Balance de la imposición de Peña Nieto

Andrés Lund Medina

El PRI regresó a la presidencia, al poder ejecutivo gubernamental, gracias a la complicidad del imperialismo norteamericano, la oligarquía local y el PAN. Sus medios para alcanzar tal fin, como se denunció ampliamente en su momento, fueron fraudulentos: además de la ilegal campaña mediática de Peña Nieto, concertada y respaldada por Televisa durante cinco años, fue escandalosa la compra masiva de votos, antes y durante las elecciones, así como el despilfarro de recursos monetarios de "dudosa procedencia" para hacerlo. 

Sin embargo, queda claro que no es, como dicen algunos, el viejo PRI el que regresa al poder: vuelve a la presidencia el PRI neoliberal, derechizado, el que abandonó toda tentación nacionalista o reformista por los dogmas neoliberales, el que con Salinas de Gortari consolidó a una nueva oligarquía y cedió la soberanía política y económica a los organismos financieros al servicio del imperialismo. Por eso mismo, el primer acto del gobierno príista neoliberal de Peña Nieto fue, simultáneamente, el último del panista neoliberal Felipe Calderón: imponer una contra-reforma laboral que vulnera los derechos laborales básicos de los trabajadores, consagrados en la Constitución gracias a la revolución mexicana de 1910. La imposición formal de Peña Nieto se consumó en medio de un cerco policiaco y militar en el palacio legislativo así como con la feroz represión al movimiento estudiantil opositor el 1 de diciembre del 2012.

Sin embargo, este PRI neoliberal en el poder ha sido, es y será incapaz de generar consenso o respaldo popular porque no pretende gobernar para el pueblo sino para los oligarcas, y por ello no promoverá ya reformas políticas o sociales. Es por eso que más allá de lo que diga Peña Nieto en su Primer Informe Presidencial, México sigue en una situación social catastrófica con 60 millones de mexicanos sumidos en la pobreza, con 25 millones de familias que padecen de pobreza alimentaria, con 300 mil jóvenes rechazados de las universidades que se suman a los 14 millones que ni estudian ni trabajan, parte de los 25 millones de compatriotas sin empleo.

Carente de la hegemonía política que le brindaba el apelar al nacionalismo revolucionario del viejo PRI cardenista (que tuvo su continuidad en el PRD hasta que éste también se "modernizó"), este PRI neoliberal en el poder busca legitimidad política y afianzar su dominio intentando construir un nuevo marco político.

En esa estrategia juega un papel relevante el mal llamado "Pacto por México" que, por un lado, reafirma la alianza histórica del PRI con PAN (establecida a partir de 1988, por Salinas de Gortari), y, por otro, coopta a un PRD "moderno" y neoliberal para que sea la izquierda oficial del régimen, lo que le permitirá a este partido subsistir electoralmente después de su ruptura con AMLO. El "Pacto por México" no sólo le ha permitido al PRI obtener cierta legitimidad política y gobernar sin constantes impugnaciones, también le ha ofrecido el marco político para lanzarse a fondo, con el PAN y el PRD a su lado, e imponer las contra-reformas estructurales pendientes para el dogma neoliberal. Ese "Pacto" ha servido, asimismo, para desnudar a un poder legislativo subordinado al ejecutivo, a los poderes fácticos económicos (oligárquicos) y a las partidocracias. Se reafirma así que el régimen político de México no es democrático sino oligárquico.

