POR LA ABROGACIÓN DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Y CONTRA EL RÉGIMEN DE LA OLGARQUÍA NEOLIBERAL

El gobierno de Enrique Peña Nieto, representante de la oligarquía neoliberal,  impuesto en 2012 en la Presidencia por medios fraudulentos como la compra de votos, ha sometido al país a un grave y reaccionario retroceso histórico.

Desde fines del año pasado, en el Congreso de la Unión,  aprobaron de manera ilegitima las reformas constitucionales reaccionarias que culminaron con el abandono de las principales conquistas sociales de los trabajadores y de la nación heredadas de la Revolución de 1910 y expresadas en la Constitución de 1917. El actual bloque neoliberal en el poder ha transformado la carta magna en una constitución neoliberal a favor de los intereses del imperialismo y de la gran burguesía mexicana y opuesta a los intereses de los trabajadores y del pueblo; sin consultar a la nación, sin el aval de un verdadero Constituyente y con la colaboración de los partidos del Pacto por México, que al reconocer al fraudulento gobierno de Enrique Peña Nieto pavimentaron todas las reformas neoliberales hasta llegar a la reforma energética.

Después de las contrarreformas constitucionales continuaron con las reformas a las leyes secundarias  que se han impuesto en las últimas semanas y que profundizan su carácter reaccionario y antipopular. Un ejemplo de ello es el concepto de “ocupación temporal” para legalizar el saqueo de la tierra, el agua y demás recursos naturales de los pueblos y las comunidades a favor de los consorcios privados nacionales y extranjeros.

La energética, eje de todas las reformas

El 11 de agosto del año en curso, Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias en materia energética frente al resto de los integrantes de los poderes del Estado mexicano, cerrando así esta fase de la reorganización general de la esfera jurídico-política, que reafirma a la oligarquía nacional y extranjera como la clase dominante en nuestro país, sepultando, según creen ellos en forma definitiva, el pacto social derivado de la Revolución.

Con la promulgación de estas leyes secundarias se cierra el ciclo de la madre de todas las reformas regresivas y contrarias al interés nacional y popular, la llamada reforma energética y con ella, la entrega de nuestros recursos petroleros, eléctricos, gaseros y territoriales a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.

Ahora se ha configurado un gigantesco giro oligárquico de 180 grados para la reconquista de los inmensos recursos nacionales y su reintegración a las empresas imperialistas expropiadas por la lucha de los trabajadores en sucesivas etapas históricas (1938 y 1960) y significa un enorme salto en la política de destrucción de las bases materiales sobre las que había funcionado el país.

Durante largos periodos de nuestra historia, se consideró como un secreto de Estado los niveles de las reservas probadas y potenciales, así como de los planes de inversión en exploración y explotación de nuestros recursos petroleros, pero de 30 años a la fecha, se empeñó dicha soberanía energética al Departamento del Tesoro y a la Reserva Federal Norteamericana, derivado del “salvamento” de 1974 ante la crisis de aquel año; ahora todo eso se entrega en charola de plata a las viejas empresas expropiadas y nacionalizadas.

Baste mencionar solo algunas de las afectaciones más graves que aparecen en las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, las cuales establecen que si una empresa explora o explota yacimientos de petróleo, gas, o construye gasoductos o instalaciones eléctricas, las empresas privadas tienen los derechos de comprar o arrendar las tierras en las que se prevé que haya esos recursos, por encima de la voluntad del propietario u ocupante, si éste se niega a vender o alquilar, intervendrá el Estado y se despojará al campesino con el pretexto de que ahora legalmente la producción de petróleo, gas, electricidad, etc., es de “interés social y orden público”. Se calcula que 400 000 kilómetros cuadrados de tierras (casi la quinta parte del territorio nacional) pueden ser afectados por la ley. Son tierras ejidales, comunales y aun de propiedad privada.

Mientras que con las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex y CFE se les condena a una gradual pero irreversible  extinción, en favor de la llegada de empresas como Chevron, British Petroleum, Exxon,  Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, entre otras. De acuerdo con ese propósito, se ejerce enorme chantaje para que los sindicatos de los trabajadores de Pemex y CFE acepten modificar sustancialmente sus Contratos Colectivos de Trabajo y los Reglamentos de Trabajo del personal de confianza, reduzcan su plantilla de trabajadores de base, entreguen los fondos de jubilación a las Afores, aumenten el tiempo de servicio a 35 años o más y la edad de retiro que pasaría de 55 a 65 años. Es la misma política que en formas diversas se emplea contra el SME o contra  los profesores de educación básica.

