CRISIS DEL RÉGIMEN Y DOS VÍAS ANTE ELLA.

                      Informe político al CC del PRT/2017.

Edgard Sánchez.

 

La señal distintiva de la situación política en el país desde el inicio del gobierno de Peña Nieto ha sido la crisis política del régimen, básicamente una crisis de legitimidad.

Esa crisis es la que marca al régimen con un gobierno políticamente débil, constantemente cuestionado, con escaso apoyo social, encuestas que lo señalan como el más desprestigiado, que sin embargo, no quiere decir que no sea peligroso como lo muestra también la violencia sin límite que asuela al país, prácticamente con niveles de violencia, crímenes, ejecuciones y desapariciones, de una guerra interna de años. Tampoco quiere decir que no haya logrado imponer las reformas neoliberales más reaccionarias y agresivas contra el país de todo el periodo de gobiernos neoliberales desde el sexenio de Salinas de Gortari. Esta contradicción entre la debilidad política marcada por la ilegitimidad, por un lado y por el otro la fuerza represiva y violencia que le ha permitido imponer ese curso desastroso para la nación y el pueblo trabajador, tiene que ver, obviamente, con el otro elemento a destacarse, que es el hecho de que frente a cada reforma neoliberal se han expresado infinidad de luchas y resistencias populares pero que ninguna ha logrado revertir el curso general ni siquiera la reforma que en particular han cuestionado.

La crisis de legitimidad, primer acto, el 2012.

Esta crisis de legitimidad, arranca con la misma campaña electoral presidencial del 2012 y la imposición de Peña Nieto en diciembre de ese año. Ninguna de las previas elecciones presidenciales disputadas al PRI o al PAN (en realidad a la alianza PRI-PAN en cada caso), como fueron la de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, o la de 2006, cuando la primera candidatura de Andrés Manuel López Obrador, tuvieron mejores condiciones para impedir la imposición fraudulenta que la de 2012. No solamente por la fuerza de la candidatura de AMLO, todavía postulado por el PRD, y el respaldo y aglutinamiento a su alrededor hasta de sectores burgueses que en la del 2006 habían financiado la contra campaña que lo señalaba como un “peligro para México”, sino sobre todo porque en la víspera de los comicios surgió un movimiento de masas, independiente de los partidos políticos, oponiéndose claramente al regreso del PRI y a la imposición de Peña Nieto responsable directo de la represión en Atenco con 2006, es decir el movimiento #yosoy132.

El propio AMLO documentó ampliamente el fraude, especialmente por medio de la compra del voto (Tarjeta Mónex y otras trampas) lo que cuestionó  fuertemente el supuesto triunfo de EPN. El movimiento #yosoy132 propuso organizar la Convención Nacional Contra la Imposición, agrupando a la mayoría de fuerzas y movimientos de oposición y resistencia contra el neoliberalismo y el regreso del PRI. Dos importantes asambleas se lograron organizar, la primera en Atenco y la segunda en Oaxaca, que se proponían organizar la lucha para evitar la imposición de Peña el 1 de diciembre.

Con todas esas posibilidades, el movimiento contra la imposición se vio frustrado cuando el propio candidato víctima del fraude, es decir AMLO, candidato presidencial en ese momento por el PRD, decidió retirarse de la lucha y concentrarse en la organización de su propio partido, Morena, para prepararlo a la búsqueda de su registro electoral el año siguiente, 2013. Como dijimos en su momento, el movimiento de López Obrador tuvo la virtud de finalmente romper con el PRD, que llegaba al fin de su ciclo como oposición, pero en términos de las amplias posibilidades que tenía en ese momento la lucha contra la imposición del PRI, el que AMLO se hiciera a un lado de esa lucha que le afectaba principalmente, llevó a una crisis a la Convención Nacional contra la Imposición y al #yosoy132 que había nacido precisamente para oponerse al regreso del PRI. Al hacerlo, la movida de López Obrador facilitó la instalación de Peña Nieto en la Presidencia de la República. Al igual que Cárdenas en 1988, López Obrador argumentó que no quería poner en riesgo la vida de la gente que luchaba contra el PRI, pero en realidad mostró la visión institucionalista que lo sujeta –y de la cual daría nuevos y dramáticos ejemplos en los años siguientes- pues en realidad se opone a dar una lucha política de masas contra las instituciones decadentes (lejos de aquel grito que dijo, enojado por el fraude del 2006: ¡al diablo con sus instituciones!) y prefiere volver a recorrer el camino institucional –como moderno Sísifo- de registrar un nuevo partido ante las mismas instituciones que lo han defraudado varias ocasiones y están irremediablemente podridas para supuestamente volver a conseguir el triunfo electoral en 2018. Repetir el camino sin haber impuesto nuevas condiciones políticas y relaciones de fuerza, que eviten una repetición de una práctica fraudulenta que aparece estructuralmente ligada al régimen actual.

Como en el caso de Cárdenas en 1988, recular de la lucha contra el fraude y la imposición, no significó que se redujera el costo de vidas de opositores consecuentes contra el régimen (en el sexenio de CSG se documentó la muerte violenta de 300 afiliados del PRD). También el costo de vidas se ha repetido en el caso de AMLO a pesar de que haya reculado en la lucha contra la imposición en  2012, empezando por los heridos y muertos ocurridos en la Ciudad de México el propio 1 de diciembre del 2012 durante las protestas contra la toma de posesión de Peña ante el Congreso de la Unión en San Lázaro.

El Pacto por México y la regresión neoliberal.

La toma de posesión de Peña Nieto fue al mismo tiempo la firma del Pacto por México. El Pacto entre todos los partidos institucionales para reconocer a Peña Nieto como Presidente, pese a todas las evidencias del fraude y sobre todo para comprometerse con el programa neoliberal que enarbolaba. Es al mismo tiempo el cierre del ciclo del PRD como partido opositor para convertirse en un partido colaboracionista como lo fueron en el primer periodo de gobiernos del PRI, durante el siglo XX, los llamados partidos paleros, el PPS y el PARM.

Con el Pacto por México, el gobierno de Peña, marcado por su ilegitimidad de origen, sin embargo, pudo imponer las reformas neoliberales, incluso con reformas a la Constitución, sin mayores dificultades. De esta manera desde el 2012, pero especialmente durante el 2013 y el primer semestre del 2014, se impusieron reformas como la laboral, la fiscal, la educativa, y especialmente la energética, sin oposición en el Congreso de la Unión por el colaboracionismo de los partidos del Pacto por México. Sin tener el PRI la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión,  estas reformas y contrarreformas se impusieron como si nuevamente estuviéramos en la segunda mitad del siglo XX cuando el PRI tenía “carro completo”.  Es decir, por medio de los partidos del Pacto por México, colocados en el colaboracionismo, relevantemente por el PRD y alrededor de la alianza neoliberal del PRI-PAN, las iniciativas de Peña Nieto fueron impuestas como en los “viejos tiempos”.

Como señalamos en su momento (ver Bandera socialista) las reformas implicaron la eliminación de las principales conquistas sociales que quedaban de la Constitución de 1917.

El régimen presumió entonces de que habría gran consenso en torno a sus reformas ya que no hubo oposición a las mismas. En realidad no hubo oposición pero en el Congreso de la Unión debido a la subordinación de los partidos del Pacto por México. Fuera del Congreso, en las calles y en el campo y la ciudad, sí hubo oposición y luchas de resistencia para cada caso, cada reforma. Pero cada una de estas luchas y resistencias ocurrieron por separado y en momentos descoordinados, dependiendo de a cuál reforma se oponían. Y aunque hubo importantes movilizaciones y resistencias (ya en el 2013 hubo una primera oleada de movilizaciones del magisterio contra la llamada reforma educativa) ninguna de estas luchas por separado lograron revertir las graves reformas neoliberales. Esa situación era la que favorecía la imagen que vendía el régimen según la cual supuestamente habría consenso, no había oposición o para otros desesperados, supuestamente, indolencia por parte del pueblo trabajador mexicano (con los recurrentes argumentos de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece o los suspiros al saber de luchas de otros pueblos que “sí se atreven”). La situación es más complicada y tiene que ver con el reacomodo de las fuerzas políticas, el fin del ciclo del PRD y su integración al sistema, el surgimiento de Morena con esta visión institucionalista y la debilidad de alternativas políticas de clase y de la izquierda revolucionaria, incluso pese al notorio desarrollo de la OPT durante el 2013 pero que no alcanzó a obtener su reconocimiento legal como partido.

Cuando llegó el momento de la aprobación de la reforma energética, el momento decisivo del que tanto había advertido AMLO por sus consecuencias históricas, sorpresivamente el propio López Obrador se enfermó y la movilización de Morena a fines del 2013 se desinfló sin lograr impedir la mencionada reforma. Nuevamente en esa visión institucionalista sustituyeron la oposición en la calle por la perspectiva de un supuesto referéndum a realizarse en los años siguientes (y que nunca se concretó). Al terminar el primer semestre del 2014, el panorama parecía desolador por la poca resistencia y oposición ante las llamadas reformas estructurales, tanto las reformas constitucionales como las de leyes secundarias. Pero ante la visión pesimista, parecida a la situación de la segunda parte del sexenio de Salinas en que aparentemente no había resistencia a la primera gran ola de reformas neoliberales, la realidad es que había luchas y resistencias, aunque paralelas y un gran descontento que parecía soterrado y que estallaría a fines de septiembre del 2014, después de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Ayotzinapa o el segundo acto en la crisis de legitimidad del régimen.

 El elemento clave de la situación política que es la crisis de legitimidad del régimen –y que ya se había expresado con la imposición de Peña en 2012-  se detonó en una dimensión superior de la que no se recupera el régimen después del 26 de septiembre del 2014 con motivo de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en Iguala. Guerrero.

Después de casi dos años en que el gobierno de Peña Nieto pudo imponer, con la colaboración de los partidos del Pacto por México las más reaccionarias reformas neoliberales en el Congreso de la Unión prácticamente sin oposición, la respuesta popular a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cambió la situación rompiendo aquella imagen y detonando la crisis de legitimidad del régimen, especialmente por la falsa e insostenible “verdad histórica” sobre Ayotzinapa circulada por el gobierno federal, especialmente por la PGR.

En una muy rápida sucesión de acontecimientos la protesta social por lo de Ayotzinapa, como fuimos analizando en su momento (ver Bandera Socialista y el sitio web del PRT), fue creciendo en forma espectacular nacional e internacionalmente y enlazando respuestas y demandas frente a cada paso y explicación del gobierno hasta llegar a un amplio cuestionamiento del régimen, al incremento de su descrédito y falta de legitimidad especialmente en cuanto a las instituciones de justicia y las instituciones político electorales. Fue así que en los siguientes meses después del 26 de septiembre rápidamente se pasó del grito de “vivos los llevaron, vivos los queremos” al grito de “Fue el Estado” y finalmente a “Fuera Peña”, reflejando los cambios y crecimientos de conciencia en la creciente protesta social ante cada paso del gobierno y los llamados, incluso de Peña Nieto, a “superar el trauma” y mirar para adelante.  Lo que detonará en su momento una crisis de legitimidad de las instituciones de justicia y del sistema político electorales, será no simplemente la radicalidad de estas demandas sino el que fueron asumidas por cientos de miles de personas en todo el país, con movilizaciones simultáneas en las principales ciudades del país. De poco sirvió el que destituyeran y encarcelaran al presidente municipal  de Iguala y a su esposa, que quitaran al gobernador Aguirre  y que Peña impusiera al gobernador Rogelio Ortega y su grupo de colaboradores con pasado izquierdista, pues el movimiento insistió “Fue el Estado” y finalmente “Fuera Peña”.  En otro momento la radicalidad del cuestionamiento por los desaparecidos políticos realizado por organismos como el Comité Eureka! fue similar pero con la diferencia de que no contó lamentablemente con un respaldo popular masivo de las dimensiones alcanzadas por Ayotzinapa.

Al nivel internacional, también, además de la sorprendente solidaridad internacional expresada y la legitimidad alcanzada por el movimiento por Ayotzinapa, el cuestionamiento al régimen político mexicano también se mostró al nivel de determinadas instituciones internacionales. Esto continúa ocurriendo, especialmente, al nivel de los organismos internacionales de derechos humanos que cuestionan o ponen en duda las explicaciones oficiales mexicanas en torno a los crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa (nuevamente la explicación oficial de la PGR que insiste, sin poder demostrarlo, que lo ocurrido fue obra del “crimen organizado”  y de que supuestamente los 43 fueron asesinados y calcinados) de modo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, insisten en que se continúe la investigación sobre el paradero de los 43.

Desde principios del 2015 el reclamo por los 43 ha llegado a un punto superior ante la falta de credibilidad sobre la “verdad histórica” al reclamar ahora abrir a la investigación a los cuarteles militares y al señalar al ejército como partícipe en la desaparición de los compañeros. Este reclamo que ahora apunta, correctamente, al ejército ha sido encabezado por los padres y estudiantes de Ayotzinapa  pero va adquiriendo también gran respaldo y convicción popular cuando la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que a la única institución y actores en los hechos que no les han permitido investigar, entrevistar, interrogar o simplemente visitar los cuarteles es al ejército y los soldados presentes durante los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Al mismo tiempo que Ayotzinapa apunta hacia el ejército, el propio ejército no ha dejado de dar ejemplos de su brutalidad y persistente violación a derechos humanos y civiles en  su actuación (aunque la enmarquen en su supuesta guerra contra el “crimen organizado” lo que tampoco justificaría esas violaciones) como cuando los mandos militares dan órdenes explícitas y no desmentidas de atacar de noche y tirar a matar (Tlataya).

La profundización política del movimiento que  va de “vivos los llevaron, vivos los queremos” hasta señalar al ejército como partícipe en la desaparición de los 43, pudo convertir a estas demandas en el momento más alto de movilización masiva en demandas de transición en el sentido de que partiendo de una convicción democrática, de respeto a derechos humanos y civiles se pasa al señalar al ejército, una institución pilar del sistema (más aún en el marco de la orientación hacia un régimen policiaco militar que va adquiriendo el Estado mexicano) a la cual el gobierno, políticamente débil,  de Peña Nieto no permitirá que se le toque, a una demanda no asimilable por el sistema y que lo cuestiona en un aspecto esencial, central.  Aquellos que subestiman el movimiento por Ayotzinapa pensándolo simplemente como un movimiento por derechos humanos típico de ONGs, no se dan cuenta del profundo carácter político, en cuanto cuestionador del sistema con un respaldo de masas, que va más allá por tanto de otros movimiento por demandas sectoriales, legítimas pero limitadas al terreno gremial. Similar incomprensión ocurre del lado del enfoque tipo ONG que no quieren que el movimiento se “politice” cuestionando el régimen y reclamando “Fuera Peña”.

Es en este contexto que la crisis de legitimidad del régimen al iniciar el 2015 ante el fracaso de cada maniobra política para tratar de frenar al movimiento le llevaba a una relativa parálisis represiva para intentar aplastar con sus tradicionales mecanismos al mismo.  Amenazaban y “advertían” que hay “límites” para la protesta pero entre septiembre de 2014 y julio de 2015 no pudieron acometer una represión como la que amenazaban y el PRI ha realizado en el pasado contra movimientos menos fuertes y nacionales. Hubo, es cierto, provocaciones y detenciones especialmente en algunas de las gigantescas movilizaciones realizadas al Zócalo de la Ciudad de México, pero no una represión masiva que quebrara al movimiento. La relativa parálisis represiva del régimen (por medio de las provocaciones detuvieron a activistas y jóvenes que asistían a sus primeras manifestaciones, que tiempo después se les lograba liberar) frente a un movimiento que en el caso del estado de Guerrero llegó a quemar por igual los locales del PRD, del PRI, del Congreso del Estado, oficinas del Palacio de Gobierno y tomar casi simultáneamente decenas de ayuntamientos , se explicaba por la gran legitimidad y autoridad moral del movimiento de Ayotzinapa, la exigencia de que “Vivos los llevaron, vivos los queremos” y la resonancia internacional y solidaridad expresada, que le dificultaba al gobierno un nuevo Ayotzinapa, para no decir otro 2 de Octubre o Acteal o Aguas Blancas, típicos del autoritarismo priísta durante el siglo pasado e incluso de un Presidente, como Peña Nieto, manchado con la sangre de Atenco 2006.

Sin poder recurrir a la represión en ese momento, el llamado a participar en las elecciones de julio del 2015 se convirtió en la vía para re legitimar a las instituciones político-electorales, a los partidos y el sistema de justicia, cuestionados y desacreditados como nunca con motivo de la lucha por Ayotzinapa. El rechazo a la maniobra de sustituir a Ángel Aguirre por un supuesto izquierdista como Rogelio Ortega como Gobernador de Guerrero y encarcelar al presidente municipal perredista de Iguala y a su esposa, rechazo que se expresaba  con multitudinarias movilizaciones en todo el país gritando “Fue el Estado” y “Fuera Peña”, se emparentaba con el grito surgido durante la crisis en Argentina que igual gritaba “Que se vayan todos”. De ese tamaño ha sido el desprestigio y descrédito de las instituciones político electorales y los partidos con la crisis detonada por Ayotzinapa, al mismo tiempo que Ayotzinapa se convertía en señal paradigmática de la crisis de derechos humanos en que se sumió al país con decenas de miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y feminicidio y violencia machista contra las mujeres.

Por lo anterior es que, desde el propio movimiento de Ayotzinapa surgió la respuesta para no participar en las elecciones intermedias del 2015 que claramente tenían el propósito de tratar de re legitimar a un régimen en profunda crisis. Del movimiento de Ayotzinapa y del magisterio en lucha, especialmente de Oaxaca, se llegó a la consigna de “boicot a las elecciones”, como la forma más radical de cuestionar la maniobra distraccionista y de intento de legitimación del régimen todo. Dependiendo de la relación de fuerzas por regiones, muchos nos unimos a la propuesta de no participar en esas elecciones –de diversas maneras cuando no era posible boicotear directamente- contra la propaganda del INE, del gobierno y de todos los partidos institucionales, relevantemente de Morena que  participaba por primera vez con reconocimiento legal. Desde entonces, se dio principalmente el debate con Morena, sus líderes e intelectuales que le apoyan, por su desesperada insistencia de que el movimiento de masas opositor al gobierno participara en elecciones y lo hiciera apoyando a Morena con diversos argumentos desde la inutilidad de la abstención, el ejercicio de un derecho democrático conquistado por la izquierda, hasta la opción del “mal menor”. Por su parte López Obrador, más limitado en sus argumentaciones, insistía más bien en los insultos y calumnias como dijo contra la CNTE de Oaxaca acusándola de estar aliada con la derecha por no votar por Morena o en la Ciudad de México haciendo acusaciones similares contra el SME por continuar en negociaciones en Gobernación por la exigencia de reinserción laboral por no haber aceptado la liquidación de la Compañía de Luz desde 2009, al mismo tiempo que apoyaban el llamado a no participar en elecciones que intentaban relegitimar al régimen. “Muy sospechosa” le parecía a López Obrador esta posición del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas).

Nuevamente en el momento cúspide del movimiento de Ayotzinapa por el “Fuera Peña” a fines del 2014, se vio con claridad la disyuntiva institucionalista planteada porAMLO a diferencia del movimiento de masas. Cuando el movimiento gritaba en noviembre del 2014 “Fuera Peña”, AMLO planteaba: que Peña renuncie antes del 1 de diciembre para convocar a elecciones presidenciales anticipadas. Como se sabe, si el Presidente se ausenta antes de cumplir dos años en el gobierno, se debe convocar a elecciones presidenciales; si ocurre después de 2 años, el Congreso nombra un sustituto que termine el periodo. Con este argumento, nuevamente AMLO trataba de desviar el potente movimiento por la salida de Peña, hacia el canal institucional, hacia nuevas elecciones. ¿Para qué? Para sustituir a Peña por el candidato del PRI o del PAN o del PRD….o de Morena? Cuando el movimiento prácticamente grita que se vayan todos, al decir que “Fue el Estado”, ¿elegir nuevo presidente entre los mismos y bajo las mismas instituciones en crisis?.  Peña no renunció antes del 1 de diciembre y AMLO dejo de insistir en su renuncia para concentrarse en las elecciones intermedias de julio del 2015.

La lucha por derechos democráticos no siempre pasa por participar en instituciones antidemocráticas. La prueba de la crisis de legitimidad en las elecciones intermedias.

Como PRT defendimos la posición de no participar en las elecciones del 2015. Defendimos también esta posición en espacios o movimientos más amplios donde participamos, especialmente en el seno de la OPT (Organización Política del Pueblo y los Trabajadores).