Otro elemento estratégico para el PRI en el gobierno federal ha sido la utilización ideológica de los principales medios de comunicación de masas (televisión, radio, prensa) para encubrir y mistificar al gobierno príista: con ellos intenta poner un velo a la desatada violencia del crimen organizado y magnificar las obras gubernamentales, al tiempo que acalla o cerca a las voces críticas o disidentes en los medios informativos. Por eso, la primera contra-reforma de este gobierno fue la relativa a las telecomunicaciones: con ella se aseguró que los grupos con el poder económico puedan seguir controlando a los medios, permitiendo un alto porcentaje de inversión extranjera en este sector, dejando sin respaldo a los medios comunicativos alternativos (radios comunitarias o indígenas) y sin espacios a la oposición o al pensamiento crítico. Además, los limitados avances en transparencia han sufrido significativos retrocesos en el funcionamiento y la reforma de un IFAI controlado y subordinado al gobierno. Por otro lado, se mantiene el montaje mediático y propagandístico que intenta favorecer la imagen de Peña Nieto: se habla de un "maquillaje multimillonario" que cuestan al erario público casi 8 millones de pesos al mes.

Pese a que este gobierno príista ha intentado distanciarse de las catastróficas políticas de Calderón en materia de seguridad pública, lo cierto es que las ha mantenido como parte de su estrategia de dominio político. La violencia del crimen organizado no ha decrecido, el terror se ha instalado de manera permanente en varios estados de la república, la militarización acompañada de la represión y el control de la población se sigue extendiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Si el gobierno federal sólo admite 7 128 homicidios dolosos, sin vincularlos ya con crímenes relacionados con el narco, en los diez meses de desgobierno, el diario independiente Zeta ha calculado que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013, al menos se han dado 13 mil 775 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. A ello habría que añadir los 26 mil desaparecidos y los más de 1 500 feminicidios en lo que va del año. En este contexto continua la atmósfera de hostilidad  y criminalización a mujeres que abortan, y a defensoras, activistas y feministas que defienden los derechos de las mujeres y a periodistas, así como la negativa a la aplicación de la Alerta de Género en varios estados. La militarización del país, con la consiguiente represión a opositores al gobierno, ha avanzado incluso con el pretexto de la llamada "Cruzada contra el hambre", que más que combatir el hambre reprime a luchadores sociales. El supuesto Estado de derecho liberal mexicano sigue transformándose en un Estado de excepción sustentado en el control policiaco de la población y la limitación de sus libertades políticas.

Si bien es cierto que el PRI gobernante se ha preocupado por crear un marco político que le otorgue cierta legitimidad y capacidad de gobernar, también es verdad que ha dejado a la economía del país encaminada a una recesión. Se estima que el crecimiento económico en estos primeros meses del gobierno del PRI será 4.5 veces inferior al de tres años antes. Se denuncia que este gobierno no ha hecho nada para activar la economía, como lo prueba el subejercicio del 57.3% del gasto del presupuesto autorizado en el 2013. Por eso, el crecimiento de este año se calcula en menos del 2%. Los indicadores económicos muestran una economía estancada: la balanza comercial es deficitaria, el desempleo crece (en un 4.99%, según el propio INEGI), el PIB per capita se desploma, los capitales golondrinos ya se fugaron. Económicamente, el 2013 del regreso del PRI es peor que el año pasado, el del estrepitoso fracaso del PAN. 

Con todo, como fieles gobernantes neoliberales, el PRI que regresa al poder ejecutivo se ha dedicado, principalmente, a promover las contra-reformas que tenían pendientes desde hace años. Si AMLO abandonó la lucha democrática contra el fraude y la imposición para reconducir el impulso democratizador hacia la formación del MORENA, ello permitió no sólo que el gobierno recuperara cierta legitimidad política y tuviera márgenes de maniobra sino que se decidiera a imponer las contra-reformas neoliberales pendientes que un Felipe Calderón, fuertemente impugnado, no se atrevió a promover.