Los efectos sobre la economía popular serán devastadores. Ya desde ahora asistimos a los constantes incrementos a los precios de diversos combustibles (gasolina, diesel, gas, electricidad, combustóleo, etc.) con la consecuente alza de los precios de los productos de la canasta básica y con ello, la persistente depreciación del poder adquisitivo de los salarios de la clase trabajadora. A su lado, se comienza a observar la creciente persecución a diversos sectores de la economía para asegurar el ensanchamiento de la base de contribuyentes que llenen, así sea en poca monta, los huecos que dejará la caída de los ingresos petroleros y la criminalización sobre los miles de ciudadanos que no pagan energía eléctrica, ya sea por imposibilidad económica o porque están en huelga de pagos.

La resistencia a las reformas estructurales ha sido persistente, pero carente de unidad y cohesión. Durante el mes de agosto hemos visto movilizaciones muy importantes de los trabajadores de la educación en Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz, de ciudadanos contrarios a leyes represivas y por libertades políticas como en Puebla, Guerrero y Sinaloa, contra las altas tarifas de energía eléctrica y por la renacionalización del sector energético en Chiapas, Campeche, Tabasco, México y el Distrito Federal, pero hasta el momento no hemos sido capaces de unificar a todos los sectores en lucha y contra todas las reformas, ese es el enorme reto que ahora enfrentamos.

Lo anterior ha venido a coronar todas las reformas neoliberales que tienen el mismo signo privatizador, como la laboral; la educativa que en realidad fue laboral contra los trabajadores de la educación; la fiscal; la de comunicaciones, y las que se preparan ahora en el sector salud y la del campo contra los campesinos.

Reformas neoliberales ¿sin oposición?

El gobierno y los medios de comunicación quieren presentar esta imposición como reformas favorables para el desarrollo económico de México y sobre todo quieren hacer creer que fueron aprobadas con gran consenso. Quieren hacer parecer que no ha habido oposición ni resistencia contra estas reformas contrarrevolucionarias e ilegítimas impuestas por la gran burguesía en el poder. Pero esta imagen es falsa. No corresponde con la realidad.

Si uno analiza solamente lo ocurrido en el Congreso de la Unión parecería que no hubo oposición. Pero ahí no hay partido alguno que sostenga una oposición radical y consecuente contra el proyecto neoliberal ahora impuesto por Peña Nieto. La formación del Pacto por México selló la alianza entre esos partidos representados en el Congreso con el gobierno de Peña Nieto y su programa. La forma en que impusieron las reformas y el atentado que ha significado contra la Constitución al quitarle sus aspectos esenciales son precisamente el origen de su ilegitimidad.

Pero si en el Congreso no hubo oposición al neoliberalismo y a la oligarquía, razón por la que se acabaron prácticamente las manifestaciones afuera de las sedes de las Cámaras ya que no había quien representara  adentro los intereses populares, es falso concluir que por eso no hay oposición y que por lo tanto hay aceptación popular al neoliberalismo o desinterés y apatía.

La oposición está en las calles, en las carreteras y en el campo y no en el Congreso.  Son infinidad de luchas que en estos dos años de gobierno de Peña Nieto ocurren todos los días en forma simultánea sobre infinidad de temas y luchas que todas tienen que ver con la orientación neoliberal y privatizadora del gobierno.

La más significativa y amplia fue la movilización magisterial y popular ocurrida por todo el país en 2013. Pero no ha sido la única. Está también en forma permanente -especialmente  desde 2009- la heroica lucha del SME, punta de lanza contra la reforma energética, no con meras propuestas legislativas sino de lucha, como el apoyo a los usuarios de energía eléctrica para dejar de pagar los altos costos de la luz y precisamente contra la reforma energética.

Además existen diversas formas de resistencia y múltiples luchas que se desarrollan por todo el país. Están los movimientos contra los megaproyectos, no solamente en Puebla y Morelos sino en muchos estados donde el gobierno está otorgando concesiones a empresas mineras como las canadienses. La continuación de la resistencia contra la Parota,  al mismo tiempo que la policía detiene a Marco Antonio Suástegui, vocero del movimiento opositor.  Los yaquis en Sonora, en defensa del agua de sus pueblos y opuestos al acueducto Independencia, situación agravada ahora con el derrame tóxico responsabilidad del Grupo México de Cananea envenenando el río Sonora. Las luchas contra el feminicidio y contra la represión a defensores de derechos humanos. La lucha contra la represión y por la libertad de los presos políticos, cuyo número va aumentando nuevamente al mismo tiempo que siguen sin aclararse las desapariciones políticas. Las luchas contra las legislaciones restrictivas como la “ley Bala” de Puebla, contra la “ley Mordaza” en Sinaloa, contra la ley de movilidad del DF.  