Esta posición fue muy polémica. No solamente por los ataques desde Morena, los partidos institucionales y el régimen en general. Fue también motivo de amplios debates en el seno del movimiento. En la OPT fue debatido en el Consejo Nacional y en su Congreso Nacional. En varios casos reflejaba presiones particularmente de Morena y de quienes llamaban al “voto útil”. Aunque generalmente presentábamos nuestra posición recordando que no somos anarquistas ni zapatistas (zapatistas de antes de octubre del 2016), es decir que no somos abstencionistas por principio y estamos llamando a no participar o boicotear precisamente en esta elección de julio del 2015, el debate también incluía a camaradas generalmente cercanos a nuestra posición y que les parecía raro que no buscáramos alguna forma de expresión o de participación electoral.

Conviene, recapitular nuestro análisis y argumentos no solamente por lo ocurrido en 2015 (y luego en 2016, especialmente en la elección a la Constituyente de la CDMX) sino a futuro también, especialmente por las elecciones del 2018.

Al apoyar y compartir el llamado al boicot electoral o simplemente a la no participación en las elecciones de julio del 2015, lo hacíamos por el contexto concreto de crisis de legitimidad de las instituciones político electorales. Es cierto que el derecho al voto y luego el derecho al voto de las mujeres  ha sido históricamente parte del movimiento democrático e incluso de la izquierda socialista. Es un derecho conquistado después de muchas luchas. Pero desde nuestro punto de vista eso no nos obliga a ejercer ese derecho en todas y cada una de las elecciones, como una rutina democrática.

Cuando decimos que la participación electoral es una decisión táctica no la pensamos como algunos fundamentalistas y ultras en el sentido de si es o no una “vía para el poder” o si es táctico con respecto a la lucha armada. El voto no tiene que ver con la lucha por el poder en el sentido revolucionario, es decir para transformar el mundo, la sociedad, que tiene que ver con la lucha contra un poder de clase. Pero eso no nos lleva a decir como algunos supuestos ultras, pero en realidad que abrevan en el viejo pensamiento estalinista antidemocrático, de que las “elecciones son burguesas” y por tanto luchamos contra la “democracia burguesa” representada por las elecciones, prácticamente diciendo que en el socialismo no habrá elecciones ni prácticas de democracia burguesa. Ese modelo es el modelo del totalitarismo estalinista que con el garlito de que la democracia es burguesa, suprimen todo derecho democrático, imponen la existencia de un partido único (aunque se llame Partido Comunista), prohíben la existencia de más partidos e incluso tendencias dentro del partido único, afilian corporativamente al partido a sindicatos y organizaciones de masas y por esa vía restringen o eliminan derechos de los trabajadores, como el derecho a la huelga (recuerden no solamente el caso del PCUS o actualmente del PC Chino y la superexplotación de la clase obrera, para no hablar del caso casi caricaturesco del estalinismo en Corea del Norte). El socialismo por el que luchamos implica la democracia socialista, es decir la existencia de pluripartidismo y por tanto de elecciones, como la vía para resolver el gobierno y las legislaturas (que no son en exclusiva el poder del Estado) y las orientaciones de políticas públicas. El socialismo en ese sentido será una expresión superior de democracia porque no estará limitada por los intereses de clase de la burguesía. La democracia en el capitalismo está limitada y restringida por el poder del dinero y los intereses burgueses. El caso extremo precisamente de falta de democracia es Estados Unidos donde su sistema electoral está fundado en lo que en México se llama “financiamiento privado” de las campañas, los partidos y las candidaturas que establece de entrada una desigualdad insuperable entre los partidos burgueses (el bipartidismo del Demócrata y el Republicano) y un eventual partido de la clase trabajadora. El financiamiento privado de partidos, campañas y candidaturas les convierte en instrumentos directos de los intereses de corporaciones y capitalistas que los pagan. De esa manera, senadores, gobernadores y presidentes son representantes, no en abstracto de los electores (porque adicionalmente existe el filtro del Colegio Electoral) sino directamente de los grupos burgueses, las compañías capitalistas que les financiaron las campañas y de las cuales, incluso, frecuentemente, eran ejecutivos, es decir empleados. Romper el control financiero de las elecciones por parte de la burguesía es una necesidad para avanzar en la democracia, pero no para ofrecer como alternativa un sistema dictatorial donde prometemos que jamás habrá elecciones!

Vale la pena recordar en este debate supuestamente que denuncia a las elecciones como simple “democracia burguesa” prescindible, las aportaciones  de la Cuarta Internacional contenidas en la resolución sobre democracia socialista del XI Congreso Mundial y la insistencia del camarada Ernest Mandel en defender derechos democráticos como conquistas históricas.

Pero, de nuevo, si la participación electoral es un derecho, la forma de ejercerlo o no es una decisión táctica que depende del contexto político en que ocurra, de la relación de fuerzas y el nivel de conciencia y participación políticas de las masas. No puede enfocarse el tema como una rutina electoral, como si cada tres años la participación electoral se definiera como “business as usual”. Eso es el enfoque que algunos simpatizantes de Morena, aún de cierto vocero del MUS, que nos proponían votar en  las elecciones de julio del 2015 diciendo “imagina cuántos votos anti PRI o anti PRD pueden canalizarse hacia Morena!” Y nosotros respondimos: sí ¿y qué? De qué sirve eso? De qué sirve cuando un movimiento de masas está prácticamente gritando, como en Argentina 2001, “que se vayan todos!”. Que ante los cambios de partidos en Guerrero para hacer frente a la crisis por Ayotzinapa el movimiento contestaba “Fue el Estado”, “fuera Peña”.

Se nos respondía que todas las elecciones en México son fraudulentas, tramposas, inequitativas, y que aún así la izquierda, incluido el PRT, participó en elecciones, de manera que nuestro argumento para el 2015 no era diferente al de grupos ultras y sectarios. Pero no. Cuando decimos que hay una crisis de legitimidad del sistema político electoral a partir de Ayotzinapa no lo decimos como la típica declaración de un grupo de propaganda “denunciando” la democracia burguesa y llamando a la abstención, de aquellos que como reloj descompuesto todo el tiempo dan la misma respuesta. Las gigantescas movilizaciones, incluso simultáneas en varias capitales del país, realmente nacionales y con respaldo internacional, después de Ayotzinapa mostraron que el descrédito de partidos e instituciones político electorales no eran exclusivas de un pequeño grupo de activistas sectarios y/ propagandistas. Era ya una conclusión de masas. Y por eso el esfuerzo de partidos, INE y el régimen político en su conjunto para que la gente participara, incluso votando contra el PRI, PAN o PRD, o hasta por Morena, pero para que por esta vía se relegitimara a esas instituciones en crisis. El resultado electoral, como ya lo analizamos en su momento, demostró que el intento de relegitimarse del régimen no se logró. No solamente por la vía del boicot que tuvo sus expresiones principales en Oaxaca y Guerrero y en menor medida en Chiapas, sino por otros medios y expresiones: la abstención, la no participación, la anulación del voto, el “voto de castigo”  contra el partido hegemónico según fuera el caso de cada entidad. Estos votos de castigo incluso por la vía de la nueva figura legal introducida en la legislación electoral: la candidatura independiente (independiente quiere decir no postulada por un partido registrado, pero sí registrado como individualidad). La campaña demagógica del “Bronco” en Nuevo León contra el PRI y el PAN, la campaña de Clouthier, rompiendo con el PAN en Sinaloa, la campaña independiente en Jalisco, en Zapopan y en Guadalajara del MC, fueron ejemplos de esta dinámica. Es cierto que los intereses que representan estos candidatos supuestamente independientes son evidencia de su demagogia, como el más pretencioso, el priísta “Bronco” de Nuevo León. Pero son reflejo deformado de la crisis y descrédito de los partidos tradicionales e institucionales. Sus triunfos incluso ocurren en medio de una gran abstención general.

Morena, que se estrenaba en el 2015 como partido registrado y el más interesado en combatir la abstención y boicot electorales, tampoco logró superar la crisis de legitimidad y la desconfianza hacia todos los partidos institucionales y el sistema político electoral. En las elecciones del 2015 solamente tuvo importante votación en la Ciudad de México y en un distrito de Tabasco y otro de Veracruz. En los estados con mayor conflictividad social y política como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, simplemente no pintó en los resultados electorales. Especialmente en Guerrero con la crisis detonada con Ayotizinapa y la caída del gobernador del PRD prácticamente quedó en el último lugar de la votación. Es cierto que tuvo mayoría relativa en la Ciudad de México. Al igual que en otros estados de la república, el partido hegemónico en cada caso era castigado en la votación con el apoyo a determinados partidos o candidatos de oposición a ese partido. Por ejemplo, en Nuevo León el  castigo al PRI benefició al Bronco. En Jalisco el castigo al PAN benefició a Alfaro del Movimiento Ciudadano. Así en la Ciudad de México, el castigo al PRD benefició a Morena. Pero incluso en la CDMX Morena no arrasó como pensó que lo haría. No solamente por la disputa contra el PRD que utilizó todas las trampas típicas del PRI para impedir que Morena avanzara y ganara más delegaciones. Simplemente porque no arrasó. La votación del PRD se dividió con Morena pero muchos sectores de la izquierda independiente a ambos partidos nos abstuvimos o no participamos.

Fue muy diferente a lo ocurrido en 1997. En ese año, la primera vez que hubo elecciones para Jefe de Gobierno en el DF, Cuauhtémoc Cárdenas del PRD arrasó en la votación. Y bajo el efecto Cárdenas, el PRD ganó, incluso con candidatos desconocidos, 38 de 40 distritos electorales. Los dos restantes los ganó el PAN (en Benito Juárez y Miguel Hidalgo) y el PRI no ganó un solo distrito. En la elección de Jefatura de Gobierno, el PRI también cayó al tercer lugar. Eso sí fue arrasar. Cárdenas y el PRD arrasaron en 1997 contra el PRI que había gobernado la Ciudad de México por 70 años ininterrumpidos y sin elecciones.. Morena en 2015 (y peor aún en 2016) no pudo hacer eso ni siquiera en la Ciudad de México.

En la elección al Congreso Constituyente de la CDMX en 2016 el resultado fue contundente. Nuevamente, Morena tuvo mayoría relativa frente a los demás, pero la abstención en esa elección que era muy importante (para elaborar la Constitución) llegó a un nivel histórico: 71 por ciento, mayor que la media nacional. Y es en la Ciudad de México en que se supone hay un nivel de información y participación políticas especiales por su historia desde 1968. Pero precisamente por eso, ese nivel de abstención o no participación es resultado de ese nivel de información y no por apatía, sino expresión de la crisis de legitimidad de las instituciones político electorales, en especial los partidos institucionales (aunque frecuentemente el descrédito se extiende a todo partido aun no siendo institucional).

Entonces nuestro apoyo a la posición de no participar en estas elecciones no es como la de los grupos sectarios y propagandistas que toda la vida, en cualquier elección, llaman a la abstención y denuncian las elecciones como “burguesas”. Esa posición fue siempre propagandista y marginal frente a la sociedad. Cuando nosotros llamamos a la no participación correspondió a un nivel de conciencia alcanzado, a partir de Ayotzinapa (con los efectos acumulados de todos los fraudes anteriores), por sectores de masas que no confían ya en estas instituciones. No es una posición de grupúsculos, sino de sectores de masas. En ese contexto nuestro papel no era ayudar, como Morena, a recuperar la confianza de las masas en las instituciones decadentes y en crisis del régimen neoliberal, sino de fortalecer y apuntalar la dinámica que gritaba “Fue el Estado” y “Fuera Peña”.

Claro. Como veremos más adelante, “Fuera Peña” quería decir la caída del gobierno y fue una tarea que finalmente no pudimos lograr en 2015, aunque la crisis del régimen continúa y ofrece nuevas oportunidades. Tampoco quiere decir que ese nivel de conciencia o desconfianza hacia los partidos institucionales se mantendrá indefinidamente. Nuevos eventos pondrán a prueba esa conciencia y obviamente hay partidos como Morena que hacen todo el esfuerzo por reencauzar el descontento nuevamente a la vía institucional.

En conclusión nuestra posición en el marco de la crisis de legitimidad del régimen se coloca entre dos extremos diferentes que no compartimos: ni somos abstencionistas por principio, anarquistas o estalinistas que se oponen a las elecciones por “burguesas”, pero tampoco estamos enajenados a la participación electoral en cualquier circunstancia, compulsivamente obligados a ejercer un derecho por el que efectivamente peleamos, pero que en algún momento relegitima instituciones en crisis y que están en la dinámica incluso de poder ser derrocadas.

Como siendo México un país marcado por una profunda antidemocracia desde siempre, el reclamo de la izquierda y nosotros mismos por el derecho de participación y reconocimiento y representación de fuerzas opositoras se ha convertido también en una constante que ha llevado a la confusión a algunos de creer que siempre debemos participar en elecciones o en el marco de instituciones no democráticas, como forma de pelear por derechos democráticos, incluso por la vía del “voto útil”. No siempre ha sido así. Y nosotros hemos sido parte de experiencias en que dependiendo de las condiciones y las relaciones de fuerzas, no participamos en ciertas instituciones o procedimientos formalmente democráticos, para precisamente lograr avances democráticos que esas instituciones o reglamentos o leyes obstaculizan.

Ejemplos históricos de esta práctica.

En 1976 la crisis del sistema político electoral mexicano llegó a un punto altísimo (solamente comparable con el actual). En las elecciones presidenciales de ese año, solamente se registró un candidato presidencial: José López Portillo del PRI. El PAN estaba en crisis después del impacto del 68 y no pudo postular por primera vez candidato presidencial. Sólo había dos partidos más con registro legal: el PARM y el PPS, los partidos “paleros” por su colaboracionismo con el PRI. Por lo tanto ambos partidos apoyaron también a López Portillo.  El PPS era el partido de la “izquierda” oficialmente reconocida por el régimen. Un partido colaboracionista con el PRI como hoy el PRD. Con el pensamiento mecánico de los que hoy dicen que no hay que abstenerse de la política y ejercer nuestro derecho al voto emitiéndolo incluso por el “menos malo” o como un “voto útil”, o simplemente por la “izquierda” para que no avance la “derecha” (como decía el PRD en la Ciudad de México en 2015 aunque el PRD representaba ahí la opción privatizadora, similar a la de los neoliberales) entonces en 1976  tendríamos que haber votado por el PPS (Partido Popular Socialista)!!!!

Obviamente no hicimos eso que representaba votar por JLP. Llamamos a votar por Valentín Campa, propuesto por el PCM (Partido Comunista Mexicano) que en alianza con los trotskistas hizo campaña en todo el país, aunque sin registro legal. Es decir la candidatura de Campa no estaba registrada y por tanto no aparecía en las boletas electorales, ni sus votos eran contabilizados ni tomados en cuenta aunque los hubiéramos anotado a mano en la boleta. ¿Desperdiciamos nuestro voto? ¿Desperdiciamos nuestro derecho al voto con una candidatura “testimonial” como dicen ahora?  Claro que no. Por el contrario, esta posición y las crecientes contradicciones emergiendo en el país desde el movimiento de 1968, más bien abrieron el camino para que al año siguiente fuera anunciada por el gobierno de López Portillo la “reforma política” que permitirá la legalización de la izquierda socialista en México.  Es decir, el avance democrático se consiguió entre otras cosas, no participando en las elecciones de 1976 precisamente cuando el desprestigio y crisis del sistema ya eran insostenibles y les obligaba a ellos a aceptar aunque fuera algunos cambios parciales.

Otro ejemplo: En 2007-2008, con el gobierno de Felipe Calderón hubo un previo intento de imponer la reforma energética. En ese momento AMLO consideraba fundamental movilizarse para evitar que se aprobara en el Senado de la República. Organizó un amplio movimiento y las “Adelitas” rodearon las instalaciones del Senado tratando de evitar que los legisladores sesionaran. En ese contexto, cuando el Senado pudo sesionar y la mayoría PRI-PAN se preparaba para imponer la reforma energética en “fast track”, la compañera Rosario Ibarra seguida por una parte de senadores de la coalición PRD-PT-MC tomó la tribuna y se mantuvo en ella durante semanas impidiendo que la sesión continuara y se pasara a debate “y en su caso” a votación la reforma energética.

De acuerdo a los procedimientos parlamentarios, la acción de Rosario Ibarra era violatoria de la democracia parlamentaria. De acuerdo a este protocolo, lo democrático es que se presenten todas las iniciativas que los partidos quieran, que se debata con derecho a todas las partes a discutirla o cuestionarla, incluso a oponerse, discutirla tantas rondas como sea necesaria (en otras reformas neoliberales el debate se había extendido a varias rondas incluso en la madrugada) pero finalmente votar. Y lo democrático sería que quien tuviera la mayoría ganaba. Rosario con la toma de la tribuna durante semanas impidió que siquiera se discutiera o se presentara a consideración del pleno del Senado. Simplemente no se discute, diría. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay una “mayoría autoritaria”, una mayoría artificial producto del fraude del 2006 que discutas lo que discutas tendrá la mayoría en la votación e impondrá la reforma. Por esa razón la reforma energética completa se impondrá hasta fines del 2013, ya en el gobierno de EPN y con los partidos del Pacto por México.

Esa posición de Rosario Ibarra era también la continuación de la posición expresada por ella en el Zócalo durante el “megaplantón” del segundo semestre del 2006 protestando contra el fraude cuando ella propuso que diputados y senadores electos impidieran físicamente la toma de posesión de Felipe Calderón el 1 de diciembre en el Palacio de San Lázaro. Aunque tomaron la tribuna, Vicente Fox pudo pasar la banda presidencial a Calderón en una precipitada acción de segundos cuando con el apoyo de Beltrones y los priístas y de Ruth Zavaleta del PRD les abrieron una puerta trasera para introducirlos en la sala del Congreso. De nuevo, los procedimientos formales democráticos fueron cuestionados en defensa de un derecho democrático violentado por el poder.

Son estos precedentes los que explican nuestra posición en el 2015 y 2016 y que deberán ser tomados en cuenta en la perspectiva del 2018, siempre y cuando se mantenga la crisis de legitimidad del régimen. No hay, por cierto, señales de que se haya superado.

La oportunidad perdida.

El movimiento por Ayotzinapa tiene una primera fase marcada por la espontaneidad y radicalidad de sus planteamientos. Básicamente los primeros 4 meses desde septiembre del 2014 hasta enero del 2015. Movilizaciones simultáneas en muchas ciudades del país, movilizaciones masivas, pero con mayoría de personas desorganizadas y participando por primera vez, después movilizaciones en prácticamente todas las capitales estatales y además con gran respaldo internacional, con gran autoridad moral ante los ojos del mundo (superando el apoyo internacional conseguido por los zapatistas en algún momento) en que ocurrían movilizaciones en otras partes del mundo realizadas ya no solo por estudiantes mexicanos radicados fuera del país, sino por nacionales de esos países. Al mismo tiempo es ese periodo que las demandas del movimiento se van politizando. Primero la sorpresiva recuperación de la consigna de “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, para ir respondiendo a cada maniobra del gobierno que insistía en querer imponer su “verdad histórica” de un crimen local ligado al narcotráfico donde supuestamente habrían sido asesinados e incinerados los cuerpos de los 43, con las consignas de “Fue el Estado” y finalmente “Fuera Peña”.

La crisis de legitimidad, como hemos señalado, trató de ser revertida por el régimen con las elecciones intermedias de julio del 2015 y con la activa participación de AMLO llamando a expresar el descontento por la vía de las urnas, pero finalmente no logrando superar la crisis detonada. Sin embargo, es cierto que entre fines del 2014 y principios del 2015, la posibilidad estaba abierta para enfilar el movimiento hacia el cuestionamiento del régimen mismo, imposibilitado en ese momento incluso para recurrir a la represión que acostumbra. El movimiento espontáneamente surgido no podía rápidamente dotarse de una dirección política en ese sentido. Por eso, saludamos con entusiasmo la entrada lenta pero segura de organizaciones sociales y movimientos previamente organizados que ya habían estado luchando contra las reformas neoliberales que durante el 2013 y el primer semestre del 2014 habían sido impuestas por EPN y los partidos del Pacto por México. Algunas de estas organizaciones y movimientos, incluso del magisterio en lucha, apoyaron iniciativas de organización alrededor de Ayotzinapa, como la Asamblea Popular. Otros referentes incluso convocaron a un Encuentro de Todas las Resistencias en enero del 2015, donde participamos bajo la iniciativa del SME y la OPT.

Sin embargo, la entrada de las fuerzas organizadas, aunque apoyaron al movimiento de Ayotzinapa no lograron organizarlo unitariamente, se mantuvieron como referentes paralelos y se fue imponiendo la dinámica de las legítimas demandas sectoriales de cada uno de ellos, debilitándose la perspectiva política de caída del régimen. Incluso en algunos referentes se debilitó la propuesta básicamente del magisterio en lucha de boicotear o hacerle el vacío a las elecciones de julio del 2015 que confrontaba al régimen en su intento de relegitimación.

