera, antisindical y anticonstitucional y que sea  parte de una jornada de movilizaciones amplias y unitarias. Nuestra política en este sentido sigue siendo la misma; detener la ofensiva y aumentar la fuerzas de resistencia en el marco de la defensa del SME.

Al mismo tiempo es indispensable orientarnos por favorecer un amplio acuerdo unitario en estos combates entre la fuerza encabezada por el SME en la ANRP y el movimiento  de AMLO. Apoyar al SME y derrotar el intento por  imponer la reforma laboral, debe estar en el centro de dicho acuerdo, no sólo de palabra sino que debe ser acompañada por hechos.

b) Una campaña para detener la ofensiva de la derecha

Formando parte de esta lucha, tenemos que incorporar la necesidad de frenar, detener y derrotar la ofensiva derechista que hace víctimas a las mujeres con sanciones penales como  la cárcel,  al avanzar en cada vez más estados con legislaciones que penalizan el aborto. Esta ofensiva tiene el propósito de generar una reforma constitucional que la incorpore a la Carta Magna. Cuestión que es posible en el momento que determinado número de estados llegaran a tener dicha legislación, con lo que harían retroceder la legislación hecha en el Distrito Federal, que ha despenalizado el aborto y puesto el sistema de salud del DF al servicio de las mujeres que decidan hacerlo, generando condiciones médicas adecuadas al practicarlo. Una campaña de esta naturaleza es necesaria.

c) Contra la represión, por la vigencia de las garantías constitucionales y por el regreso del ejército a sus cuarteles

El gobierno está aprovechando la “guerra contra el narcotráfico” para criminalizar la lucha social. A los luchadores de Atenco les aplicaron las nuevas leyes que supuestamente se hicieron para la lucha contra la delincuencia organizada, de la misma manera que se lo aplicaron a nuestros camaradas en Campeche, esto parece ser la tónica general. El uso del ejército, atemorizando a la población y sacrificándola, ha creado un clima de terror en algunos estados, pero cada vez se extiende a más. “Creando un clima de sacrificar sus derechos y la lucha por ellos, en aras de su seguridad” como lo dice la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos.

El uso creciente de la PFP y el ejército, ejerciendo la violencia cada vez que hay movilizaciones nacionales de  resistencia alrededor del SME., y lo que cada vez es más claro, es la incapacidad para garantizar la vida de sus ciudadanos, recurriendo a la militarización creciente del país y usándolo para restringir las libertades democráticas. Esto salta a todas luces en Ciudad Juárez, Chihuahua, que parece es un laboratorio para aplicar tácticas de contrainsurgencia aterrorizando a la población. Todo esto pone en la orden del día como una necesidad urgente la lucha contra la represión, por las libertades democráticas y por el retorno del ejército a sus cuarteles.