El descontento y la oposición se extienden también contra los gobiernos del PRD, especialmente en el Distrito Federal, como lo muestra la lucha contra el incremento a la tarifa del metro; la corrupción expresada en la crisis de la línea 12; el descontento contra el nuevo reglamento de verificación de autos; la actuación represiva de la policía y la criminalización de las protestas populares y de los jóvenes. Asimismo está la lucha de sindicalistas universitarios en Sonora y Colima. La movilización masiva de los médicos, las protestas a favor de los migrantes centroamericanos y por la defensa de sus derechos humanos, así como las de las víctimas  de la “guerra contra el narcotráfico” y su secuela masiva de desapariciones, asesinatos y migración interna de desplazados. En este terreno destaca la represión y ofensiva para institucionalizar a las autodefensas de Michoacán y el encarcelamiento del Dr. Mireles, al convertirse en el único sector que no aceptó las condiciones del gobierno.  Mireles, junto con Néstora Salgado, de la policía comunitaria de Guerrero, son presos políticos emblemáticos de la situación actual.

Dos años del gobierno de EPN y décadas de retroceso

El balance de estos dos años del gobierno impuesto por la compra fraudulenta de votos de EPN ha sido desastroso para los intereses del pueblo, los trabajadores y la Nación. No es solamente el resultado del  análisis de reforma por reforma, sino la orientación de conjunto y la falta de legitimidad del poder en México. Es la conclusión del programa de 5 puntos centrales que EPN anunció el 1 de diciembre de 2012 en su toma de posesión y que ejemplifica los intereses imperialistas y de la oligarquía neoliberal a los cuales representa. Recordar esos 5 puntos demuestra el sentido y orientación para el que trabaja el gobierno.

Peña Nieto se propuso hace dos años: 1.- Lograr un México en paz. 2.-Reducir la brecha de desigualdad. 3.- Educación de calidad para todos, 4.- Crecimiento económico sólido y sostenido, y 5.-Transformar a México en un país propositivo en el mundo. Los resultados son evidentes: no hay paz, sino mayor violencia que en la época de Calderón (aunque ahora disimulada por la prensa); la desigualdad ha aumentado en beneficio de una minoría; la educación está sometida al mercado y existen cientos de miles de jóvenes rechazados en las universidades y en la educación media superior; no hay crecimiento económico sino recesión, y México está siendo entregado a los intereses imperialistas y de la gran burguesía mexicana.

Pero la política neoliberal en el terreno económico y social  va acompañada de creciente represión política a movimientos y luchadores sociales, con la militarización del país y el masivo número de ejecuciones y desapariciones.

No solamente ha habido resistencia y luchas diversas durante estos dos años de Peña Nieto, sino que ahora que ellos celebran la imposición de las reformas neoliberales y se aprestan a iniciar los procesos de licitación para la entrada de las compañías extranjeras a México, continúan las iniciativas para impulsar nuevas formas de organización, coordinación y de lucha desde el pueblo y los trabajadores.

Hace algunos días se realizó  el Encuentro en Defensa de la Tierra y el Agua en Atenco. El pasado viernes 29 y sábado 30 de agosto, se realizó un Foro de Análisis y Perspectivas de la Lucha de los Trabajadores convocado por la Nueva Central de Trabajadores  en el SME. En Ayotzinapa, Gro, se celebró este 30 y 31 de agosto el X Encuentro del Congreso Social Hacía un Nuevo Constituyente. El 3 de septiembre, la Coordinadora Nacional del Comercio Popular se manifestará contra la reforma fiscal. El FNAMUP anuncia una Caravana hacia la Ciudad de México entre el 16 y 19 de septiembre.  La CNTE anuncia una movilización el 13 de septiembre, en el aniversario del desalojo contra la lucha magisterial del Zócalo de la Ciudad de México, el año pasado.

Es decir, durante estos dos años ha habido resistencia y luchas contra diversos aspectos de las reformas neoliberales que cada día continúa y se extiende. No hay aceptación pasiva entre el pueblo ni la situación está marcada solamente por el colaboracionismo de los partidos del Pacto por México en el Congreso de la Unión. Pero también es cierto que esta gran cantidad de luchas y formas de resistencia han ocurrido de manera paralela y que para tener éxito se requiere no solamente coordinación y solidaridad, sino una perspectiva política común y nacional.

Unidad en la lucha y perspectiva política por el poder.

Esta perspectiva política común no puede ser la de la izquierda institucionalizada que pospuso la oposición a la reforma energética hasta el 2015 cifrándolo todo a una consulta y a una firma en vez de la movilización y acción política. Obviamente es así porque se trata de ocultar la responsabilidad que le cabe a esos partidos en la imposición de Peña Nieto y en la aprobación de las reformas. Así utilizan esta propuesta de una consulta como bandera electoral que haga olvidar lo que no hicieron en su momento para impedir las reformas.