Las demandas sectoriales, por tanto en paralelo, se impusieron como la preocupación central y la acción de las fuerzas organizadas debilitando la perspectiva política contra el régimen del movimiento de Ayotzinapa. La oportunidad se perdió. Incluso por parte de proyectos que se definían como organizaciones para la lucha política y no simplemente gremial o sectorial, como en el caso de la recién nacida OPT.

La importancia política estratégica de Ayotzinapa.

La oportunidad de 2014-2015 se perdió, aunque la crisis del régimen es tan fuerte y profunda que –como hemos visto- reiteradamente abre nuevas oportunidades. Incluso en la dinámica en que hubo de entrar el movimiento por Ayotzinapa de desbaratar nacional e internacionalmente la “verdad histórica” del gobierno con la ayuda de organismos de derechos humanos, de nuevo al nivel internacional, se dio un gran avance. Las investigaciones del GIERI al que finalmente el gobierno mexicano obligó a retirarse del país llegaron a un punto central. La única puerta que no se les permitió abrir para su investigación fue el ejército. Sobre la entrada al cuartel de Iguala y otros hubo titubeos iniciales de Gobernación y finalmente cerraron filas con el ejército impidiendo cualquier interrogatorio, investigación y visita a instalaciones militares o militares involucrados en la desaparición de los 43.

La “verdad histórica” destruida, la demostración incluso científica de que no ocurrió la incineración de los 43 en Cocula y todos los hilos que apuntan hacia el ejército, confirman lo que se evidenció desde la época en que Rosario Ibarra inició la lucha por la presentación de los desaparecidos políticos: detrás de esta práctica, este crimen de lesa humanidad, generalmente está el ejército y sus campos militares, empezando por el Campo Militar número 1, como los lugares convertidos en cárceles clandestinas para retener a los desaparecidos.

Pero a diferencia de la época en que Rosario inició su lucha, ahora no era una minoría la que gritaba “Vivos los llevaron, vivos los queremos” y “Fue el Estado”, sino que cientos  de miles de personas en todo el país.

Algunos sectarios consideran la insistencia de los padres de Ayotzinapa como un gesto sentimental, comprensible por humano, pero limitado a una denuncia de violación a derechos humanos. Se equivocan: además de justa y legítima, así como dolorosa, esta demanda de respeto a los derechos humanos, es una demanda profundamente política. Apunta al corazón del régimen, ahí lo cuestiona. En el conjunto del movimiento surgido con Ayotzinapa que gritaba “Fuera Peña” debería ser parte central de un programa de transición contra el actual régimen político. La demanda de la presentación con vida de los 43, su liberación, apunta a los responsables principales: las fuerzas armadas, en este caso el ejército. Y la actitud de cerrar filas, por parte del gobierno, en relación al ejército es precisamente porque para este gobierno políticamente débil cada vez más, el apoyo del ejército y en general las fuerzas armadas es un sostén principal. Ayotzinapa apunta hacia ese sostén principal, lo cuestiona directamente y por tanto cuestiona el sostén principal del régimen.  Va más allá de cualquier demanda gremial, aunque sea antineoliberal y es profundamente política y subversiva porque además tiene un respaldo de masas todavía. Es necesario continuar reclamando que los 43 sean liberados de la condición de desaparecidos en que los mantiene el ejército, como se hizo desde las primeras denuncias de estos casos por Rosario Ibarra.

La crisis de derechos humanos

Es cierto que los 43 de Ayotzinapa son parte de las decenas de miles de desaparecidos que han ocurrido a lo largo y ancho del país. Lo que ha permitido que el caso de Ayotzinapa se vuelva paradigmático y referencia que visibiliza el caso de miles de hombres y mujeres en todo el país es que nuevamente, como en los casos de Rosario Ibarra, los 43 son desaparecidos políticos. Las decenas de miles de desaparecidos desde el gobierno de Felipe Calderón son mayoritariamente víctimas de la sociedad civil que con el proceso de militarización abierto con la “guerra al narcotráfico” fueron ubicados como “daños colaterales” de esa guerra, arbitrariamente considerados delincuentes o después también víctimas de los cárteles (en realidad, cárteles frecuentemente asociados a diferentes gobiernos estatales o municipales) que secuestran para explotarlos como esclavos, como sicarios o para la trata de mujeres. Al desaparecer a los 43 golpearon a un sector estudiantil organizado, con gran tradición de lucha e influido por la izquierda, lo que permitió que rápidamente se diera una respuesta con movilización y organización políticas de lucha. La falta de esta experiencia y conciencia para la absoluta mayoría de las otras víctimas de desaparición forzada de estos años ha hecho que el proceso de organización, de lucha organizada, por parte de los familiares sea más lento y complicado.

De todas maneras el caso de la desaparición forzada es tan extendido por todo el país que también en infinidad de lugares se han organizado comités o grupos de familiares para la búsqueda de los desaparecidos. De nuevoy dolorosamente esta lucha es parte central de la actividad de militantes del PRT, como destacadamente se puede comprobar en Tamaulipas, Chihuahua o Morelos.

Además del carácter transicional hacia el cuestionamiento del régimen que tiene el caso de los 43, es cierto que basados en mucho de la experiencia que el PRT aprendió con Rosario Ibarra y el Comité Eureka en la lucha de la primera época del PRI, hay ciertas definiciones políticas que nos caracterizan en este movimiento.

Insistimos en que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad diferente a las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos o prácticas genocidas como las de Tlatelolco. Es un crimen, igual o peor de cruel que los otros pero diferente. La particularidad es que la víctima de desaparición forzada es sacada de todo circuito legal de la represión oficial y colocado en situación de indefensión por estar precisamente desaparecido. Es irracional e inhumano pero el desaparecido no es igual a un asesinado o a un muerto. Es la razón de ser de la consigna nuevamente gritada de “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. De entrada, insistimos en todos los casos que no admitimos que la persona desaparecida está muerta (a menos que haya sido ejecutada públicamente y se cuente de inmediato con el cuerpo de la persona asesinada). No se trata simplemente de confortar a los familiares, sino explicar las consecuencias políticas y legales de admitir ante la autoridad que la persona desaparecida ya está muerta sin que haya evidencias reales y por el contrario lo único que se sepa es que fue llevada por la fuerza.

Por eso no encabezamos un movimiento por encontrar restos, fosas clandestinas o muertos, sino por recuperar a desaparecidos. Obviamente si hubiera evidencia de casos de ejecuciones puede ser inevitable prestarse a identificar o reconocer restos humanos encontrados en fosas clandestinas. Pero como movimiento lo que impulsamos y organizamos es en la búsqueda y lucha por recuperar a la persona desparecida. Nuevamente: vivos los llevaron, vivos los queremos.

Como dijo Rosario Ibarra en su momento y ahora los familiares de los 43: no hay reparación del daño hecho con una desaparición forzada por medio de una compensación económica. Como dicen las “Doñas” de Eureka: no cambiamos a nuestros hijos por dinero. Lo que queremos es a nuestros hijos no dinero, dicen los padres de los 43. La aceptación del dinero, además del trato inmoral que ofrecen las autoridades, es la aceptación de la muerte del familiar desaparecido por el cual se ofrece una “indemnización”. Pero es aceptar la muerte de un familiar que en todo caso es responsabilidad del Estado aceptar, demostrar y explicar y no es responsabilidad del familiar aceptar cuando no hay evidencia de lo mismo. El aceptar la muerte del familiar sin evidencias, es quitarle responsabilidad al Estado sobre el crimen cometido.

El caso de los 43 es ilustrativo de cómo el Estado considera un costo político menor el aceptar que los 43 estén muertos y cremados por sicarios asociados a autoridades menores por terrible que sea, que admitir que están desaparecidos, pero detenidos con vida por el ejército. Esto último reafirma la responsabilidad del Estado.

Frecuentemente se dice que la pionera lucha de Rosario Ibarra y Eureka ayudó a generar una conciencia sobre el respeto a los derechos humanos que no existía antes. Es cierto. La virtud de haber generado o ayudado a generar esa conciencia a nivel social ha permitido la existencia también de organismos no gubernamentales y otros de colaboración gubernamental dedicados a la defensa de los derechos humanos. Esto ha permitido incluso que en instituciones académicas se convierta en tema de estudio y especialización. Es una experiencia diferente sin embargo pues estos organismos tienen un valioso y legítimo interés en promover y defender derechos humanos, incluso como su actividad profesional, pero no son organizaciones de las víctimas y sus familiares motivados directamente por el crimen cometido contra ellas. De esta manera se han ido introduciendo conceptos en esta cultura y con implicaciones legislativas que son discutibles. Uno de ellos es este de la reparación del daño para los casos de desaparición que juega en las manos de las autoridades como elemento de mediatización de la lucha por la presentación de los desaparecidos y por la erradicación de esta inhumana práctica.

Desde el periodo legislativo en que Rosario Ibarra fue Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el PRI y el PAN han obstaculizado la aprobación de una ley contra la desaparición forzada que incluso organismos de derechos humanos le están exigiendo a México. La propuesta avalada por Rosario Ibarra se quedó en la congeladora legislativa del periodo 2006-2012. Ahora hay un nuevo intento para que finalmente se apruebe esta ley, incluso con algún proyecto avalado por organismos de derechos humanos civiles. Hay  ahí, así como la “reparación del daño”,  otro concepto introducido que es una revisión del concepto original de “desaparición forzada”.

Originalmente se asume que desaparición forzada es cuando ésta ocurre con la participación de algún agente al servicio del Estado, no importa en qué nivel (federal, local, municipal) o con la colaboración, anuencia u omisión de algún agente del Estado. Por eso es que consideramos la desaparición forzada no solamente crimen de lesa humanidad, sino responsabilidad del Estado, de política pública incluso, de un carácter político. Por eso el movimiento de Ayotzinapa dice “Fue el Estado” (y no simplemente un presidente municipal perredista corrupto y su ambiciosa esposa conectada con sicarios). Por eso para diluir la responsabilidad del Estado, Abarca  está acusado de “secuestro” y no de desaparición forzada. El secuestro es realizado por un particular, la desaparición forzada es por un agente del Estado, es responsabilidad oficial. Resulta entonces que en la iniciativa de ley sobre desaparición forzada que se propone al Congreso con el aval de algunos organismos de derechos humanos, se incluye el novedoso concepto de que la desaparición puede realizarse por agentes del Estado o por particulares. Este concepto acude también a quitar responsabilidad del Estado sobre la masiva práctica de la desaparición forzada de todos estos años. El origen de la “guerra contra el narcotráfico” fue una decisión política del gobierno de Felipe Calderón que luego ha continuado EPN, pero busca generar la imagen de un enemigo externo al pueblo de México frente al cual hay que hacer “unidad nacional” tras el gobierno. Seguramente todos los cárteles están ligados de una manera u otra, a diversos niveles con agentes del Estado, sea de los gobiernos, de las fuerzas armadas o de los partidos institucionales. En todo caso, la ley reconoce todavía el delito de secuestro realizado por particulares con fines de extorsión y no es necesario confundir y diluir el carácter de la desaparición forzada.

En este terreno se ubica también nuestra oposición a la ley de seguridad Interior que pretende legalizar la acción de las fuerzas armadas en prácticas policiacas de represión, persecución, espionaje. Obviamente las autoridades militares presionan para que su situación se regularice, en vez de regresarlos a los cuarteles y sacarlos de las calles, para evitar ser juzgados en un futuro por violación a la Constitución. De todos modos su insistencia actual es el reconocimiento que han estado violando la Constitución desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, pero su legalización ahora generalizaría la violación de derechos humanos y apuntalaría un poder político mayor en la conformación de un estado policiaco.

El feminicidio y la violencia contra las mujeres

La otra expresión terrible de la crisis de derechos humanos que se vive en el país y la otra expresión de la barbarie  que a nivel mundial se vive como crisis civilizatoria es el feminicidio como la práctica extrema de todas las violencias contra las mujeres.

En forma similar a lo que decimos de la paradoja que implica que la lucha de Rosario Ibarra de los años 70 y 80, especialmente, por la presentación de los desaparecidos hubiera contribuido a crear una cierta conciencia sobre el respeto a los derechos humanos haya ocurrido, al mismo tiempo, una extensión masiva –es decir de decenas de miles- de la desaparición forzada (aunque Rosario Ibarra misma advirtió que mantener en la impunidad y sin justicia el caso de los 500 desaparecidos políticos, solamente podría permitir que posteriormente se repitiera y generalizara la desaparición forzada) el avance de las luchas por los derechos de las mujeres y la mayor conciencia de su condición, ahora resulte que se haya desatado exponencialmente la violencia contra las mujeres y su extremo, el feminicidio.

Ciertamente detrás de ello está el peso de la estructura y la ideología patriarcal que sostiene al sistema capitalista. Pero esta condición no es nueva ni reciente; por el contrario. Los efectos del neoliberalismo estas décadas, sin embargo, sí han contribuido a fortalecer el sexismo y la violencia contra las mujeres. El “adelgazamiento” del Estado, es decir el abandono de sus responsabilidades sociales y la consecuente privatización de servicios de educación, salud, jubilaciones, y a favor del outsourcing, por un lado. La desindustrialización y por tanto pérdidas de empleos. La no generación de empleos formales el mantenimiento de las desigualdades con respecto a las mujeres e incluso su profundización en la medida que el neoliberalismo elimina derechos y conquistas sociales que afectan más a las mujeres, por otro lado. La feminización de la pobreza. Todas estas consecuencias del neoliberalismo tienen un efecto especial sobre las mujeres. Ocurriendo al mismo tiempo con la continuación de una estructura ideológica patriarcal, de desigualdad, machismo y discriminación de las mujeres alimenta que las tensiones y violencias que se generan socialmente en un estado permanente de frustración, fracaso e insatisfacción se recrudezca en violencia específica hacia las mujeres y niñas, incluso en el ámbito familiar. Pero con la descomposición social iniciada con la militarización y la guerra contra el narcotráfico, la violencia se ha extendido por todo el país, adquiriendo niveles de barbarie extremos que incluye todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, así como contra toda forma de diversidad sexual, no limitado a una ciudad o región sino permeando a toda la sociedad y marcadamente señalada por el feminicidio y la trata.

Pero reconocer el que es en el marco del neoliberalismo que la violencia acuñada en la estructura patriarcal se ha desencadenado a niveles potenciales, es reconocer la necesidad de la lucha política actual contra este régimen y la urgencia de derrocarlo. Precisamente aprovechando y agudizando su crisis de legitimidad a la que nos hemos referido a lo largo de este análisis.

En la lucha contra el feminicidio, además de labores de concientización, de no aceptar como natural ese mundo de violencia y desigualdad, de movilizaciones y acciones para visibilizar la lucha de las mujeres y sus derechos, así como sobre todo del impulso a la organización autónoma de las mujeres, también hemos apoyado iniciativas legales en la defensa de esos derechos. Así como en épocas anteriores, la lucha por el derecho al voto o por la despenalización del aborto, también ahora contra el feminicidio la lucha contra la impunidad y la declaratoria de alerta de género (AVG). Los gobiernos estatales se han resistido a declarar la alerta por violencia de género, pese a cifras escandalosas en sus respectivas demarcaciones, temerosos a un desprestigio político del partido hegemónico en esa entidad y posteriores  votos de castigo.  Esta mezquina actitud es también muestra de que antes que la vida de las mujeres y sus derechos anteponen intereses político electorales y la competencia entre los diversos partidos. Es la infame y misógina frase que lleva al extremo este enfoque cuando la autoridad en el Estado de México afirma que debe enfrentar problemas  ¡“más importantes” que el feminicidio!

Pero después de muchos esfuerzos en algunos estados de la República se ha conseguido la declaratoria de alerta de género. Los resultados en lo inmediato sin embargo son muy escasos y la violencia no para. Esto no nos lleva  a la equivocada conclusión de que sea inútil esta lucha. Por el contrario, los límites que se hacen evidentes al obtener estas conquistas parciales, como son las AVG en los estados de la República, muestran la necesidad de continuar en la lucha política contra el conjunto del régimen político que sostiene estas estructuras. La conclusión no debe ser el abandono de la lucha política contra el feminicidio sino por el contrario el profundizarlo con la lucha más general por el fin del actual régimen político y en última instancia el Estado capitalista que sostiene y se apoya en la estructura patriarcal.

Por la sensibilidad y compromiso del PRT en este terreno, de hecho la lucha contra el feminicidio y las violencias contra las mujeres se han convertido en un eje de acción. Militantes del PRT en diversas ciudades ya lo tienen como ese eje que debe continuar, apoyarse y fortalecerse. Destacan obviamente la acción de camaradas en Cuernavaca, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tijuana, además del Estado de México y la Ciudad de México.

Es importante defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con un enfoque histórico como el que utilizamos para derechos democráticos, como los relativos a las elecciones e instituciones de representación política. No podemos aceptar una suerte de “naturalización” de la violencia contra las mujeres con un argumento pretendidamente radical, socialista o anticapitalista. Es decir, aquel argumento que insistiendo correctamente entre el vínculo del machismo y la estructura patriarcal con la explotación capitalista, concluye que la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos es “consustancial” al capitalismo, que es una conclusión fatal e inevitable y por lo tanto la defensa de estos derechos son utópicos por inalcanzables e ingenuos en su reclamo y lucha.

Si concluimos que el feminicidio y la violencia contra las mujeres se han agudizado, partiendo ya de una estructura patriarcal, pero como consecuencia del neoliberalismo, debemos también concluir que estamos enfrentando una construcción política históricamente determinada que debe y puede derrotarse para así defender y recuperar todos los derechos. El argumento fatalista que interpreta así la violencia feminicida como consustancial al capitalismo e inevitable, se parece al viejo argumento estalinista que rechazaba la lucha por los derechos de las mujeres, por su liberación y contra toda forma de opresión y explotación, es decir la perspectiva feminista, señalándola como “pequeño burguesa” y “desviacionista de la lucha proletaria” diciendo que la liberación de las mujeres solamente se conseguiría en el socialismo. Con este argumento se descalificaba la lucha de las mujeres, pero sobre todo se oponía a la propia lucha de las mujeres a su organización propia y autónoma para la reivindicación de sus derechos y en definitiva su liberación de la opresión sexista. El argumento estalinista que se opone a la lucha autónoma propia de las mujeres hoy con la falsa promesa de que el socialismo “les hará justicia” en su momento, es opuesto  también al enfoque marxista sobre el movimiento obrero que sostiene que la liberación de la clase obrera será obra de la propia clase obrera. Ni Dios, ni Mesias, ni salvadores, como dice La Internacional. Es decir si no hay lucha propia y autónoma de las mujeres por sus reivindicaciones, nadie –como moderno Mesías- se las otorgará. Menos Mesías, Salvadores o Dioses que son parte  del pensamiento patriarcal que en definitiva considera a las mujeres incapaces de luchar ellas mismas por sus propios derechos. Así es que igualmente hoy debemos rechazar la idea de que la violencia sexista es inevitable en el capitalismo porque en definitiva llama a no luchar organizadamente contra esa violencia por considerar imposible el respeto a los derechos de las mujeres, a abandonar la militancia y encerrarse en una perspectiva individual, de auto conciencia.

Es el tiempo de la lucha política y la militancia

La descomposición social e incluso institucional (con el “adelgazamiento” del Estado) que ha provocado estos años el neoliberalismo es parte en general de la crisis civilizatoria que vivimos en el mundo. Los textos de la Cuarta Internacional en preparación al Congreso Mundial –especialmente el que lleva el nombre muy significativo de “caos geopolítico”- señalan y detallan los elementos de esta crisis civilizatoria.

La famosa  disyuntiva de Rosa Luxemburgo entre barbarie o socialismo sobre la que advirtió a principios del siglo XX y que frecuentemente es citada para señalar los graves riesgos que coyunturalmente nos enfrentamos en estas crisis, tiene otra posible lectura. La disyuntiva no es para advertir de crisis coyunturales e inmediatas. Es para decir que la disyuntiva planteada por Rosa en vísperas de la Primera Guerra Mundial se cumplió desde entonces por la negativa. Aunque en 1917 triunfó la Revolución de Octubre, esa experiencia liberadora fue derrotada por la contrarrevolución estalinista pocos años después, quizá para el emblemático momento del Pacto Hitler-Stalin en 1933. Y si el socialismo no triunfó como planteaba Rosa, en cambio triunfó la barbarie. Inmediatamente después estalló la Primera Guerra Mundial por los intereses imperialistas disfrazados de patrioterismo y la carnicería humana que dejó con la guerra de trincheras y miles de muertos y lisiados. No bien terminó la Primera, cuando empezaron los preparativos de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo y simultáneamente la burocracia estalinista. Los campos de concentración y exterminio de los Nazis contra judíos, comunistas, gitanos, personas con discapacidades, al mismo tiempo que el Gulag estalinista y la masacre de millones de personas en esos campos de concentración entre bolcheviques, opositores al estalinismo y sus familiares y sospechosos de críticos al sistema. Las bombas atómicas del imperialismo yanqui sobre Hiroshima y Nagasaki, es decir sobre ciudades completas, contra población civil y no contra objetivos militares, para forzar la rendición de Japón. Y desde ese momento una larga lista de horrores y crímenes, que se profundizan y extienden con la imposición del neoliberalismo y la destrucción de conquistas sociales y humanas previas, así como el ecocidio y la devastación de la naturaleza en función de los intereses capitalistas. Es decir, la barbarie enseñoreada. Y con la combinación de todas las crisis –económicas, políticas, culturales, ecológicas- la joya de la corona que las subsume, la crisis civilizatoria.