La llamada Reforma educativa es, en realidad, una contra-reforma laboral cuya finalidad es someter al último sector organizado de trabajadores con un fuerte potencial de oposición: el magisterio nacional. En sus leyes secundarias, sobre todo en la aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente, se conculcan derechos laborales básicos: se elimina la definitividad del nombramiento (la estabilidad laboral), la participación sindical en la defensa del trabajo y se plantea el despedido justificado a partir de la evaluación. El artículo 53 de dicha ley dice claramente: "Al personal que no alcance un resultado suficiente se dará por terminado el efecto del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad o para el organismo descentralizado." Si antes se buscaba controlar al magisterio con dirigentes sindicales corruptos, como Elba Esther Gordillo, lo que resultaba muy oneroso para el sistema, ahora se pretende someterlos con la inseguridad laboral, la anulación del poder sindical y la amenaza permanente de despido justificado. Estas modificaciones legales se han impuesto, además, engañando a los maestros con propuestas gubernamentales de realizar foros de consulta (nueve locales y uno nacional), cuyas propuestas nunca se tomaron en cuenta, o con supuestas mesas de negociación en las que tampoco se llegó a nada. Esta contra-reforma aprobada por el PRI, el PAN y el PRD resguardados por un cerco policiaco militar, al eliminar los derechos laborales básicos de los docentes ha generado una enorme ola de indignación a nivel nacional entre los maestros. Esta justa rabia alimenta una insurrección magisterial que recorre al país en donde no sólo participa la CNTE sino todas las fuerzas sindicales, incluso charros del SNTE, que demandan la abrogación de las reformas constitucionales y sus leyes secundarias. 

Sin importar el desorden político que provocan sus contra-reformas, el gobierno príista está empeñado en imponer a la brevedad la mal llamada Reforma energética. Pese a lo que dice la propaganda oficial, Peña Nieto declaró en Estados Unidos que estaba dispuesto a impulsar cambios constitucionales para que inversionistas extranjeros participaran en la exploración y extracción de petróleo no convencional (de aguas profundas, de arenas bituminosas), en donde está más de la mitad de las reservas petroleras del país. Como se concretó en la iniciativa de ley que presentó el gobierno: se trata de permitir que el capital privado extranjero invierta en PEMEX para que obtenga ganancias. Eso es, justamente, privatizar a la industria petrolera, esto es, permitir que un bien público que pertenece a la nación sea objeto de lucro por parte de las grandes empresas petroleras multinacionales. Eso significa seguir desnacionalizando a PEMEX: el petróleo mexicano, un recurso no renovable y estratégico para el país, cuyos ingresos sostienen gran parte de nuestras instituciones sociales (educación, salud, etc.) y nuestra economía, ahora será explotado y controlado por empresas privadas extranjeras mediante contratos que les permitirán obtener grandes ganancias. Como se puede prever, los ingresos del Estado serán más reducidos, lo que obliga al gobierno a promover otra contra-reforma, ahora fiscal. Esta iniciativa también ha generado un enorme rechazo popular. Mientras el PRD pretende disimular su respaldo al gobierno príista rechazando los cambios constitucionales pero aceptando una "modernización" privatizadora a través de leyes secundarias, AMLO y MORENA se manifiestan en contra de esa iniciativa sin otro horizonte que el avanzar en la lucha por su registro como partido electoral para dar la batalla final... hasta las próximas elecciones presidenciales, seguros de que no habrá fraude electoral que los detenga.

Estos primeros meses del des-gobierno de Peña Nieto exigen la unidad de las diversas fuerzas opositoras para enfrentar esta nueva ofensiva neoliberal. Sin embargo, los trabajadores de la educación deben aprender algo básico: no basta ya la lucha sindical y sectorial para detener la guerra que en su contra le ha declarado el gobierno y las fuerzas más reaccionarias. No hay espacios de negociación con este nuevo gobierno y el sindicato está siendo desmontado. Es urgente organizar una lucha política nacional contra este gobierno neoliberal al servicio de la oligarquía. Y para ello es necesario un instrumento político, una organización política del pueblo y los trabajadores (OPT), no para ganar espacios políticos o para presionar al gobierno sino para conquistar el poder e instituir un gobierno democrático de trabajadores. Distribuidos en todos los rincones de nuestra república, con el poder de la educación en sus manos, los maestros podrían convertirse en el factor fundamental para una organización política  que promueva la revolución social que requiere México.