Para la OPT en cambio se trata de continuar en la construcción de un amplio movimiento político, que logre la unidad en las luchas pero en la perspectiva que una el reclamo por la abrogación de las reformas neoliberales y la lucha por impedir su aplicación, con el objetivo de lograr derribar el régimen político de la oligarquía neoliberal y sus ilegítimas reformas.

El origen de todas las reformas estructurales neoliberales está en el mismo régimen político y se han impuesto ilegítimamente al abandonar la Constitución e imponer otra de corte neoliberal y contrarrevolucionario. Es un poder sin legitimidad pero todavía con la fuerza de imponerlo. Es lo anterior que fundamenta nuestro llamado a la desobediencia civil, como lo hacemos al dejar de pagar la luz como forma de  lucha contra la reforma energética. Pero para tener éxito no basta la lucha contra cada una de las reformas, requerimos unificar en un movimiento político contra el régimen de la oligarquía neoliberal. Transitar de la lucha contra cada reforma a la lucha por el poder, por sacar del poder a la oligarquía neoliberal.

El tránsito de la lucha contra cada reforma a la lucha por el poder no puede omitir la primera, pero debemos politizarla y orientarla en esa dirección. Por eso decimos, luchar por impedir la realización de las reformas hasta lograr su abrogación y por el fin del gobierno de la oligarquía neoliberal representado por EPN. En esta dinámica es que deberá tener vigencia una nueva Constituyente que recupere los derechos y conquistas históricas del pueblo, los trabajadores y la Nación que ahora nos están siendo arrebatados.

Impedir la realización de las reformas como en algunos casos impulsa el movimiento magisterial o el Movimiento Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica al dejar de pagar la luz, pero al mismo tiempo convertirlos en movimiento político que organiza la necesidad popular de defensa y sobrevivencia imposibilitada de pagar por los gastos educativos que son responsabilidad del Estado o imposibilitados de comer y pagar las nuevas tarifas de luz, para ir hacia un movimiento político que deja de pagar la luz para echar abajo la reforma energética.

El descontento popular es muy grande pero al mismo tiempo puede haber confusión sobre qué camino seguir. Es por ello que, como dice el proyecto de resolución política para el Congreso de la OPT, hay que visibilizar a la OPT como una alternativa y referencia política en esta circunstancia, la alternativa que pone su confianza en la organización de un amplio movimiento unitario contra las reformas neoliberales, luchando por impedir su realización y buscando su abrogación con el fin del régimen político actual. Que al mismo tiempo que impulsa la unidad en la lucha de todas las resistencias contra el neoliberalismo y su régimen oligárquico asegura la incorporación de la clase obrera, como un referente esencial de esta lucha. El congreso nacional de la Nueva Central de Trabajadores será muy buena ocasión para desde ahí hacer la convocatoria más amplia a otros sectores, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores de la educación y de la economía informal, comunidades y pueblos en lucha para resistir y combatir, pero juntos y unificados, no solamente en la coordinación y solidaridad pero bajo la perspectiva política de lucha contra el régimen oligárquico. Serán los trabajadores y el pueblo quienes con capacidad de lucha y unidad se pongan al frente de este proceso de la lucha de clases.

Igualmente, el I Congreso Nacional de la OPT, a celebrarse en diciembre próximo, al mismo tiempo que ratifica su definición anticapitalista, lo que nos hace diferentes de otras opciones políticas que ubicándose en el nacionalismo son nostálgicos del llamado "Estado benefactor" y que ubican su oposición solamente a partir del neoliberalismo y su propio alejamiento del PRI, insistirá en que la perspectiva de echar atrás las reformas neoliberales por medio del derrocamiento del régimen oligárquico actual, requiere también un camino concreto para conformar un movimiento político con esa orientación que una las luchas parciales antineoliberales y todavía en el marco del sistema. La definición anticapitalista y revolucionaria por ende socialista ya está planteada en el proyecto de resolución política que se discutirá en el Congreso Nacional de la OPT. Al mismo tiempo requerimos definir la campaña y pasos políticos que visibilizando a la OPT como esta alternativa anticapitalista nos permita construirnos y crecer siendo este referente político partidario diferente a las otras opciones que no se atreven a romper con la institucionalidad del régimen actual. 

                              ¡Con la OPT a luchar!

              ¡Abrogación de las reformas neoliberales!

                      ¡Abajo el régimen oligárquico!

México, D. F. a 7 de septiembre de 2014.

    Comisión Ejecutiva Nacional de la OPT