Ya sin las ataduras rígidas en la izquierda del pensamiento originado en la burocracia estalinista y pese al diagnóstico neoliberal que presumía del “fin de la historia” y del triunfo del capitalismo, como las contradicciones sociales propias de este sistema no pueden desaparecer, las resistencias y las luchas han resurgido y también la búsqueda de un pensamiento crítico que quiere explicar lo ocurrido y las perspectivas, aunque haciendo tabla rasa, olvidando o desconociendo la lucha desarrollada durante el siglo XX del marxismo revolucionario contra todas las deformaciones, claudicaciones y traiciones originadas tanto en la socialdemocracia como en el estalinismo.

De esta manera, en la crisis misma del neoliberalismo, se avanza tanto en los movimientos de resistencia  e incluso en medios académicos en que previamente habían arrasado con el avance del pensamiento marxista de fines de los años 60 y los 70 cuando Ernest Mandel explicaba los efectos de la “proletarización del trabajo intelectual” en una cierta conciencia anticapitalista. Como parte de lo anterior es que es significativo el avance en la conciencia, incluso en los movimientos sociales, de una visión y crítica anticapitalista de las diversas expresiones de la barbarie capitalista. Ya no solamente como un enfoque humanitario, ecologista, feminista, o igualitario, sino apuntando a una explicación y definición anticapitalista, aunque no necesariamente revolucionaria y socialista. El ejemplo más reciente es la impresionante y significativa movilización mundial del 8 de marzo, convocada por una nueva ola feminista alrededor del concepto de la huelga de mujeres (en español se uso la palabra paro de mujeres) y frecuentemente refiriéndose como anticapitalista.

Este importante avance de una conciencia anticapitalista pero que hace caso omiso del esfuerzo previo del marxismo revolucionario tiene por tanto también algunas complicaciones.

David Harvey ha hecho importantes contribuciones al estudio de la barbarie capitalista neoliberal. Explica, diríamos en forma esquemática, que con el neoliberalismo se desarrolla una forma de acumulación por despojo. La bárbara vía de acumulación por despojo no se detiene ante nada y no le interesan derechos y conquistas sociales y humanas para imponerse. Arrasa con todo por despojo y no importan derechos, ni formas, ni legalidad ni legitimidad.

La lectura de estos análisis lleva a algunos activistas y seguidores de los mismos a advertir sobre las desastrosas consecuencias para la humanidad toda que implican este despojo. De nuevo aparece como una evolución-degradación social y humana inevitable y fatal, ante el empuje de esta barbarie neoliberal. De esa manera algunos ponen fechas y plazos para que la dinámica de esta barbarie –sin posibilidades de detenerse o desviarse- se cumplan en una suerte de cataclismo, holocausto o fin del mundo apocalíptico. Peor aún, es la conclusión de que esta agonía del capitalismo y la humanidad sumida en la barbarie hace ya imposible la defensa de derechos sociales y humanos pues están perdidos de antemano. En una crítica radical al capitalismo, se concluye en el abandono de una premisa marxista y revolucionaria básica: la praxis revolucionaria.

Vale la pena recordar aquí la tesis XI de Carlos Marx sobre Feuerbach cuando dice: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos al mundo, de lo que se trata es de transformarlo”.

Desde nuestro punto de vista la crisis civilizatoria, la barbarie capitalista instalada, justifica la necesidad y urgencia de la militancia revolucionaria con una perspectiva ecosocialista. Pero ello no plantea el abandono de la defensa de derechos sociales y humanos indispensables por considerarlos supuestamente imposibles de lograr o ya arrasados por el neoliberalismo e irrecuperables, sino para integrarlos en la perspectiva de un programa de transición que apunte para el derrocamiento del régimen político actual y en definitiva del capitalismo. ¿Que se trata de una tarea o conjunto de tareas extremadamente difíciles y a contra corriente? Es cierto. Pero no hay otra alternativa que no sea la aceptación de la maldición capitalista como fatal e invencible, como nos la presentan, en realidad, Fukuyama y otros ideólogos del neoliberalismo. Esa aceptación conduce a la pasividad del pretencioso intelectual que cree tener bola de cristal para predecir y explicar lo que ocurre, sin ensuciarse las manos en la lucha, sin comprometerse y limitándose al papel criticado por Marx del filósofo que se limita a “explicar el mundo”.

Recientemente el camarada Andrés Lund en la explicación de lo que llama la era del antropoceno, dice correctamente que para algunos es más fácil (y creíble) imaginar el fin del mundo que el derrocamiento del capitalismo. Imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo. Es cierto que el capitalismo ya pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad toda, por eso enfrentamos también una crisis civilizatoria, pero la otra cara de la moneda también es cierta. Para que ese final apocalíptico no ocurra la alternativa es acabar con el capitalismo. ¿Difícil? Sí. Pero no aceptamos una visión religiosa, teleológica, que simplemente predice, como moderno profeta, el fin del mundo en la hoguera del capitalismo como inevitable. Nada es inevitable. Tampoco el triunfo revolucionario sobre el capitalismo, es cierto. Pero eso depende siempre de la acción humana, en este caso de la clase trabajadora, de hombres y mujeres comprometidos en la lucha política de masas, en la militancia revolucionaria.

Cada disyuntiva –como la planteada por Rosa- está abierta. Depende de la acción humana y de las clases su resultado, mismo que no está predicho fatalmente. El resultado por la negativa va elevando la apuesta y el costo de la siguiente, pero de todos modos sigue abierta a una crisis mayor y a una salida mayormente radical. Si barbarie o socialismo al inicio del siglo XX se perdió por la negativa, eleva las dificultades para la apuesta. Al analizar el triunfo contrarrevolucionario estalinista, Trotsky presentaba una nueva disyuntiva: o la clase obrera soviética derroca a la burocracia y restablece la democracia soviética o la burocracia terminará por restaurar el capitalismo. El esfuerzo y el proyecto de la Cuarta Internacional fundada por Trotsky se centraba por eso en el triunfo de lo que llamaríamos la revolución política contra la burocracia. Al final el pronóstico de Trotsky se cumplió por la negativa: la restauración capitalista y por tanto el desfondamiento de la Unión Soviética. Hace ahora más difícil la perspectiva aunque al mismo tiempo regresa a la contradicción principal previa a 1917: la revolución anticapitalista en Rusia y ya no la revolución política contra la burocracia.

Con el ascenso del neoliberalismo y la pérdida de conquistas sociales y humanas previas, el impulso de una cultura individualista y el ataque ideológico contra la cultura de la salida colectiva, de la solidaridad humana y de clase, decir que sí hay salida a la actual crisis y que esa crisis pasa por la militancia y la organización partidaria (cuando el neoliberalismo arrasa también con el prestigio  de la noción de partido y de las instituciones políticas de representación) es obviamente muy difícil en estos tiempos. La imagen de un futuro sin futuro, de la imposibilidad de transformar el mundo porque éste estaría ya transformado en la barbarie actual sin remedio, empieza a ser casi pensamiento común, al mismo tiempo que crítico a la sociedad actual, fatal o cínicamente aceptado como ineludible. Un pensamiento común que se refleja culturalmente en películas y novelas sobre un futuro que no es ya el de una utopía revolucionaria, sino de la distopia. Al mismo tiempo la crisis de valores todos, la hegemonía de los valores individualistas o la hegemonía de la falta de valores y el cinismo, deja abierta la puerta para una lucha en este terreno a cualquier posibilidad.

¿Es posible ganar en el neoliberalismo? La dialéctica de las conquistas parciales.

Insistimos en la lógica existente entre las demandas de transición que tienden a cuestionar al sistema en su conjunto o al régimen político existente, pero que ciertamente arrancan de la lucha por demandas democráticas. No pretendemos llegar a una posición ultimatista que rechace la lucha por demandas democráticas, transitorias, en aras de la “última instancia”: el derrocamiento del sistema. Hay un vínculo entre ambos elementos que está unido por la acción política, por la movilización, la lucha y la militancia.

En esta terrible fase de imposición de las más reaccionarias reformas neoliberales por el gobierno de EPN y los partidos del Pacto por México, hay dos luchas, especialmente, que son ilustrativas al respecto. La primera es la del SME, desde el 2009 en que se liquidó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro hasta su fase actual de “reinserción laboral”. La otra es la lucha del magisterio contra la llamada “reforma educativa” impuesta durante el gobierno de Peña y sus momentos más candentes, tanto en el 2013, como especialmente durante los 150 días de paro en lucha contra la punitiva evaluación en 2016.

El balance de la lucha del SME fue ampliamente explicado en la Escuela de Cuadros del PRT de diciembre del 2015 por el compañero Humberto Montes de Oca, así como en la entrevista que le hizo el camarada Franck Gaudichaud en esos meses, en torno a lo que ha llamado “triunfo parcial y transitorio”.

Es un triunfo parcial porque de la heroica y prolongada resistencia del SME contra la liquidación de la Compañía de Luz, finalmente han conseguido recuperar el trabajo en la industria, reafirmar la existencia del sindicato por medio de un nuevo contrato de trabajo ante una nueva empresa, aunque ciertamente no ha sido en las condiciones previas al 2009, pues no se pudo revertir la desaparición de la Compañía de Luz.  La contratación del SME con la empresa de capital portugués, Fénix y la constitución de la Cooperativa Luz y Fuerza (integrada con la mayoría de los electricistas en resistencia) como la forma en que finalmente se está obteniendo la reinserción laboral es, como siempre sucede en el balance de una lucha, motivo de polémica.

Sin embargo, nosotros reivindicamos el camino de lucha y resistencia sostenido por el SME desde el 2009. La otra opción, la de renunciar a la lucha y resistencia, que era la que quería imponer el sistema y que para imponerla estaban dispuestos a realizar una gran represión policiaca y militar, hubiera significado la mayor derrota al movimiento obrero (al destruir al histórico SME) y hubiera sido seguir el mismo camino de sindicatos controlados por los charros, como en su momento el de ferrocarriles, al liquidarse Ferronales o la perspectiva capitulante y colaboracionista hasta la muerte en la que van el SUTERM  o el sindicato petrolero.

La contratación con Fénix, es decir con Motta Engil, es obviamente con una empresa privada de las que la reforma energética facilita para que exploten nuestros recursos las empresas imperialistas. Porque la solución para la reinserción laboral de los compañeros del SME ocurre en el marco de la imposición de la reforma energética privatizadora y neoliberal por parte del gobierno de EPN y los partidos del Pacto por México. Ciertamente, la reforma energética así como las otras reformas neoliberales de este sexenio representan una derrota para los intereses de la clase trabajadora y el pueblo mexicano todo. Pero es una derrota de todo el pueblo trabajador y no solamente del SME. La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue el primer paso en la dirección privatizadora de la reforma energética que finalmente se impuso a fines del 2013. La resistencia del SME viene desde antes. Y la imposición de la reforma energética no es responsabilidad del SME y su resistencia. Como hemos analizado antes, resulta de la recomposición de fuerzas sociales y políticas previas, incluida la colaboración y subordinación de los partidos del Pacto por México ante el gobierno de Peña y el PRI, así como la inconsecuencia de Morena y la debilidad del movimiento general de resistencia al neoliberalismo.

Cuando, finalmente la reforma energética se impone, al SME ya le han rechazado su último recurso para la recontratación bajo el concepto de “patrón sustituto” y desde principios del 2013 se concentra en que su movimiento exige una respuesta política del gobierno centrado en tres demandas: la reinserción laboral, la libertad de los presos políticos del SME y la jubilación (que finalmente tomará la forma de pensión vitalicia) de los trabajadores en resistencia que hubieran alcanzado el tiempo necesario (aun dentro del periodo de resistencia) para ese derecho.

Las tres demandas centrales finalmente se consiguieron. La más polémica es la de la reinserción laboral porque ocurre en el marco de las condiciones impuestas por la reforma energética. Por eso, Montes de Oca agrega al calificativo de triunfo parcial, el de transitorio. Porque no cejamos, dice, en la demanda de renacionalización de la industria eléctrica, que es parte de la lucha contra la reforma energética. De hecho, en estas semanas que están las nuevas movilizaciones de la ANUE, además de tarifa social y borrón y cuenta nueva, la movilización enarbola la demanda del SME de renacionalización de la industria eléctrica.

O sea es triunfo parcial porque se consigue la reinserción laboral en una relación de fuerzas social y política desfavorable para el movimiento obrero y para el SME en particular. Es en el marco de la reforma energética privatizadora que consiguen la reinserción laboral. Y aunque sea para una minoría de los electricistas en resistencia, el SME contrata con Fénix para la generación de energía eléctrica, salvando así la existencia activa del sindicato cuya destrucción era otro de los objetivos de los neoliberales.

La conquista parcial en un marco de relación de fuerzas desfavorables, se parece a la explicación que Lenin da cuando la firma de Brest Litovsk. A lo que le criticaban de  “negociar” con el enemigo, les decía es como encontrarte en un callejón oscuro con un asaltante armado que te amenaza con “la bolsa o la vida”. Si para salvar la vida, entregas el dinero, no es que estás “negociando” con el enemigo. Así el SME salvó la existencia del sindicato y recuperó el regreso al trabajo en la industria eléctrica de sus compañeros en resistencia.

La lección es clara. Nada hubiera sido posible sin la lucha. Sólo la lucha paga. Fue impresionante y más claro esto cuando obtuvieron el derecho a la pensión para trabajadores que habían completado su edad de jubilación incluyendo el periodo de resistencia en que no tenían trabajo. A diferencia de aquellos que tomaron la liquidación en 2009 y 2010 y que no confiaron en la lucha y organización y que seguramente en el 2013 ya se habían gastado esa liquidación, los compañeros que se mantuvieron en la resistencia empezaron a disfrutar de la pensión, incluso como una suerte de salarios caídos pues incluía el tiempo transcurrido desde el 2009 y ese derecho ya no lo podían ejercer los que habían aceptado la liquidación en su momento.

Por eso nuestra insistencia en que vale la pena la lucha y la resistencia organizada y colectiva. El derrotismo que implica aceptar como fatal e imposible de oponerse a la barbarie capitalista, debe hacerse a un lado. El camino es el de la lucha y la militancia.

Obviamente, la negociación con el enemigo puede imponer un triunfo parcial y transitorio, pero siempre correrá el riesgo de nuevas trampas y revanchas del enemigo. Después que los bolcheviques firmaron la paz en Brest Litovsk, al poco tiempo 14 ejércitos imperialistas invadieron la Unión Soviética tratando de derrocar al poder soviético. La ofensiva contrarrevolucionaria fue derrotada por el Ejército Rojo formado por Trotsky. Pero eso no suponía que hubiera sido un error haber firmado previamente la paz en las condiciones que se les impusieron. Así ahora en el caso del SME, las trampas y triquiñuelas burguesas reaparecen violentando a veces los acuerdos políticos. En algún caso, por ejemplo, Fénix intentó contratar trabajadores por fuera del SME. Obviamente el sindicato reaccionó reclamando respeto al contrato colectivo firmado. En otro momento retrasaron, desde el gobierno federal, el pago de las pensiones por varios meses. Y ahora, lo más grave, pretendiendo que la Cooperativa lleve a cabo, como su trabajo, los planes de “modernización tecnológica” que van contra los usuarios en resistencia que estamos haciendo huelga de pagos. Son nuevo retos y problemas que enfrenta el sindicato y que deberá resolver con la misma orientación previa. Si lo logra o no, si falla en esta nueva etapa, será otra discusión. Pero eso ya no cuestiona lo correcto que en su momento ha sido pactar la reinserción laboral en la forma que se hizo.

Nos oponemos, por tanto, a los que por razones sectarias que van desde los voceros de Morena hasta posiciones ultraizquierdistas que consideran “traición” la resolución de la reinserción laboral. También nos oponemos a la versión que considera que desde el primer golpe dado en 2009 por Felipe Calderón, el SME fue derrotado y ya no existe. Los hechos muestran lo contrario. Existe y vive, en las condiciones desfavorables actuales y además su dirección pasó la prueba al no aceptar la liquidación que hubiera significado la liquidación del SME. Por el contario, a diferencia de los charros, optaron por la lucha y la resistencia y aquí están los resultados.

En la nueva situación habrá que ver la evolución de los acontecimientos. Al ser un triunfo parcial y transitorio, se requiere mantener la continuidad política, la continuidad en esta visión política de resistencia. Como dijo una declaración de la OPT de fines del 2016, no es posible dar la espalda ahora a los que apoyaron al SME durante su lucha previa, como han sido los usuarios organizados de la ANUE. La combinación de formas de organización y reinserción del sindicato con la cooperativa implica también la necesidad de consecuencia y habilidad política para evitar historias de abandono de la lucha por parte de cooperativas obligadas a pelear en el mercado. La reinserción laboral ha sido una demanda legítima que el sindicato ha enarbolado y que ha mantenido la resistencia en el sindicato. En el curso de la resistencia, la dirección sindical la condujo también en el camino de nuevas experiencias de organización y luchas que reclamaban una conciencia política mayor. La resistencia ha sido así una escuela. Así impulsaron en este periodo no solamente la ANUE, sino la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la federación de jubilados y la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). Pero el interés gremial, económico, por el trabajo y la estabilidad en el empleo es también un peso que puede limitar o alejar de aquella dinámica política del periodo más duro de la resistencia. Por ahí andan los nuevos retos.

El otro ejemplo de resistencia en este periodo es el del magisterio contra la reforma educativa. Pero como este caso ocurre en el marco nuevamente de otra expresión de la crisis de legitimidad política del régimen, lo incluimos así en el siguiente capítulo.

El tercer acto de la crisis de legitimidad: el 2016.

La lucha contra la reforma educativa durante 2016 fue el movimiento más amplio y prolongado contra alguna de las reformas neoliberales impuestas durante el gobierno de Peña. Sin duda que la reforma energética es la de mayores consecuencias históricas y del mayor retroceso, es como se dice la joya de la corona de las reaccionarias reformas neoliberales. Pero no se logró organizar una resistencia contra la misma tan grande como la del magisterio contra la reforma educativa. Esta resistencia también logró, en una dimensión diferente a la del SME organizando a los usuarios de energía eléctrica, organizar solidariamente a los padres de familia de los estudiantes en muchas regiones del país, dándole un carácter muy popular a esta resistencia.

En la primera jornada de lucha contra la reforma educativa, durante el 2013-14, como ya dijimos antes las diversas resistencias contra las reformas neoliberales no pudieron derrotarlas en la medida que fueron cada una por su lado y en momentos diferentes. En el caso del magisterio hay que agregar que aprovechando la anterior reforma que había implicado la descentralización educativa o federalización, permitió que la respuesta de Gobernación a las grandes concentraciones en la Ciudad de México, fuera canalizar a cada contingente sindical con el gobierno del Estado correspondiente, desorganizando así la movilización nacional. Una movilización nacional necesaria pues se trataba de una “reforma educativa” al nivel federal y decidida en el Congreso de la Unión. Negociar con los gobiernos estatales conducía inevitablemente  a ir a una negociación parcial, gremial, sobre aspectos secundarios que no ponían en cuestión la reforma general.

Cuando en 2016, con la evaluación educativa punitiva, consecuencia de la reforma general aprobada, se pretende aplicar en todo el sistema educativo nacional, las limitaciones de las negociaciones estado por estado se hicieron evidentes y se pudo organizar un amplio movimiento a nivel nacional contra la reforma educativa y concretamente contra la evaluación punitiva.

Ahora sí las protestas y la resistencia se expresaron prácticamente en todo el país, no solamente donde existían ya corrientes sindicales de oposición a la dirección nacional del SNTE, como la CNTE de Oaxaca, Michoacán o Chiapas, sino de muchas otras corrientes, como la del CEND y en algunos casos como en Nuevo León o Veracruz, con direcciones sindicales oficialistas o de los institucionales que prácticamente se rebelaban en este aspecto a la dirección charra del sindicato. Desgraciadamente, la CNTE que es la corriente opositora más antigua y de mayor tradición, incluso con direcciones seccionales reconocidas oficialmente, como la 22 o la 18, no supo o no quiso articular una corriente nacional de oposición, superior a la CNTE, agrupando en una nueva instancia de lucha a todas las fuerzas que entraban a la lucha. La dinámica sectorial, particular, estatal que favorece la federalización, se impone, así como visiones sectarias y de autoconstrucción alrededor de las fronteras propias y actuales de la CNTE.

De todos modos, la expresión amplia y nacional se dio, aunque no fuera completamente coordinada nacional y centralmente. Incluso el magisterio del DF, actualmente Ciudad de México, que fue decisivo en la movilización de 1989 y que en esta nueva oleada de lucha ha estado prácticamente ausente (lo que hizo más complicado los plantones en el Zócalo y luego en el Monumento a la Revolución ante la presión del GDF, por ser campamentos básicamente de maestros de fuera del DF) empezó a expresarse, aunque todavía débilmente en la mitad del 2016. En algunos lugares la resistencia magisterial logró avanzar a convertirse en un movimiento popular por el apoyo de padres de familia y comunidades, sobre todo en Oaxaca. En esas condiciones fue que la resistencia y el boicot a la evaluación empezaron a tener éxito y el gobierno tuvo que recurrir a la fuerza pública para obligar a la evaluación educativa.

En ese contexto ocurre la represión en Nochixtlán. Las calumnias del gobierno contra Nochixtlán son ejemplo del nivel que había alcanzado el movimiento. Cuando argumentan que gente del pueblo supuestamente manipulada por los maestros son los que hacían la protesta y el bloqueo en Nochixtlán, en realidad están reconociendo la extensión popular del apoyo a los maestros.

En ese marco es que también vemos otra gran expresión , la tercera ocasión,  de la crisis del régimen. En el terreno educativo con el ridículo de Nuño diciendo que no habrá negociación con los maestros mientras no vuelvan a clases, para después de Nochixtlán tener que aceptar a regañadientes el anuncio de Osorio de que se reabren las negociaciones. Y en cada paso queriendo imponer la evaluación nuevos fracasos ante la extensión del movimiento.

En ese contexto es que López Obrador llama en junio a una gran concentración en la Ciudad de México de Morena en protesta por la represión a los maestros. El estúpido de Nuño, queriendo descalificar al movimiento abona al terreno de AMLO, al acusar a la CNTE (como supuesta representación del conjunto del movimiento como lo manejan los medios) de ser parte de Morena o estar manipulado por Morena o por López Obrador.

En los siguientes meses la debilidad política del gobierno de EPN se hará nuevamente manifiesta, como había sido durante las primeras movilizaciones por Ayotzinapa (que obviamente como Normal rural es parte del movimiento contra la reforma educativa). Va a volver a salir de esta crisis porque el movimiento magisterial no logra concretar un movimiento nacional organizado contra el régimen político, cuando ya no había otra manera de echar abajo la reforma educativa mas que retomando la perspectiva de “Fuera Peña” y por el papel de López Obrador, relevantemente a partir de lo Nochixtlán y el mitin de Morena.

En la magna movilización de Morena en el mes de junio en el centro de la CDMX, después de la represión de Nochixtlán, López Obrador delineó claramente su estrategia, lo que constituye su línea política. Le propone a Peña Nieto, instalar un “gobierno de transición”, quitando a Osorio Chong de Gobernación y abriendo el actual gabinete a convertirlo en un “gabinete de transición” hacia un nuevo gobierno surgido de la elección del 2018. Le plantea que así se garantiza una “transición pacífica” hacia el nuevo gobierno, después de explicar cómo el caos actual se parece a la situación previa al estallido de la Revolución de 1910. E inmediatamente agrega, pero nosotros no queremos una revolución violenta, sino una revolución de las conciencias y por eso propone un “gabinete de transición”. Es una típica propuesta de “transición pactada” que en todos los casos conocidos (la salida de Pinochet, así como la salida de los militares y el regreso a la “democracia” en Argentina o Uruguay, o el Pacto de la Moncloa en España y el inicio del régimen bipartidista hoy en crisis) negocia el relevo, la “alternancia”, sacrificando al movimiento y sus demandas sean democráticas (por ejemplo, los desaparecidos en el Cono Sur) o las luchas obreras por demandas económicas y métodos de lucha como la huelga general en España. En este caso, la “transición pactada” que AMLO le propone al régimen implica un gobierno de cohabitación, le llaman en Francia, y a cambio pretende garantizar una transición “pacífica” llevando a los movimientos a supeditar todo a las votaciones de julio del 2018. Porque su pronunciamiento en solidaridad con el magisterio es en contra de los despidos y la represión, pero no es en respaldo a sus formas de lucha, sea el paro de labores, boicots, o los plantones y bloqueos de caminos. Cuando dice “transición pacífica” se refiere a que el movimiento no use métodos “violentos”, sino que se supedite a campañas electorales y emisión del voto para así lograr el cambio. Obviamente la miopía política de Peña le lleva de inmediato a rechazar la propuesta de “gabinete de transición” (o sea compartido con Morena), aunque como ha dicho el compañero Almeyra, la propuesta de AMLO no está dirigida solamente a Peña, sino a los que mandan a Peña, a lo que antes llamaba la Mafia del Poder. Pero independientemente de que Peña acepte o no, la propuesta de AMLO es línea política con la que se conduce, como si el régimen hubiera aceptado su propuesta. En esa lógica no es sorprendente que posteriormente anuncie amnistía a los criminales del poder que se arrepientan (en Sonora incluso le propuso a Beltrones integrarse a Morena), que afirme que su gobierno no será de revancha y venganza o persecución. En esa misma lógica, en esa línea, es que cuando las movilizaciones alrededor  del 15 de septiembre de 2016, resurge la consigna de “Fuera Peña”, López Obrador se opone y dice “no queremos un gobierno de escombros”, no es el momento de la salida de Peña, según él, sino esperar a los comicios del 2018 para que la transición sea pacífica, ordenada e institucional.

Lo anterior no es un recurso retórico en medio de un discurso. Expresa una línea política del partido impuesta por AMLO (no es importante para nosotros si es una línea impuesta arbitrariamente por López Obrador o si tiene consenso en ella o si fue resuelta democráticamente, pues eso es un problema de los militantes de ese partido que aceptan a un caudillo) que tiene consecuencias en la situación política pues pretende desviar a los movimiento del curso de luchas y resistencias contra el poder oligárquico neoliberal en profunda crisis de legitimidad para llevarlos a posponer esas luchas y esperar a emitir el voto en julio del 2018, obviamente por Morena. Aunque Peña no diga que acepta o no la propuesta de conciliación, es línea de Morena que busca imponerse en el movimiento. Cuando Trotsky criticaba la línea del Frente Popular estalinista que buscaba la alianza y supeditación con la “burguesía nacionalista” algunos le pretendían corregir diciendo que en algún lugar la burguesía no aceptaba esa alianza, a lo que les replicaba: no importa pues el PC estalinista actúa supeditado a la burguesía, aunque en el Frente Popular esté solamente la sombra de la burguesía. Así ahora, la conducta de AMLO como jefe de Morena, es como si la Mafia en el Poder hubiera aceptado el gobierno de transición y él actúa en consecuencia, subordinando todo a las elecciones del 2108 y negándose a profundizar la crisis del régimen y a acelerar la caída del mismo. Pero solamente la caída del actual régimen político permitiría crear nuevas condiciones y reglas de participación política incluso para una verdadera elección presidencial, lo que las actuales instituciones político electorales en descomposición no garantizan.

El 17 de mayo de 2016, en el Día Internacional contra la Homofobia, sorpresivamente (en realidad también como parte de las presiones internacionales de organismos de derechos humanos) Peña Nieto anuncia su iniciativa para legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo en todo el país (pues en la actualidad estos solamente están reconocidos en la Ciudad de México y en Coahuila). La iniciativa provoca una airada y feroz campaña en contra de la derecha y especialmente de la Iglesia Católica. Desde los púlpitos, pero también en la calle llaman a oponerse a esta iniciativa y a exigir al gobierno que la retire del Legislativo donde debería discutirse y aprobarse. El punto culminante es cuando la derecha y la Iglesia Católica llaman a realizar una movilización nacional y simultánea en la mayoría de las capitales del país. La manifestación es multitudinaria. Finalmente, el PRI recula y retira la iniciativa de la discusión en el Legislativo. La crisis y debilidad del régimen es manifiesta. Y la experiencia es muy significativa. La izquierda y los movimientos sociales de resistencia no pudimos evitar la aprobación de ninguna de las reformas neoliberales. Las movilizaciones tuvieron las debilidades que hemos analizado, especialmente el que fueron en paralelo y en diversos momentos y sin plantear el problema del gobierno, pero ciertamente hubo movilizaciones contra esas reformas. La única reforma del gobierno de Peña que ha logrado derrotarse completamente, cuando la retiraran antes incluso de que entrara a discusión formal, ha sido la que impugnó, incluso con movilizaciones masivas en la calle, la derecha y la Iglesia Católica.

Cuestionado desde la izquierda y desde la ultraderecha católica, así llega al 15 de septiembre en que resurge el grito de “Fuera Peña”. Y es ahí donde, acorde con la línea expresada desde junio, López Obrador se opone nuevamente a esa consigna diciendo “no queremos un gobierno de escombros”. Hay que ir a las elecciones de julio del 2018. Nuevamente el llamado a posponer la lucha para mantenerse en la línea institucional.

El movimiento magisterial, sin lograr articular un movimiento central nacional, más allá de la CNTE y sin encontrar la vía para la lucha contra el gobierno para rechazar la reforma educativa, se mantiene sin embargo heroicamente, sufriendo incluso centenares de despidos u ceses, un paro de 150 días seguidos y boicoteando muchas de las citas para evaluación educativa. Por esta vía, sin embargo, se van avanzando acuerdos parciales o por estados. Destaca en ese sentido por parecer un acuerdo implícitamente generalizado al resto del sistema educativo, el acuerdo conseguido por la CNTE de Chiapas con Gobernación en la persona del subsecretario Luis Enrique Miranda para posponer la aplicación de la evaluación educativa hasta el 2018 o mantenerla ahora solamente como voluntaria y que su aplicación no sea forzosa. El acuerdo que seguramente implicaba ser a cambio de regresar a clases,  tiene la complicación adicional que es un acuerdo verbal, es decir no escrito, seguramente para no provocar la ira de otros sectores del gobierno. Pero además al poco tiempo Miranda es relevado de Gobernación para ir a otra Secretaría como parte de cambios en el gabinete. Nuevamente estamos en la discusión de valorar conquistas parciales en un marco desfavorable o defensivo. Con la complicación adicional de que no hay un balance político del conjunto del movimiento al respecto de este resultado.

Ciertamente el balance debe tener, también en este caso, lecturas desde diversos ángulos. Sin haber eliminado la reforma educativa, la posposición de la evaluación educativa que es un aspecto central de esta reforma que como se ha explicado es más bien una reforma laboral y por tanto que atentaba contra la seguridad en el empleo (que es lo que destaca de la evaluación punitiva), es un triunfo parcial y momentáneo. De nuevo, no se habría conseguido sin la lucha. Es una posposición, lo que no lo resuelve en definitiva pero que lo debilita pues el gobierno no habría querido que estuviera en duda para las elecciones del 2018. Pero al mismo tiempo es una posposición que favorece la posición de López Obrador de posponer las luchas. En este caso no es que el movimiento se subordinó a Morena y por eso pactó la posposición de la evaluación, sino que lo que logró arrancarle al gobierno fue, por lo menos, la posposición. Pero eso parece darle la razón a AMLO, aunque al mismo tiempo éste ya ha declarado que no es posible abrogar así nomás la reforma educativa, sino que hay que analizarla y considerarla democráticamente, o sea va suavizando su posición, en aras de la conciliación ofrecida al régimen en crisis y haciendo a un lado la demagógica oferta que hacía en 2015 al afirmar que los diputados de Morena echarían abajo  esa reforma. Como en los acuerdos con el SME, en este caso no implica que desde el gobierno dejan de provocar y agredir al movimiento magisterial, aunque hayan mantenido la evaluación como voluntaria. Por ejemplo, siguen cesando a maestros que participaron en la lucha reciente. De todos modos, también la otra lectura es que aunque en el curso de la lucha hubo no solamente despedidos sino incluso muertos (no sólo en Nochixtlán) el movimiento en su conjunto no fue reprimido brutalmente de modo que la posposición y el regreso a clases haya representado el inicio de un reflujo y una derrota. Como veremos más adelante, es muy probable que a partir de mayo de este año se reinicien las movilizaciones del magisterio en el marco que examinaremos aquí del nuevo movimiento surgido contra el “gasolinazo” en 2017.

De todos modos, en términos de la crisis del régimen, nuevamente por las debilidades antes descritas del movimiento, el gobierno de Peña, cuestionado por todos lados pudo salvar la situación…hasta el siguiente estallido de la crisis en 2017 que puede ser la definitiva, en vez de la perspectiva institucionalista que pretende esperar a una tersa transición en las elecciones del 2018.

Pero como preámbulo a la crisis del 2017, uno de sus afluentes –la elección de Trump- tuvo ya su adelanto en medio de la crisis del 2016. Así, Peña comete otra pifia: invitar a Trump a Los Pinos en su carácter de candidato presidencial. En su actitud lacaya, invita a la Residencia Presidencial a uno que no es todavía Presidente sino candidato y además el candidato que está atizando el odio racista a los mexicanos y presumiendo que hará pagar a México la edificación del muro en la frontera. Peña piensa que puede jugar en las grandes ligas de la política electoral de EU y lo que hace es meter indignamente a México en el juego de aquellos partidos. Además del desprestigio de haber recibido a Trump recibe la cachetada con guante blanco de Hillary Clinton que no acepta la invitación a México. Mientras en el Senado mexicano, senadores del PRD y del PAN hacen el ridículo portando camisetas a favor de Clinton y Margarita Zavala, creyendo en el triunfo de Clinton, se siente la Hillary mexicana que también será presidenta después que su marido lo fue.

López Obrador ya había denunciado un posible acuerdo entre el PRI y el PAN en que vista la crisis de legitimidad del gobierno de Peña (y los sucesivos escándalos de corrupción tanto de Peña como de otros gobernadores priístas, la nueva generación de jóvenes priístas amigos de Peña) el sistema se preparaba para un nuevo relevo entre ambos partidos. Es decir, favorecer ahora el regreso del PAN, en pago a la sucesión entre Calderón y Peña, por medio de Margarita Zavala. Pero además, de la pugna interna en el PAN, el desprestigio de Zavala por su asociación con el gobierno de Calderón, el resultado de la elección en EU ha debilitado mucho la imagen de la que se pretendía la “Hillary mexicana” y que sería ahora la imagen de una perdedora.

Para debilitar aún más al gobierno en el contexto descrito en el 2016, esta pifia de invitar a Trump lleva a la renuncia de Videgaray, autor de la idea, y al mencionado y enésimo reacomodo del gabinete presidencial.

Contra Trump y Peña: Unidad, desde abajo y sin fronteras

 

Desde noviembre, con el discutible triunfo de Trump por medio de la decisión del Colegio Electoral y no del voto popular, el nuevo gran cambio político se anunciaba. La Escuela de Cuadros del PRT y el CC de diciembre dedicaron buena parte, con la ayuda de camaradas de Estados Unidos, a analizar las consecuencias de la llegada de Trump. En ese momento dijimos que dos elementos nuevos surgían en el horizonte: la propuesta zapatista que supuestamente se resolvería después de una consulta en el CNI a fines de diciembre y la elección de Trump. El escenario se hizo más complicado empezando el año. La decisión del CNI se pospuso hasta mayo, pero el “gasolinazo” empezando en enero detonó un nuevo e impresionante movimiento básicamente espontáneo en todo el país (corroborando sorpresivamente el “pronóstico” del CC de diciembre que diría que la confrontación sería en el 2017 y no en el 2018) a lo que se agregó el 20 de enero la toma de posesión de Trump y el sábado 21 con la gran movilización de mujeres contra Trump el anuncio de lo que todo indica es un nuevo ascenso del movimiento feminista y en general de mujeres en todo el mundo, como se expresó el 8 de marzo.

De inmediato, ante la nueva situación con la llegada de Trump y todavía necesitando más elementos para ubicar la dinámica del nuevo gobierno, complicada con ciertas actitudes erráticas propias de la personalidad de Trump, el Comité Político emitió el 25 de enero una primera declaración. Básicamente retomamos lo señalado ahí al respecto de la llegada de Trump por lo que lo citamos a continuación en extenso.

Luego del dramático aumento al precio en los combustibles, electricidad y agua en todo el país y de un mes ininterrumpido de protestas masivas en todo el país que han profundizado la crisis de legitimidad -y ahora cada vez más política- del régimen oligárquico del país, se comienzan a ver ahora los primeros pasos de la nueva administración de extrema derecha, xenófoba, machista, racista y anti mexicana de la Casa Blanca; que no puede sino traer mayores complicaciones, contradicciones y posibilidades de lucha al escenario político mexicano.

 

La timorata respuesta del gobierno de Peña evidencia, una vez más, su incapacidad para hacer frente a la crisis del país, de cara a las medidas contra México del gobierno de Trump y sus continuas amenazas. El giro proteccionista del nuevo gobierno estadounidense está en marcha: no sólo bloqueó inversiones en México y liquidó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), también amenaza con una “renegociación” del Tratado de Libre Comercio (TLC) a su favor (y su virtual cancelación), así como imponer aranceles del 20% a las exportaciones mexicanas para financiar el muro de la ignominia en una frontera ya militarizada, y las masivas deportaciones en puerta. Todo ello, expresión de la crisis del neoliberalismo, pueden destruir la piedra sobre la que se erigieron décadas de políticas económicas neoliberales para asegurar a México como un patio-taller trasero. Incluso las últimas reformas estructurales de Peña Nieto, en especial la energética, causante del gasolinazo, se diseñaron e impusieron sobre el presupuesto de la fuerte dependencia (casi única) de la economía mexicana a los intereses imperialistas del vecino del norte.

 

Sobre este supuesto neoliberal, es que el TLCAN destruyó el campo mexicano, desmanteló la incipiente industria nacional para favorecer al modelo maquilador, entregó a empresas estadounidenses (y canadienses) los minerales del país, destruyeron derechos laborales y precarizaron el trabajo, por mencionar algunos de los efectos más claros. Y al mismo tiempo, desde Miguel de la Madrid a la fecha, gobiernos del PRI y PAN justificaban su sumisión a los intereses estadounidenses, afirmando que era mejor tenerlos de “aliados” que  como “enemigos”. Estos tecnócratas nunca pensaron que, al subordinarse a la Casa Blanca, el inquilino en turno podría jugar con ellos, pues a sus ojos, gobernantes y funcionarios mexicanos, nunca fueron estadistas, representantes de una nación soberana aliada, sino subordinados de poca monta.  Por eso no podemos esperar del gobierno mexicano, de los partidos del “Pacto por México” que representen los intereses del pueblo mexicano ante las “nuevas negociaciones del TLCAN”, los abusos contra mexicanas y mexicanos en EU, la inminente construcción (extensión) del muro, sino nuevamente, subordinación y cabeza baja, lo cual no traerá sino peores consecuencias para los trabajadores de ambos lados de la frontera. El desconcierto del gobierno de Peña Nieto no es sólo expresión de su incapacidad personal -que es real- sino sobre todo porque por décadas se subordinaron fielmente a los dictados del neoliberalismo -hasta el extremo del grueso de reformas estructurales impuestas por Peña y los partidos del Pacto por México- y ahora que Trump impone un giro más derechista y proteccionista a la política imperialista, los neoliberales en México se han quedado "colgados de la brocha" sin alternativa ante la crisis. No pueden ofrecer alternativa porque cavaron el hundimiento de México siguiendo los dictados imperialistas y no saben mas que obedecer esos dictados que ahora les resultan contradictorios con los que previa y disciplinadamente siguieron.

 

Lo importante, para la izquierda, los movimientos sociales y el pueblo trabajador, no es el miedo a una renegociación del TLCAN, pues éste no ha traído sino terribles consecuencias para quien vive de su trabajo. El peor error que en este momento se puede cometer sería, como lo hizo el PRD, “defender el TLCAN” frente a Trump. Por el contrario, los campesinos, sindicatos democráticos y la izquierda en general, llevamos décadas luchando contra el TLCAN y sus consecuencias. Nosotros luchamos por una nación soberana e independiente que aproveche sus recursos naturales para levantar una fuerte economía que favorezca a las mayorías, que somos los trabajadores. Ni defendemos el TLC ni hacemos “unidad” con el gobierno mexicano (¿con Videgaray?) para la “negociación” del TLC.

Mantenemos, en cambio, la perspectiva de la salida del gobierno de Peña y el régimen político de la oligarquía neoliberal. En esa perspectiva, ¿qué hacer con todas las reformas estructurales, neoliberales, impuestas desde Salinas y especialmente durante el gobierno de Peña? Simplemente regresar a la Constitución. ¿Cuál? Como estaba en 2012, antes de la llegada de Peña o como estaba antes de la llegada de Salinas? O la de febrero de 1917, hace cien años? Obviamente se requiere un nuevo “pacto social” como se dice para articular un nuevo acuerdo nacional, resultado de la relación de fuerzas y clases sociales que se expresan en una Constitución. Eso solamente puede realizarse en el marco de un nuevo Congreso Constituyente. Pero ahora es más claro que la fórmula de una nueva Asamblea o Congreso Constituyente no es una varita mágica. Lo advertimos los años anteriores frente a los que insistían ya en empezar a funcionar como Constituyente y redactores de una nueva Constitución. Pero eso implica poner la carreta delante de los bueyes. La nueva Constitución y el Constituyente que la redacte no es producto de una elaboración ideológica y política de expertos intelectuales y constitucionalistas, sino el resultado de una nueva relación de fuerzas y un cambio político. Recientemente hemos tenido otro ejemplo para ubicar la consigna de Constituyente en sus justos términos. El Congreso de la Unión acordó al inicio del 2016 convertir al DF en una nueva entidad llamada Ciudad de México. Para ello debería aprobarse una Constitución de la CDMX. Por tanto se convocó a una Constituyente para elaborarla en los términos aprobados en el decreto del Congreso de la Unión. Por fin, tuvimos una nueva Constituyente, aunque fuera a nivel de la CDMX, la vieja consigna de la izquierda pero su realización es frustrante y muy lejos de la pretensión de un instrumento radical, subversivo frente al antiguo régimen que cree nuevas relaciones de poder e instituciones. No basta con que sea Constituyente. Su carácter soberano está dado por un nuevo poder que la convoca. Y en el caso e la CDMX no hay ese nuevo poder. Fue el Congreso de la Unión quien la convocó y lo hizo bajo sus condiciones, es decir bajo las condiciones del poder actual.  Además de otras limitaciones a la soberanía de este Constituyente, de entrada estaba limitada por su forma de integración: 60 electos por voto popular de candidatos propuestos por los partidos institucionales y 40 designados por el Presidente, por el jefe de Gobierno y por las cámaras de diputados y senadores. Independientemente de algunos temas progresistas incluidos en la nueva Constitución, el cambio radical no se logró porque el experimento estaba acotado por el poder actual. Se requiere previamente un cambio político del régimen existente para que un nuevo poder se exprese en un nuevo Constituyente. Por el otro lado, también la Constituyente popular en que participamos como expresión crítica de todos los excluidos por la convocatoria oficial, tampoco podía ir más allá de ser la sombra crítica y el acuerdo de un sector del movimiento para continuar la lucha  por determinados cambios políticos. Tampoco estábamos sostenidos por un nuevo poder, pues el régimen oligárquico seguía en pie, en crisis, pero en pie. O sea, la Constituyente, si va a transformar y crear nuevas instituciones, requiere previamente la caída del actual régimen político.

El “giro proteccionista” de Trump, no implica que EEUU deje de tener interés en hacerse de nuestros recursos naturales y aprovechar la mano de obra barata y precarizada para sobreexplotarla. Desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, ante la política comercial proteccionista de Trump, no es alternativa el “mirar a otros países” (como los que proponen a China o a la Unión Europea) para seguir siendo un país semicolonial y dependiente. Estas relaciones desiguales y subordinadas no mejorarán la situación ni del país ni de los trabajadores pero seguramente que sí mantendrán los privilegios de la casta gobernante. Se requiere romper el modelo, no cambiar de amo. El fin del México neoliberal debería ser la oportunidad para unirnos desde abajo, desde el pueblo trabajador, organizarnos y luchar por rehacer un México independiente y soberano, justo y democrático, libre e igualitario, ecologista, sin explotación ni opresiones de ningún tipo. Es decir una perspectiva política revolucionaria.

 

Todo indica que la “negociación favorable para Estados Unidos” que pregona Trump en relación al TLCAN significa mayor destrucción de la infraestructura mexicana y mayor subordinación de la economía mexicana a las necesidades del vecino del norte. En esta reestructuración productiva de Estados Unidos, el imperio intentará asegurarse de los insumos básicos necesarios para que ésta se haga realidad al menor costo posible.

Ante el hundimiento económico y político de los neoliberales mexicanos con el giro proteccionista del nuevo gobierno estadounidense, los llamados tanto de Peña, y de otros actores políticos como López Obrador a forjar una “unidad nacional” frente a Trump, no son sino salidas desesperadas a la crisis de legitimidad.

¿Unidad nacional? ¿Qué tenemos en común las y  los trabajadores mexicanos con los magnates que ante el cambio de escenario político buscan acomodarse, y sus intereses con ellos, al nuevo amo? ¿Qué tienen en común los corruptos, xenófobos y multimillonarios miembros del gabinete Trump con los millones de trabajadores negros, latinos, y blancos precarizados por las políticas demócratas y republicanas en los últimos años? Nada puede ser más venenoso que supuestos llamados a la unidad nacional con quienes, en primer lugar nos han sumido en esta crisis.

 

Es urgente, por supuesto, forjar la más amplia unidad contra las políticas de odio racista, de negación y opresión del otro. Pero una unidad desde abajo y sin fronteras. Trump y Peña representan al enemigo, único, más allá de desplantes coyunturales. Los trabajadores estadounidenses, los Sioux, los migrantes de origen mexicano (hermanos trabajadores al otro lado de la frontera) y en general latinos, el movimiento Black Lives Matter, las millones de mujeres que inundaron las calles de EEUU son nuestras principales aliadas.

 

Aunque el panorama se obscurece, también es cierto que los golpes draconianos (de Trump y Peña) están ya enfrentando el obstáculo de la resistencia movilizada. De un lado, la toma de posesión de Trump fue recibida por multitudinarias protestas, con las mujeres en primera línea y nuevas movilizaciones y luchas que se anuncian son un punto de partida. De este lado, las masivas movilizaciones contra el gasolinazo y las reformas estructurales anuncian un nuevo periodo de luchas y resistencia. Que al mismo tiempo gritan nuevamente ¡Fuera Peña! Es urgente que los pueblos en lucha de ambos lados de la frontera se extiendan la mano y, juntas, juntos, enfrentemos al monstruo capitalista. Retomar el ejemplo de solidaridad internacional con la causa de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014. No es el timo de la unidad nacional, sino de la unidad sin fronteras, de la unidad desde abajo, de la unidad en la diversidad, de la unidad para resistir y ganar.

Por supuesto que la llegada de Trump al gobierno de EU tiene consecuencias a nivel mundial, económicas, militares (¡Siria! y la inminencia de una nueva guerra mundial) geopolíticas, por tanto. En varios temas parece vacilante y errático según las circunstancias. El giro que el imperialismo puede dar, desde la llegada de Trump y el Brexit previo en Gran Bretaña, en relación al neoliberalismo claramente en crisis hacia un nuevo modelo económico en el marco por supuesto del capitalismo puede estar todavía por definirse. De todos modos, no hay que olvidar que la imposición del modo neoliberal fue anunciada por la llegada –también en esas dos potencias- por Reagan en EU y Thatcher en Gran Bretaña. Desde ahí salen otra vez las señales para una línea proteccionista, antiinmigrante, xenófoba y de ultraderecha. De otra manera, la crisis en Grecia con el gobierno de Syriza también anuncia la crisis del neoliberalismo, en ese caso entre la voluntad del pueblo griego y la imposición –con la colaboración de Syriza- de las condiciones de austeridad de la Troika, pero en última instancia entre la soberanía popular nacional y la Europa del Capital. También el llamado fin del ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina que pretendieron representar el post neoliberalismo y terminaron adaptándose al mismo por medio de una política social liberal y extractivista, expresan a su modo esta crisis del neoliberalismo.

 Como sea, aunque algunas cuestiones a nivel mundial el gobierno de Trump tenga que ir definiéndolas y corrigiéndolas según las resistencias, presiones e incluso guerras desde la perspectiva de otras potencias imperialistas, el caso de México es obviamente el principal e inmediato afectado por este cambio. En lo inmediato con la amenaza de la deportación de 3 millones de trabajadores mexicanos desde EU en los primeros meses del 2017 (el gobierno de Obama expulsó 3 millones pero durante sus 8 años de gobierno) o el bloqueo de las remesas que envían trabajadores mexicanos en EU hacia nuestro país y que constituyen uno de los principales ingresos de divisas, lo que de realizarse en el corto plazo puede provocar una crisis social adicional por el desempleo y falta de oportunidades en México y la carestía desatada con el “gasolinazo”.Un cambio que deja colgados de la brocha a los obedientes ejecutores del neoliberalismo en nuestro país y que les agrega otro elemento a su crisis, sin brújula, un cambio que puede ser muy peligroso, pero también una oportunidad para los movimientos y fuerzas políticas independientes del régimen oligárquico que hemos estado luchando contra el mismo y sus reformas neoliberales. Una oportunidad que sin embargo, debe ir más allá de las demandas sectoriales y gremiales y que debe tener la capacidad para incursionar en el terreno político, para convertirse en la posibilidad de un polo alternativo de clase y de una salida radical a la crisis que implique la caída de este régimen. Lograrlo, como frecuentemente sucede, es una carrera contra el tiempo y de audacia y capacidad políticas para superar el sectarismo y el gremialismo.

 

La propuesta del EZLN al CNI.

En octubre del 2106, se anunció la propuesta que el EZLN le hizo al Congreso Nacional Indígena (CNI) para integrar un Concejo de Gobierno Indígena y presentar a una mujer indígena como vocera de este Concejo de Gobierno y candidata independiente para las elecciones presidenciales del 2018. El CNI inició una consulta interna sobre la propuesta y quisieron dar su respuesta en diciembre al terminar el año, respuesta que en ese momento se pospuso –para terminar la consulta- hasta mayo del 2017.

La propuesta del EZLN generó de inmediato muchas reacciones. De insultos y descalificaciones de varios partidos, pero especialmente de Morena que inicialmente muy racistas y misóginos fueron tan escandalosos que en algún momento tuvieron que ser frenados públicamente por dirigentes del propio Morena. El debate también se extendió a otros ámbitos e incluso al interior de los simpatizantes zapatistas por lo que se presentaba como un giro de las posiciones zapatistas de los últimos años marcadas por el abstencionismo y el repudio a los procesos electorales con cierto tinte anarquista. En ese debate incluso comandantes zapatistas, como Moisés y Galeano, terciaron para aclarar y responder a las dudas u objeciones.

Desde el 18 de octubre de 2016, el Comité Político emitió una declaración (ver en el sitio web del PRT: “Ante la declaración del CNI y el EZLN: el camino para una campaña para organizar y luchar”) que  proponemos ratificar como, de hecho, se hizo en el Comité Central de diciembre pasado.  El 17 de noviembre de 2016 presentamos también un texto a la Dirección Política Nacional de la OPT con la misma posición política sobre la iniciativa zapatista y ampliando la argumentación y proponiendo asumirla como posición de la OPT (ver “La OPT y las perspectivas políticas actuales” por Edgard Sánchez). De ambos documentos extraemos ahora secciones importantes para integrar en la perspectiva política que analizamos aquí:

 

Más allá del balance sobre si hay o no un giro político, la iniciativa zapatista cambia las coordenadas políticas de cara al recambio presidencial. El tablero político se desacomoda al abrirse la posibilidad de la irrupción, en este terreno, de una fuerza ausente, no representada por ningún partido y no invitada como sería no sólo la fuerza del movimiento indígena contestario del sistema, sino la propia izquierda anticapitalista

 

Con esta importante iniciativa política se asoma la posibilidad de una amplia convergencia anticapitalista que, dialogando, pueda construir unidad en la diversidad. La profunda transformación que necesita el país requiere sumar esfuerzos así como dialogar franca y abiertamente las hipótesis estratégicas para cambiarlo todo de base, desde abajo. La iniciativa, de aprobarse en la consulta del CNI, necesitaría por tanto completarse con un llamado unitario al conjunto de la izquierda anticapitalista también presente en infinidad de luchas tanto en el campo pero también en la ciudad. Entre los pueblos originarios pero también entre la clase trabajadora y sus organizaciones de lucha, incluidas sindicales, como el movimiento magisterial o como los electricistas del SME y su propuesta de Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). En el movimiento de los trabajadores pero también en otros movimientos resistiendo a la barbarie capitalista, como es la lucha contra el feminicidio, la lucha de las mujeres por sus derechos (que podrían estar muy bien representadas con una candidata mujer indígena) y en general contra la violencia del Estado, con su terrible secuela de ejecuciones y desaparecidos. Obviamente, también el movimiento solidario con los estudiantes de Ayotzinapa y la lucha por los 43, "vivos los llevaron, vivos los queremos".

 

Una candidatura de este tipo, como la que sostuvimos hace años con Rosario Ibarra –la primera mujer candidata presidencial en la historia del país- (cuyo lema en 1982 era precisamente "arriba los de abajo"), es un llamado a la organización y a la lucha desde abajo, pero también debe ser una convocatoria a la unidad de los que hoy luchan por cambiar nuestro país para hacerlo independiente, justo, igualitario, multicultural, y libre de explotación, dominio y opresión, es decir en una lógica anticapitalista.

 

Especial importancia nos merece que el anuncio del CNI y del EZLN haga énfasis en que la candidatura sea encabezada por una mujer indígena. Ello cuestiona un poder levantado sobre una base autoritaria, patriarcal y homófoba, pero también racista y homogenizador. Y este cuestionamiento es todavía más significativo cuando las mujeres no sólo sufren una opresión patriarcal en la familia, en el trabajo y en la sociedad, sino un atentado contra sus derechos así como una gravísima oleada de violencia cuyo extremo más inhumano son los feminicidios.

 

Para el PRT una candidatura de ese tipo se volvería un símbolo para las importantes luchas de los pueblos originarios que no sólo siguen luchando por su derecho a la autonomía sino que enfrentan todos los proyectos de despojo de recursos, territorios y cultura que se pretenden imponer en todo el territorio nacional. También sería un símbolo para las mujeres que hoy gritan su "¡ya basta!" contra el desprecio patriarcal y la violencia. Cuando la política está construida sobre la base autoritaria, patriarcal y homófoba, visibilizar a quienes soportan lo peor de la crisis, es también una forma de  cuestionar las bases de un régimen que además de autoritario es patriarcal. Sería un símbolo de unidad con las luchas del magisterio así como un símbolo de lucha y dignidad para el conjunto de trabajadores. La candidatura de una mujer indígena se volvería un símbolo para los jóvenes y para todos aquellos negados, oprimidos, despreciados y excluidos por un sistema en el que solo importa el hacer más dinero pero no la vida ni la dignidad.

 

Decimos que se ha abierto la posibilidad de una amplia convergencia anticapitalista que, dialogando, puede construir unidad en la diversidad. Incluso entre el anticapitalismo que se propone la lucha por el poder y quien no se lo propone. La profunda transformación que necesita el país requiere sumar esfuerzos así como dialogar franca y abiertamente las hipótesis estratégicas para cambiarlo todo de base, desde abajo.

 

En condiciones difíciles por el control que los partidos del Pacto por México tienen del Congreso de la Unión para imponer el programa neoliberal de la oligarquía representada por el gobierno de Peña, infinidad de movimientos han seguido resistiendo y oponiéndose a ese programa.

 

Ante este curso de los movimientos en lucha y resistencia, la izquierda institucional propone uno inverso donde toda lucha esté supeditada a las elecciones, en este caso a la elección presidencial del 2018. Esa es la propuesta básicamente de Morena expresada por su líder López Obrador.

En la lógica de estas dos vías para enfrentar la crisis del régimen: la de los movimientos en lucha, en la calle y la movilización política, por un lado o la de la vía institucionalista que subordina toda lucha a las elecciones presidenciales del 2018, por el otro, era absolutamente claro que la OPT tiene que seguir por el primer curso para, en todo caso, por esa vía ir modificando la relación de fuerzas para otras formas de expresión incluso en el terreno institucional. Y en todo caso de ninguna manera subordinarnos a la línea electoralista e institucionalista de Morena, ni siquiera en las elecciones del 2018. No solamente porque esa línea no lleva a la defensa consecuente de las necesidades, demandas e intereses de los movimientos sociales, sean sindicales, laborales, estudiantiles, de los derechos humanos y de las mujeres, sino además porque subordinarse a esa línea política es subordinarse a un partido político que no representa los intereses del pueblo y los trabajadores. Para eso es que construimos un partido diferente, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). Y decimos, desde el PRT, que la OPT debe tomar esta perspectiva porque insistimos en el proyecto de construir a la OPT como un partido amplio de la clase trabajadora. Por supuesto que todo lo que sostenemos aquí sobre la necesidad de un polo independiente de clase lo pensamos para el PRT. Pero al mismo tiempo, entendemos que la capacidad de convocatoria y autoridad y posibilidad de ser una referencia nacional es mayor si logramos consolidar a la OPT como ese partido amplio de la clase trabajadora, mayor que hacerlo solamente desde la referencia del PRT, incluso aliado con otras organizaciones socialistas y revolucionarias. En medio de las actuales y difíciles condiciones políticas, es absolutamente necesario mantener la independencia política de la OPT con respecto de cualquier otro partido. Para ello es necesario tomar posición y defenderla también sobre la situación política actual y las perspectivas, yendo más allá de la defensa de las legítimas y sentidas demandas sectoriales e inmediatas, posicionarnos también como referencia política alternativa. Antes del 15 de octubre pasado, todo indicaba que para las elecciones del 2018, sin supeditar ninguna lucha a esa fecha y sin esperar ahí una solución casi mágica como plantea Morena, lo que haríamos sería  repetir –para mantener nuestra independencia y curso de lucha- las posiciones que adoptamos tanto en las elecciones federales del 2015 (no participando) o como en la elección del 2016 en la CDMX (y en Ciudad Juárez) en que intentamos registrar candidatura independiente.

La propuesta zapatista abre la posibilidad de que pueda expresarse en el marco de la elección presidencial una alternativa independiente de todos los partidos institucionales y el sistema político electoral en decadencia y marcado por la corrupción y el fraude, que represente una alternativa propia de la clase trabajadora y el pueblo en general, además de representar la causa de los pueblos indígenas y originarios, organizados en el CNI. Seguramente por eso, de inmediato, han vuelto a sonar las calumnias e insultos contra la propuesta zapatista, reflejando también un desprecio racista y misógino, de voceros, líderes e intelectuales de la izquierda institucional, especialmente del propio López Obrador que insiste con su descalificación de que se trata de una maniobra para quitarle votos y favorecer a la derecha. Lo que no se entiende o no se quiere entender es que, de aprobarse la propuesta zapatista por el CNI, no se trata de una candidatura y una campaña en lucha por ganar la Presidencia de la República y conseguir votos a cualquier precio, sino una campaña de organización y lucha contra el régimen actual. Se trataría sí de una candidatura independiente, eventualmente registrada como tal, pero en realidad antisistema. Por eso es que no podemos colocar en el mismo nivel la candidatura de AMLO y la de la compañera eventualmente propuesta por el CNI. La primera es una candidatura dentro del sistema en búsqueda de votos, mientras que la otra sería una candidatura antisistema para organizar la lucha contra el régimen a un nivel superior. Por eso no pueden hacerse propuestas como la de que haya un acuerdo entre ambas candidaturas para que en la víspera decline la que tenga menos posibilidades de votos. Se trata de perspectivas distintas. La campaña del CNI no la entendemos como una campaña tradicional institucional que debe ser medida con las encuestas de intención de voto.

Más aún, si entendemos bien la propuesta del EZLN al CNI hay que poner atención al hecho de que el primer paso que ellos proponen es la integración de un Concejo de Gobierno Indígena y que la compañera candidata sea vocera de ese Concejo de Gobierno. Esta propuesta muestra a nuestro entender, el carácter antisistema de la candidatura y “campaña electoral” que se sugiere. No olvidamos el carácter antidemocrático del régimen político mexicano que reiteradamente recurre al fraude cada vez que ve en riesgo su control del gobierno federal. Así lo hicieron en 1988, 2006 y 2012 en los tiempos recientes. Durante el fraude del 2006, López Obrador convocó a una Convención Nacional Democrático para consultar si debía ser “Jefe de la resistencia” o constituir “Gobierno Legítimo”. La mayoría de los asistentes a esa Convención votamos porque fuera Gobierno Legítimo. Para nosotros era la posibilidad de que si se continuaba un proceso de radicalización del movimiento (al mismo tiempo en Oaxaca, la APPO tenia tomada la ciudad y otras del estado en lo que se llamó entonces “la Comuna de Oaxaca”) el Gobierno Legítimo podría avanzar no a un “gobierno sombra”, sino a un gobierno paralelo. El cálculo de AMLO de que el gobierno legítimo podría contar con apoyos institucionales derivados de gobiernos locales encabezados por el PRD no ocurrió y el gobierno legítimo se fue disolviendo. El precedente es importante para pensar la dinámica que se puede abrir con un fraude general y gigantesco en 2018 y la existencia ya, previa, de un Concejo de Gobierno Indígena que postuló a su vocera como  candidata independiente a la Presidencia de la República. Si existiera un gran movimiento contra el fraude y de rechazo a la nueva imposición, la situación sería diferente si existiera un posible gobierno paralelo, no ya el Gobierno Legítimo de AMLO en 2006, sino el Concejo de Gobierno Indígena apoyado por el CNI, el EZLN y el conjunto de la izquierda anticapitalista, si los dos primeros aceptaran abrirse a un gran frente anticapitalista. La experiencia del 2006, en que participamos como PRT en “la otra campaña” sienta un precedente que tampoco podemos olvidar en el análisis de perspectivas: de entre varias diferencias ocurridas en el curso del 2005-2006, la que finalmente llevó a la ruptura de varios agrupamientos de la izquierda socialista, incluso el PRT, con “la otra campaña” fue la negativa de ésta y en particular del EZLN de pronunciarse conjuntamente contra el fraude electoral de ese año.

Si el EZLN y el CNI después de esta consulta que concluye en mayo, convocaran a la organización de un amplio frente anticapitalista en torno a la candidatura de una mujer indígena, podría armarse una fuerza nacional, alternativa a la de los partidos políticos institucionales, que tendría mejores condiciones para continuar la lucha contra el régimen actual. De las condiciones que analizamos antes y las perspectivas que veíamos buscando una alternativa independiente para las elecciones, la propuesta zapatista plantea una posibilidad de concretarse. Todo depende que resultado de la consulta en que se encuentren actualmente concluyan también a convocar ese amplio frente, con la izquierda anticapitalista toda así como con la expresión de otros movimientos en lucha y resistencia, además del movimiento indígena, en las ciudades y el campo. Somos favorables a participar en un frente anticapitalista con una campaña antisistema como la que podría representar la candidatura indígena del CNI. Pero aún si el CNI no propusiera crear un frente amplio anticapitalista y quisiera desarrollar esa campaña electoral por su cuenta exclusivamente, ofrece la posibilidad de una opción a nivel de las candidaturas presidenciales, alternativa a la de los actuales partidos del sistema político electoral en crisis de legitimidad y credibilidad. Con frente anticapitalista unitario con el CNI o sin ese frente, de todos modos la OPT en la necesidad de mantener su independencia con respecto a los partidos políticos del sistema electoral y la necesidad de ofrecer nuestra propia alternativa político partidaria, debería hacer un esfuerzo por contar con una lista propia de candidaturas registradas como independientes pero ligadas políticamente a nuestro proyecto en el mayor número de distritos y estados del país. Si el CNI llama a un frente anticapitalista además de la candidatura presidencial de la compañera indígena que presenten tendríamos en alianza nuestra propia lista de candidaturas. Si no se hace el frente anticapitalista, aunque la OPT llame a votar por la candidatura presidencial del CNI, igualmente tendría su propia lista de candidaturas a nivel de distritos y estados. Esto es parte de la orientación de seguir construyendo a la OPT como una referencia político partidaria alternativa a la de los partidos del actual sistema político electoral. Con la propuesta zapatista de una posible candidatura anticapitalista indígena en 2018, se completaría la ruta de la OPT que en este terreno, buscando siempre la independencia con respecto a los partidos institucionales, se propusiera explorar las posibilidades de candidaturas registradas como independientes para las elecciones del 2017 en el EdoMex (aunque las condiciones ahí parecen sumamente restrictivas) y nuevamente la búsqueda del registro legal como partido en 2019. La experiencia que tuviéramos así en 2017 y el 2018 podría ayudar a crecer e implantar a la OPT territorialmente, por regiones, que facilitaran una nueva campaña por el registro legal en 2019, además de mostrarnos como un referente político partidario radicalmente diferente a los de los partidos institucionales actuales.

Para todo lo anterior se requieren dos condiciones previas. La primera es que el acuerdo del CNI apoyado por el EZLN incluya la convocatoria a constituir un frente anticapitalista más amplio que ellos dos. Esto no es seguro todavía. Incluso puede ser que sí postulen a la compañera en mayo pero al mismo tiempo veten a la izquierda anticapitalista o a una parte de la misma. Una señal en ese sentido puede ser el nuevo ataque contra el camarada Guillermo Almeyra por el escribano para tareas sucias Sergio Rodríguez. El ataque, sin justificación alguna que no fuera el reclamo de Almeyra al zapatismo por su silencio frente a la lucha contra el gasolinazo, la elección de Trump y otros conflictos recientes, es insolente, vulgar y sectario pero puede significar más que la envidia y el odio visceral del escribano, un artículo por encargo para anunciar el veto a la izquierda anticapitalista que representa el camarada Almeyra.

Pero la otra variable que hay que tomar en cuenta es que no haya elecciones en 2018. En realidad es parte de nuestra apuesta por la profundización de la crisis del régimen que pueda llevar a su estallido y a un cambio político antes de los ordenados comicios con que sueña AMLO para lograr la transición pacífica. La moneda está en el aire y depende de muchos factores y actores, desde el gobierno de Trump y las posibilidades de un nuevo ascenso del movimiento de masas en México en la perspectiva que en un encuentro de movimientos recientes se planteó de paro cívico nacional en septiembre por la salida de Peña. Por eso decimos, como acostumbra decir, por cierto el compañero Almeyra, en cada análisis coyuntural:  “si acaso hay elecciones en 2018”.

Todo es posible. Incluso una salida de fuerza a la crisis por medio del sostén principal de régimen actual, como se demuestra con Ayotzinapa, que son las fuerzas armadas. Como si no fuera suficiente la dinámica abierta desde el gobierno de Calderón con la militarización del país hacia un Estado policiaco. Pero analizamos la propuesta del EZLN al CNI como otro factor en la crisis que ofrece una posible alternativa (con todos sus asegunes) en el caso de que el nuevo ascenso en las luchas del 2017 no logren derrotar al régimen y de todos modos haya elecciones en 2018. Para continuar con esta dinámica de lucha y contestación del régimen la posible alternativa que tendríamos para las elecciones del 2018 es la candidatura de una mujer indígena del CNI, apoyada por un Concejo de Gobierno Indígena y un amplio frente anticapitalista.

El 2017. Hacia el cuarto acto de la crisis del régimen.

Con el inicio del año 2017 hemos entrado en una nueva fase de la crisis de legitimidad del régimen político en México. A todos los elementos acumulados desde el inicio del gobierno de Peña Nieto  (el fraude, la imposición, Ayotzinapa, las resistencias contra las reformas estructurales, especialmente contra la energética y la educativa, etc.) dos acontecimientos nuevos le han dado mayor dimensión a la crisis: la rebelión popular ante el “gasolinazo” y el inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. En paralelo a la llegada de Trump, a nivel internacional se expresa ahora el surgimiento de un nuevo ascenso del movimiento de mujeres, lo que parece indicar una nueva ola del feminismo en el mundo y por tanto también en México.

Con el “gasolinazo” (consecuencia de la reforma energética, aunque el gobierno insista en negarlo) se ha desatado un amplísimo movimiento de protesta por todo el país, incluso en zonas como el norte y la frontera con EU, donde generalmente estos movimientos son más débiles en comparación con el centro y sur del país. Es parte del balance de la situación actual si se puede considerar que la inédita y sorpresiva dinámica de participación política de miles de personas sin experiencia u organización políticas previas expresada en enero y febrero sobre todo, podrá continuar al mismo nivel. Es probable que después de una pausa relativa marcada por un lado por los ajustes anunciados al gasolinazo en febrero y por otro por la entrada a la lucha de los movimientos y fuerzas organizadas previamente contra el neoliberalismo, haya un reanimamiento en nuevas condiciones en los siguientes meses, entre mayo y septiembre, que no repitan lo sucedido entre fines de 2014 y principios del 2015 en que la entrada de esos movimientos le quitó filo político a la lucha para volverlo a demandas sectoriales y gremiales. De todos modos, la apertura de una nueva fase de la crisis del régimen con el gasolinazo parece un hecho irrefutable. Compartimos aquí parte del análisis hecho a principios de febrero por Luis Hernández Navarro en un artículo llamado precisamente “El gasolinazo y la gobernabilidad” que ofrece algunos elementos pertinentes en ese sentido:

“Simultáneamente a esas acciones, los más disímbolos grupos ciudadanos en prácticamente todo el país siguen protestando: tomas de casetas, obstrucción de carreteras y marchas pacíficas. Apenas el pasado primeo de febrero, en Reynosa, Tamaulipas, ex trabajadores de Pemex bloquearon la salida de pipas de una planta de la petrolera.

Estas protestas representan para las autoridades gubernamentales un severo problema de gobernabilidad. Lo son, al menos por seis razones.

Primero, porque si las distintas policías recibieran la orden de reprimir simultáneamente todas estas expresiones de rabia social, no podrían hacerlo por falta de elementos. En lugar de apaciguar los ánimos, el uso de la fuerza pública para desalojar plantas de Pemex y carreteras, radicalizó y extendió el encono social.

Segundo, porque los representantes del gobierno no tienen en muchos casos con quién negociar. Las organizaciones tradicionales y los partidos políticos fueron rebasados por la ola de enfado y, a más de cinco semanas de su estallido, siguen sin poder conducirla. Esos nuevos liderazgos emergentes son abiertamente antipartidos y han comenzado a estructurarse regionalmente, formado frentes y asociaciones, que garantizan la permanencia y continuidad de la protesta.

Tercero, porque el descontento ciudadano tiene una base pluriclasista. Aunque en las movilizaciones participan gremios organizados, su dinámica no es gremial. Eso hace que el gobierno no tenga margen para desmontar el encono ciudadano solucionando demandas laterales.

Cuarto, porque la lucha contra el gasolinazo se convirtió, en varios estados, en conducto para canalizar viejos agravios y problemas no solucionados. El aumento a los combustibles fue la gota que derramó el vaso de la inconformidad. El resultado final es un explosivo coctel de irritaciones sociales.

Quinto, porque el choque directo con gobernadores, la ocupación de congresos y el bloqueo masivo de oficinas públicas son un indicador de que la radicalidad y la extensión de la lucha social en el país está pasando a otro nivel. Estamos ante un grado de insubordinación ciudadana inédita, emparentada (aunque distinta) con la explosión solidaria hacia el EZLN que se vivió en 1994, con la lucha de la APPO en 2006 y con los 124 días de insurgencia magisterial de 2016.

Y sexto, porque la necesidad gubernamental de contar con recursos frescos y su pretensión de ofrecer márgenes de ganancia elevados a los inversionistas del sector, choca de frente con la demanda de dar marcha atrás al incremento de los precios de los hidrocarburos. Por lo pronto, la movilización ciudadana obligó ya a la SHCP a cambiar su política.

Nada parece indicar que el sentimiento nacionalista abierto por la guerra comercial que Donald Trump declaró a México pueda suprimir o mitigar la expresión masiva de este profundo descontento. El enojo ciudadano es muy profundo y los variopintos llamados a la unidad nacional hechos por diversos actores no tienen asidero para atemperarlo”.

El nuevo ascenso de la lucha de las mujeres.

En Bandera Socialista 46 encontrarán el artículo de la camarada Penny Duggan que plantea desde el título la pregunta a propósito de las movilizaciones del 21 de enero y del 8 de marzo: ¿De la protesta a un nuevo movimiento de mujeres?

El tema es central en estos meses y seguiremos analizándolo, tanto en el PRT como en la Cuarta Internacional, sobre todo en preparación al Congreso Mundial a realizarse en febrero del 2018. Pero, después del 8 de marzo, podemos responder afirmativamente. Hay un nuevo ascenso de la lucha de las mujeres, sí se pasará de la protesta al movimiento. Es posible una suerte de una nueva ola del feminismo, una cuarta ola histórica del feminismo. En Bandera Socialista 47 y en Cuadernos Feministas 34 se encuentran ya elementos para este balance. La sorpresa de la gran movilización del 8 de marzo, del Paro Internacional de Mujeres (PIM) como se le llamó en español a la huelga de mujeres del 8, es también de alguna forma, una sorpresa ya anunciada con las movilizaciones que le precedieron el 24A, pero también en Polonia, en Argentina y el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Trump.

A los ejes de lucha y participación que ya comentamos arriba, especialmente contra el feminicidio y otras violencias contra las mujeres y en defensa de sus derechos, habrá que incorporar el hecho de que es posible contar ahora con un nuevo reanimamiento de la lucha de las mujeres y de una nueva generación feminista.

Este cambio seguramente que traerá nuevos retos, problemas y debates. La importancia de la movilización de masas ocurrida ejemplarmente el 8 de marzo puede ofrecer una alternativa frente a la perspectiva que se desarrollaba previamente que ponía el énfasis en la acción directa ejemplar, en el scratch y la autodefensa, para revalorar la acción colectiva, de masas y política. Plantea también el debate entre la amplitud del movimiento y la intersectorialidad que sobre todo en Estados Unidos se destaca, pero también la definición clasista o anticapitalista con que también tiende a expresarse como lo muestra el llamado a una huelga internacional de mujeres que recupera para el movimiento las formas de lucha y reivindicaciones de la clase trabajadora, al insistir en que los cuidados y atención de las mujeres en la familia y las tareas domésticas, también son trabajo, pero trabajo no pagado y reconocido aunque fundamental para el funcionamiento y reproducción de la sociedad. Pero también en este nivel el debate entre la amplitud del movimiento, la incorporación de la perspectiva anticapitalista para el “99% de las mujeres” y la necesaria autonomía de organización y lucha de las mujeres que ya abordamos antes.

Como sea, es posible ser muy optimistas sobre las posibilidades que representa este nuevo ascenso de la lucha de las mujeres y de la conciencia feminista. También en México en el marco de la crisis del régimen y de las instituciones político electorales, aunque alimenta también la desconfianza hacia la política y los partidos institucionales (y no solamente como se ve con las recientes denuncias de “machos progres” entre la izquierda) este nuevo ascenso deberá fortalecer aún más la lucha por el fin del régimen de la oligarquía neoliberal, pero también sostén de la estructura patriarcal y sexista.

LAS TAREAS, RETOS Y PROGRAMA DEL MOVIMIENTO ACTUAL

El movimiento de oposición, que se expresó sobre todo en enero y principios de febrero prácticamente con movilizaciones diarias, ha estado marcado sobre todo por la espontaneidad de su estallido y por la incorporación de miles de personas previamente desorganizadas y sin experiencia política. Por supuesto, como en todo movimiento espontáneo, siempre hay –y con el paso de los días se nota más- la presencia y la iniciativa de personas que han tenido ya experiencia y alguna formación o definición políticas. Pero ninguna organización, política, social, gremial o militante, se puede atribuir el surgimiento de este movimiento. En eso radica la espontaneidad del enojo y protesta  masivas frente a las graves consecuencias en el nivel de vida del pueblo por el “gasolinazo”  y el inmediato e incontrolado aumento del costo de la vida.

Pero dentro de la espontaneidad del movimiento, lo relevante es que no se ha limitado a un movimiento gremial, con demandas economicistas (aunque haya detonado por las consecuencias económicas de una decisión política) o sectoriales (a diferencia de los diversos movimientos de oposición a las reformas estructurales que se han dado durante todo el gobierno de EPN) sino que inevitablemente tiene un carácter político. No es posible derrotar al “gasolinazo”, ciudad por ciudad o en negociación con las autoridades locales. Por eso frecuentemente el movimiento enarbola también o comprende y no se opone a las consignas que lo completan: abajo las reformas estructurales y Fuera Peña. La consigna que nuevamente surge (en mucho originada en las movilizaciones por Ayotzinapa) de Fuera Peña le otorga más claramente este carácter político que apunta al hecho de que abrogar el “gasolinazo” y las reformas estructurales cuestionan al  régimen político y aumentan la falta de legitimidad de las actuales instituciones políticas, especialmente a los desacreditados partidos políticos institucionales. Por eso hemos insistido en nuestra propaganda en centrar la consigna en “Contra el gasolinazo y las reformas estructurales. Fuera Peña Nieto”

                Amplitud y unidad sin sectarismos ante el movimiento espontáneo

El carácter espontáneo con que estalló el movimiento de inmediato provocó recelos y sectarismo, cuando no intentos aparatistas de controlarlo de algunas fuerzas o militantes sorprendidos ante la fuerza del movimiento, su duración y la urgencia de apoyarlo. Esta visión aparatista de control, hermana gemela de la visión del aparato de Estado que todo lo atribuye a “conspiraciones” de la izquierda, subversivos o terroristas, debe ser rechazada. Correctamente la compañera Cinzia Arruza, al analizar el sorprendente movimiento de mujeres detonado el 21 de enero con motivo de la asunción de Trump a la Presidencia de EU, dice lo siguiente:

“Las movilizaciones de masas casi nunca empiezan cuando las esperamos, casi nunca tienen las características que esperaríamos o consideraríamos como las políticamente adecuadas, casi nunca tienen coherencia política, no están libres de las contradicciones y divisiones presentes en la sociedad o de los prejuicios culturales y las deficiencias políticas que los caracterizan. No son eventos mágicos desconectados del continuum de la vida social aunque tienen la capacidad y el potencial de crear discontinuidad y rupturas. Son procesos desorganizados, contradictorios, donde los resultados no están dados por adelantado y la solidaridad es algo que hay que lograr” (ver Bandera Socialista 46 “Las marchas de las mujeres: ¿De la protesta al movimiento?)

      La necesidad de la unidad pero también de la independencia política del movimiento

Pero si  bien es cierto que no había que tener una actitud sectaria frente al estallido espontáneo del movimiento también es cierto que según avanza el mismo se requieren precisar los siguientes pasos, definir los objetivos y la necesaria organización democrática, integradora de todas las experiencias, sensibilidades, intereses y expresiones. Para ello es inevitable el debate democrático entre todas las posiciones y la búsqueda de una organización del movimiento que sea independiente del régimen político, del gobierno y sus partidos.

Por ese motivo, a partir de febrero,  ha coincidido en diversas ciudades un proceso de diferenciación, deslindes e incluso rupturas en un complicado proceso de lucha por lograr mantener la independencia del movimiento frente a los intereses manipuladores de diversas instancias del gobierno (cuando todos tienen –a nivel federal y estatal- responsabilidad por la aplicación de las reformas neoliberales) o frente a los intentos clientelares de algunos partidos institucionales de controlar al movimiento en función de sus campañas electorales. Estos deslindes han sido más necesarios y evidentes en estados de la República gobernados ya sea por el PAN (que demagógicamente quiere eludir su responsabilidad en el “gasolinazo”) o por el PRI en donde unos u otros quieren aparecer como opositores al otro a nombre del movimiento o quieren canalizar la responsabilidad en abstracto al gobierno federal. Pero es también la actitud de otros partidos como el PRD que quisieran eludir su responsabilidad con la imposición del programa neoliberal del gobierno de Peña, aunque al mismo tiempo ante las amenazas del nuevo gobierno de EU encabezado por Trump, algunos de sus dirigentes y legisladores llamen a defender el TLC (la joya de la corona neoliberal de Salinas) o incluso Morena llamando a otra suerte de “unidad nacional” para hacer frente a las negociaciones con Trump.

En Bandera Socialista,  tanto en el número 46 como 47, hemos dado cuenta de estos procesos de diferenciación y deslindes. Ahí encontraran ejemplos de este proceso que ha venido ocurriendo de diversas maneras y ritmos en Hermosillo, Mexicali, Chihuahua, Monterrey e incluso en estados como Morelos y otros más.

             Los esfuerzos contradictorios de construir la unidad e independencia

Un nuevo elemento se ha incorporado en el desarrollo del movimiento surgido desde el 1 de enero: la presencia y movilización cada vez más frecuentes de sectores ya organizados previamente en la lucha contra el neoliberalismo, las reformas estructurales o el régimen político. Esto en principio representa una posibilidad de articulación y organización de un movimiento más amplio y espontáneo con la ayuda de estos sectores ya organizados si es que estos logran tener la sensibilidad para hacerlo respetando la originalidad del movimiento, su desconfianza hacia  organizaciones e instituciones y por tanto de no pretender controlarlo aparatistamente o de  ceñirlo a demandas gremiales o sectoriales, sino potenciar su dinámica política de confrontación con el régimen.

En el caso de la CDMX el surgimiento ya de un polo de la clase trabajadora presente en el contexto del movimiento espontáneo contra el gasolinazo, se expresó en la movilización del 26 de enero convocado por la NCT (Nueva Central  de Trabajadores), el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), la ANUE (Asamblea Nacional de Usuarios) y la OPT. Días después, el 31 de enero a convocatoria del FASU y la UNT, ocurrió una nueva gran movilización de sindicatos, los de la UNT como el de telefonistas y universitarios, pero también de sindicatos de la NCT como el SME, de organizaciones campesinas y otros sectores. En Ixmiquilpan, Hidalgo (uno de los lugares con importantes movilizaciones contra el “gasolinazo”) también se dio una reunión de articulación de diversas asambleas.

Finalmente el 25 y 26 de febrero se realizó en la sección 9 de la CNTE, en la CDMX, la V Convención Nacional Popular, iniciativa de la asamblea popular organizada alrededor del movimiento de Ayotzinapa, que logró contar con la presencia y los saludos no solamente de las organizaciones ya integradas a esta Convención sino también de otros referentes importantes de la lucha, como la NCT y el SME, por un lado y la UNT y el sindicato de telefonistas por el otro.

La V Convención Nacional Popular acordó una declaración política importante que puede leerse en el número 47 de Bandera Socialista. Se aprobó un plan de acción y especialmente se pronunció por la construcción de una “instancia nacional de organización cualitativamente superior”, pero sobre la base del fortalecimiento de la Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa. Se ha apoyado también la convocatoria a un Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano hecho previamente por la asamblea de Articulación de los Trabajadores del Campo y la Ciudad, la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas y la Asamblea Nacional Popular  para celebrarse el 1 y 2 de abril.

Estos esfuerzos de unidad “cualitativamente superior” son necesarios –aunque el tiempo transcurre rápidamente- al mismo tiempo que son independientes del régimen. Pero hay que avanzar en la comprensión de que la unidad difícilmente ocurrirá si se constriñe a hacerlo en mis propios marcos previamente organizados. Necesitamos la convocatoria  y organización de un evento de unidad superior que no solo recibe saludos fraternales de los demás referentes de la lucha, sino que es organizado colectivamente por todos para hacer sus conclusiones propias de todos los organizados y con eco en el movimiento espontáneo.

Las siguientes tareas que elevan la protesta a otras formas de lucha como el paro cívico nacional o contra el régimen político requieren urgentemente de este primer paso de unidad amplia y democrática de todos los sectores del movimiento.

Una unidad como ya hemos venido insistiendo (ver la declaración del PRT del 27 de enero “Contra Trump y Peña: unidad desde abajo y sin fronteras”) que no tiene que ver con los llamados del PRI-gobierno a la “unidad nacional” con ellos, unidad que de una manera u otra avalan todos los partidos institucionales (ver el artículo de Guillermo Almeyra sobre Morena en BS 47) sino unidad desde abajo, es decir del pueblo trabajador y sus organizaciones en forma independiente de los responsables de la crisis actual en todas las instancias del Estado. Y unidad que es sin fronteras, que es internacionalista, porque es unidad también con los movimientos en lucha contra el gobierno de Trump en Estados Unidos, desde el movimiento de las mujeres –como se expresaron el 21 de enero pero también en todo el mundo el 8 de marzo-, la resistencia de los migrantes, musulmanes, latinos, mexicanos y todos los que el odio racista de Trump tiene en la mira, así como la lucha de los Siux en defensa de su tierra y su agua o el movimiento de Black Lives Matter

A reserva de un balance mayor podemos adelantar que el llamado Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano del 1 y 2 de abril, parece haber logrado la mayor articulación actual del movimiento surgido a parir del gasolinazo, pero coordinándose con movimientos previos, buscando elevar la unidad hacia “nivel superior” y un plan de lucha no solamente sectorial sino político. De ser cierto, podríamos concluir que es posible que entre mayo y septiembre de este año se vea el cuarto acto de la crisis de legitimidad y política del régimen político. Un cuarto momento de crisis que apuntale la vía de confrontación y lucha política del movimiento contra el régimen en crisis. Un decisivo momento en esta vía de lucha, diferente de la vía institucional, que quiere posponer todo a las elecciones de julio del 2018.

Para el balance sobre esta posibilidad, tomamos en cuenta los resolutivos aprobados al iniciar abril que deben ser estudiados en su conjunto, pero de los cuales reproducimos aquí el resumen de los ejes políticos y el plan de acción:

“Por lo tanto este encuentro nacional ratifica los 9 ejes programáticos emanados de la ANP y las Convenciones Nacionales Populares, los cuales engloban las demandas específicas de las organizaciones aquí reunidas:

1) Presentación con vida de los 43 estudiantes y de todos los detenidos y desaparecidos del país.

2) Castigo a los culpables y justicia para los agraviados.

3) Libertad a todos los presos y procesados políticos del país.

4) Fuera Peña Nieto y toda la estructura del Estado, y por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.

5) Abrogación de las reformas estructurales que han multiplicado la pobreza y fortalecido el poder de los grandes capitales, por lo que ratificamos nuestra lucha en contra de los gasolinazos y la carestía.

6) Por la justicia y los derechos humanos y el reconocimiento de las mujeres como sector público (sic), contra los crímenes de Estado: desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial (no a la Ley de seguridad interior, regreso inmediato del ejército a sus cuarteles).

7) Cumplimiento de las recomendaciones del relator de la ONU sobre el tema de la tortura y del grupo de trabajo de la CIDH sobre el tema de las desapariciones forzadas.

8) Por la soberanía nacional y la autonomía política, económica y social y por la defensa del territorio, el agua y todos los recursos naturales.

9) Este encuentro Nacional hace suyas las demandas legítimas del pueblo y abraza todas sus luchas reivindicativas hacia la unidad del movimiento.

En este encuentro se acordaron cuatro actividades nacionales centrales:

° 1 de Mayo acción unitaria (en el marco de apoyo a los inmigrantes) por el día del trabajo.

° 19 de Junio acción conjunta por Nochixtlán, a un año, pedimos Justicia, Verdad y Castigo a los culpables.

° 1 de Septiembre acción unitaria por la salida de EPN, por la derogación de las reformas estructurales, el regreso de los militares a sus cuarteles, no al gasolinazo, la carestía de la vida y en este mismo sentido realizar un contra informe en plazas públicas.

° 26 de Septiembre estallamiento de la Huelga Política General por la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos del país”.

 

CONCLUSIONES DEL BALANCE DEL CC DEL PRT SOBRE LA CRISIS DEL RÉGIMEN Y LAS DOS VÍAS

En síntesis, podemos decir, que desde la imposición del gobierno de Peña Nieto se vive una crisis de legitimidad del régimen político mexicano. Ha sido una crisis de larga duración que en diversos momentos del pretendido sexenio de EPN ha tenido picos, rayando en una crisis política y por momentos de gobernabilidad.

Desarrollamos en la exposición cuatro momentos en que la crisis se expresa más agudamente, desde el mismo 2012 hasta la actualidad, en pleno 2017 en que a partir del “gasolinazo” del 1 de enero, parecía vivirse en momentos de crisis de gobernabilidad durante las primeras semanas del año. Este cuarto momento de la crisis del régimen, en 2017, no se ha cerrado y es posible otro “pico” en la crisis que puede ser decisivo en la segunda mitad de este año.

La constante es básicamente una crisis de legitimidad del régimen y sus instituciones, especialmente las político-electorales y las de justicia. Pero la coincidencia con la crisis general del neoliberalismo (expresada en México crudamente con la llegada de Trump al gobierno de EU y el giro que impone precisamente con respecto a uno de los pilares del neoliberalismo, el libre comercio) ha profundizado la crisis del régimen político mexicano. Obedientes seguidores de las recetas neoliberales, los operadores políticos del PRI y PAN, impusieron todas sus reaccionarias reformas y en el caso del gobierno de Peña con la ayuda de todos los partidos del Pacto por México, desmantelando la Constitución para armar un barco que ahora se va a pique. La cabeza política de la oligarquía neoliberal perdió la brújula con el cambio de Trump, al mismo tiempo que se hunde en el mayor descrédito. Incapaz para presentar una salida alternativa digna a la ofensiva reaccionaria y proteccionista de Trump, desesperadamente busca halagar y adaptarse a los nuevos amos en la Casa Blanca que les desprecian y utilizan a su gusto, evidenciándolos en su vulgar y escandalosa corrupción no sólo de Peña y su respectiva casa blanca y propiedades en Miami, sino de toda la nueva generación priísta, la generación de Peña y sus amigos, integrada por gobernadores en la cárcel, prófugos o acusados y sometidos a proceso.

La crisis de legitimidad del régimen ha puesto en varios momentos sobre la mesa, en la orden del día, la posibilidad de la caída del mismo.

El decadente y en crisis régimen político de la oligarquía neoliberal no ha caído no por fortaleza propia, sino por la debilidad del movimiento opositor, como hemos querido explicar al analizar cada oportunidad. Pero el que haya logrado sobrevivir no omite la evidencia de que su debilidad y contradicciones internas son cada vez mayores. Tampoco ha logrado sobrevivir porque haya derrotado o aplastado al movimiento de masas, imponiéndole un reflujo o abandono de la lucha. En el movimiento también hay confusión y diferencias, pero no está derrotado.

Ante la crisis de legitimidad del régimen, desde el inicio del sexenio de Peña se han expresado dos vías posibles de solución. La vía institucionalista, representada básicamente por AMLO y su partido Morena, con su proyecto de transición pactada y pacífica que quiere posponer toda lucha y confrontación para supuestamente resolver el conflicto en los comicios presidenciales del 2018 y lograr una alternancia, ahora con AMLO en el Ejecutivo. La otra vía, implícita en la experiencia de estos años es en términos generales apoyada por la izquierda socialista y radical, apoyándose en la dinámica propia de los movimientos de resistencia y lucha contra el neoliberalismo, por medio de la acción política de masas y en confrontación con el régimen buscando no someterse a las vías institucionales decadentes, en crisis y hundidas en la corrupción e impunidad. Esta vía se identifica con la consigna de “Fuera Peña” nacida con Ayotzinapa pero que se conecta con la oposición desde el 2012 del #yosoy132 y su oposición al regreso del PRI y continúa expresándose en 2015 y 2016 con el boicot o la no participación en los procesos electorales por el rechazo a los partidos institucionales.

No apoyamos en esta circunstancia de profunda crisis del régimen la vía institucionalista porque pensemos ilusorio que el sistema electoral reconozca –ahora sí- un triunfo electoral de AMLO. Es cierto que es una incongruencia llamar a posponer la lucha para apostarle todo a una elección en el marco de un sistema que ha demostrado reiteradamente su antidemocrático funcionamiento, como si eso no hubiera pasado y viviéramos realmente en una democracia. Pero el fraude previsible no es el problema principal (incluso cuando ya un vocero de Trump declaró que a México y EU no les conviene un gobierno de izquierda en este país). Eventualmente podría irse a una campaña electoral ganadora sin ilusiones pero con la perspectiva del choque político con un régimen antidemocrático que deberá ser derrocado pero no en las urnas, sino en la calle. Pero ya vimos en 2006 y en 2012 que esa no es la perspectiva de AMLO, que siempre vuelve a la vía institucionalista y a la participación en las mismas instituciones antidemocráticas, aun cuando haya conseguido –como en las dos ocasiones anteriores- un respaldo de masas y nacional decisivo como para no someterse a la imposición.

Entonces, el problema no es simplemente el fraude, sino la perspectiva de transición pactada.

El crecimiento y engrosamiento de la campaña de López Obrador (y lo que piensan como su preámbulo en la elección del EdoMex) pueden parecerse al respaldo mayoritario tipo lo alcanzado en 2006 y 2012 y por eso sus partidarios están eufóricos pensando que tienen asegurada la alternancia en el gobierno federal.

En realidad, lo que muestra ahora el crecimiento de la campaña de AMLO es otra expresión de la crisis del régimen: la división en la burguesía.

La representación política, básicamente del PRI y PAN alrededor de Peña, que sostiene a la oligarquía neoliberal desde la época de Salinas, está sin brújula en la nueva situación. El desprestigio del régimen es gigantesco. Los partidos tradicionales en el descrédito. Y el descontento, insatisfacción y rebeldía apenas contenida entre las grandes masas populares esperando su oportunidad. El barco neoliberal  en que navegaron impunemente estas décadas se hunde. Con el olfato oportunista que les caracteriza, las ratas huyen del barco en crisis. Las ratas que huyen no son simplemente los políticos depredadores y saqueadores pertenecientes a los partidos (la “nueva generación” de priístas como los Duarte o los panistas como Guillermo Padrés, o los del PRD que también abandonan su partido), sino expresando una división más amplia de la burguesía. Una división burguesa en parte representada por los que AMLO presenta como nuevos diseñadores de su programa de gobierno como el empresario Arturo Romo o Esteban Moctezuma antiguo secretario de Gobernación con Zedillo.

Entonces, el problema principal es que el proyecto de AMLO, la transición pactada, el gobierno de transición, como explicamos antes, significa en el marco de una crisis aparentemente terminal del régimen actual, una tabla de salvación para el sistema. Por eso AMLO advierte insistentemente en los riesgos de un estallido social incontrolable. Antes que eso suceda propone al poder actual una transición pacífica, no porque exija al poder frenar la represión y la impunidad, sino porque ofrece mantener al movimiento de masas en el marco institucional de esperar a los comicios del 2018 en vez de las luchas actuales con sus plantones, bloqueos, manifestaciones reclamando “Fuera Peña”, paros y huelgas. Y entonces el crecimiento de la campaña de AMLO, con la incorporación de sectores de esta división burguesa (lo que Luis Hernández llamó irónicamente la nueva arca de Noé, ante el diluvio que se aproxima) apuntan ciertamente a la conformación de un nuevo bloque social de poder, pero en el marco del sistema. Por ello AMLO promete no solamente amnistía adelantada y no revanchismo contra la Mafia del Poder, sino asegurar la transición pacífica, es decir no radical, que asegure una alternancia en la administración pública “con honestidad y sin corrupción” pero que no toque el funcionamiento central del capitalismo. Por eso dice que el problema principal es la corrupción y afirma que existen empresarios que son ricos sin robar. Es otra línea diferente a la de los movimientos actuales cada vez más identificados con el anticapitalismo.

Entonces no apoyamos la perspectiva de Morena porque sea ingenuo creer que habrá elecciones sin fraude, sino por lo que representa el proyecto. La salida pactada a la crisis del régimen que no solamente subordina a los movimientos a una votación, sino que al hacerlo así se garantice la re estabilidad y continuación del sistema. Pueden decir que siempre ha sido ese su proyecto, pero lo grave del asunto es la circunstancia en que se propone. Cuando la crisis del régimen es más profunda y cuando hay ya un sector de masas que no confía en las instituciones político- electorales actuales, el esfuerzo de Morena contribuye a relegitimarlas.  Y lo hace a favor de una continuidad del sistema pues eso significa el compromiso de AMLO con los nuevos pasajeros –colocados en la conducción- de la nave de Morena (la nueva arca de Noé ante el próximo diluvio, o la tormenta que se avecina, que dice el discurso zapatista). En un proyecto pluriclasista como éste lo determinante es quién representa el proyecto hegemónico que en este caso es claro, más con los “nuevos pasajeros” al timón (a propósito de esto ver nuestra polémica con Pedro Salmerón sobre las “amplísimas alianzas” http://www.prt.org.mx/node/458). Por eso es totalmente ingenuo y equivocado y en otros casos vergonsozamente colaboracionista el intento de quienes sueñan con conformar una corriente socialista al interior de Morena o de convertirla en Morena socialista. Los que lo intentaron hace 28 años al fundarse el PRD, con cuadros con más prestigio, hasta intelectual y mayor presencia, destruidos como “movimiento al socialismo” y absorbidos por la institucionalización cuando no hasta ganados por la derecha panista, son un espejo en el que pueden ver su futuro.

Por eso es importante en esta fase de lucha contra el régimen en crisis, mantener la independencia política con respecto a Morena. Ayudar a organizar el actual movimiento de lucha, que se propone ir al paro cívico nacional en septiembre por la salida de Peña, independiente de Morena.  No solo porque sea campaña electoral –no somos abstencionistas por principio- sino porque ese proyecto pretende salvar al sistema en crisis. Con fraude o sin fraude es necesario mantener la independencia política del movimiento.

Es probable que haya fraude y habrá que denunciarlo y cuestionarlo. La crisis es de tal envergadura y así lo entienden los sectores burgueses que se están pasando a Morena que parece confirmar que desde el poder hay quien piense que es mejor AMLO que “el caos”. Puede ser pues el bloque actual representado por los partidos del Pacto por México se están hundiendo y carecen de legitimidad y credibilidad. En ese caso, mantener un polo de clase independiente será necesario ante un eventual gobierno de Morena que busque revitalizar al sistema y quiera pagar el pacto con el bloque saliente a costa del movimiento de masas (como hicieron en Chile o Argentina a la salida de las dictaduras). Por el contrario, si la desconfianza del imperialismo con respecto a AMLO se mantiene –y ya hubo las primeras voces en ese sentido desde la madriguera de Trump- la independencia del movimiento también será necesario para poder ofrecer otra opción ante la nueva crisis que significará un nuevo fraude.

Por lo pronto en lo que insistimos en el informe es que a diferencia de la perspectiva institucionalista que apuesta todo al 2018, nosotros lo apostamos al 2017. Es para este momento. Con el nuevo ascenso surgido en enero contra el gasolinazo (aunque la lucha contra el gasolinazo en sí parezca tener una pausa) y las posibilidades abiertas durante mayo a septiembre de este año si es que se puede concretar la perspectiva y plan de acción aprobado en el Encuentro celebrado el 1 y 2 de abril.

Ciertamente que en este esfuerzo por lograr la unidad del movimiento de masas opositor al régimen, por la lucha contra Peña y al tiempo mantener la independencia política de este movimiento con respecto al institucionalismo, el tema del partido revolucionario es central. Hemos querido centrarnos aquí en la dinámica posible del movimiento y la crisis del régimen. Por separado debemos discutir el tema del partido. No lo subestimamos. Al contrario. Por lo mismo nos damos otro espacio y momento para abordarlo igualmente en profundidad. Mientras, confirmamos o no algunas de las perspectivas inmediatas del movimiento. Pero obviamente necesitamos también examinar el debate con otras corrientes políticas presentes en el movimiento. Decimos movimiento de masas opositor en general pero no quiere decir que éste sea homogéneo políticamente (como hemos visto en el análisis de lo ocurrido). Hay diversas corrientes en su seno, incluso simpatizantes de la izquierda institucional, no solo de Morena sino hasta del PRD. No es que estén embozados, pero su conducta dependerá también de los resultados de esta nueva fase de lucha. Requerimos también un balance de la OPT que consideramos el proyecto de un partido amplio de la clase trabajadora en México, así como de las corrientes socialistas y el desarrollo y fortalecimiento del PRT a 40 años de su fundación. Todo ello lo abordaremos por separado.

Si la prueba de fuerzas del 2017 no resulta exitosa, se instalará la dinámica del proceso electoral del 2018 inevitablemente. En qué condiciones, también dependerá del resultado de las jornadas de lucha del 2017. Por lo menos deberá profundizarse la crisis del régimen y fortalecerse un polo independiente en el seno del movimiento de masas. Como hemos dicho en el texto antes, si acaso hay elecciones en 2018, tenemos todavía otra opción para asegurar la independencia política del movimiento con respecto a Morena y su esfuerzo institucionalista. Esa opción es la propuesta que el EZLN le hizo al CNI de instalar un Concejo de Gobierno Indígena y de postular a su vocera, una mujer indígena, como candidata presidencial independiente. Obviamente hay diversas interrogantes al respecto de esta campaña que todavía están por resolverse. Se supone empezarán a resolverse en mayo, pero quizá requiera más tiempo. Es una opción pero depende si el CNI-EZLN convocan al mismo tiempo a un frente anticapitalista más amplio para desarrollarla o no. Y si lo convocan, saber qué tan amplio o si habrá vetos. Saber si se mantienen diferencias del pasado como la actitud ante el fraude electoral del 2006.

En fin. Hay varias interrogantes pendientes. Pero podemos ubicar con claridad las dos vías que se expresan ante la crisis y nuestra opción. Con esa claridad es posible decir que entramos en una fase de intensa lucha política y muchos cambios. Que reafirma la necesidad de la lucha política y la militancia y hacer a un lado el derrotismo. Para la participación en esta fase, en sus luchas concretas, también recapitulamos nuestras posiciones frente a la crisis civilizatoria actual y sus diversas manifestaciones. Por un lado frente a la crisis de derechos humanos que asuela al país con olas de violencia que no paran y que se expresa en crímenes terribles como el feminicidio, las desapariciones forzadas a niveles nunca vistos, las ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas. Al mismo tiempo la resistencia de pueblos y comunidades ante el despojo capitalista de mineras y otros proyectos ecocidas en marcha.

Nuevamente decimos. Es el tiempo de la lucha política organizada y la militancia.

Ciudad de México, abril del 2017.