LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA DOMINACIÓN CAPITALISTA
El feminismo por el que luchamos y la globalización capitalista
“La mundialización capitalista está en pleno auge y ha dado nacimiento a un nuevo modo de dominación internacional con múltiples formas y profundas implicaciones”.
La revolución socialista y la lucha por la liberación de la mujer
Resolución del Congreso Mundial de la IV Internacional, 1979
La tradición marxista y el feminismo socialista han contribuido con su análisis teórico a la caracterización de la opresión de las mujeres y las relaciones de poder que consolidan el control y dominio sobre éstas.
Como socialistas, consideramos necesario sustituir el actual poder de clase que perpetúa y se apoya en la opresión de las mujeres, a través de la división sexual del trabajo que permite la reproducción de la vida en la sociedad capitalista. Reivindicamos una visión estratégica para la construcción de la organización y movilización de las mujeres para la erradicación de un sistema patriarcal que se ha apoyado en diversas estructuras sociales para perpetuarse.
Nuestro programa, por tanto, va más allá de las conquistas legislativas, o la lucha enfocada exclusivamente en la conquista de derechos que si bien es legítima y necesaria para el reconocimiento de los derechos de las mujeres al mismo tiempo consideramos fundamental y necesaria una revolución social radical.
Nuestra corriente pone el énfasis en que la lucha por la liberación de las mujeres, que sigue siendo vigente, requiere en primer lugar de la organización, de la acción dirigida por las propias mujeres con independencia y autonomía política. Un movimiento que recupere y entrelace las dimensiones de género, clase, etnia, y otras. Un movimiento que no esté subordinado al Estado y sus instituciones. Un movimiento que recupere y logre intrerseccionalizar la lucha en contra de la opresión patriarcal, del impacto del neoliberalismo capitalista en la vida de las mujeres y en general de los movimientos de resistencia contra el capitalismo..
La radicalización de las mujeres hoy está poniendo el acento en la división sexual del trabajo en donde las mujeres somos la principal fuerza de trabajo, sin reconocimiento social. Cuestionar el papel que se nos ha asignado y el valor otorgado al trabajo que desempeñamos en este sistema será un punto de partida a través del cual sumar a más mujeres e incitar a un movimiento cada vez más convergente y revolucionario a nivel mundial que logre reconocer al trabajo y las relaciones de poder que de éste se establecen e imponen para determinan nuestras condiciones de opresión y explotación.
Este es el momento de la resistencia, de que las mujeres nos juntemos y nos pongamos al frente del proceso organizativo, proponiendo, convocándonos, acompañándonos y apostando por la construcción de un feminismo para el 99% de las mujeres a quienes el sistema patriarcal capitalista ha despojado de su trabajo, cuerpo, recursos y autonomía, un movimiento de mujeres amplio, internacional, organizado, en lucha y en defensa de la vida.
Dentro de este contexto de violencia creciente contra las mujeres, sin duda la Campaña de la primer mujer indígena pre candidata a la Presidencia, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, formado por el Congreso Nacional Indígena, y su candidatura independiente, se convierte en una alternativa abiertamente anticapitalista y antipatriarcal que busca promover e impulsar la organización de la población en medio de la crisis política, económica y social con un claro mensaje: “¡Ya basta! Llegó la hora de las mujeres, nosotras también vamos por todo”.
Crisis de legitimidad en México y el aumento de la violencia contra las mujeres
La nueva forma de dominación capitalista ha generado una crisis de legitimidad de las instituciones, una crisis humanitaria y de graves violaciones a los derechos humanos. Para las mujeres este contexto ha significado el incremento de la criminalización de los movimientos y en particular de las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos que enfrentan en su trabajo riesgos muy graves, que en varios casos atentan y terminan con su vida.
Por ejemplo, la crisis de libertad de expresión que de enero a noviembre de 2017 ha cobrado la vida de 11 periodistas. En 2016 se registró el mismo número de asesinatos; cifras que les convierte en los dos años más letales para las y los periodistas. Además, en 2016 se documentaron 426 agresiones contra periodistas, más de la mitad de éstas, 226, fueron cometidas por funcionarios públicos, lo cual provoca un subregistro de agresiones, ya que los y las periodistas no denuncian por miedo a las represalias de quien debiera protegerles. Y del año 2000 a la fecha han sido asesinados más de 100 periodistas, lo cual convierte al país en uno de los más peligros del mundo para ejercer el periodismo.
La crisis de legitimidad política se expresa de ésta y de múltiples maneras, como los abundantes casos de corrupción en donde están involucrados, gobernadores, fuerzas policiacas, políticos de diversos partidos, funcionarios y la colusión del narcotráfico con sectores del gobierno. Todo lo cual ha generado un clima de impunidad por la omisión gubernamental, que en el caso de las mujeres se refleja en la falta de justicia, revictimización y criminalización.
La consecuencia de la globalización capitalista y sus políticas neoliberales, en el caso de nuestro país ha implicado la imposición de las reformas estructurales, y ha tenido múltiples impactos en la vida de las mujeres.
La pobreza y precariedad laboral en México también tiene rostro de mujer, según datos oficiales, para el 2016 apenas el 36% de los empleos formales eran ocupados por mujeres y que 89% de las mujeres no tenían acceso a una jubilación. Cifras del 2012 revelan que 68% de las trabajadoras asalariadas no tenían derechos laborales: prestaciones, seguridad social, aguinaldo, vacaciones, utilidades, contratos, etc. En 2010, el 61% de las mujeres tenía un trabajo no remunerado; además que la brecha y discriminación salarial llegaba a ser hasta 45% menos del salario para las mujeres. Además de las bajas tasas de sindicalización en general, pero mucho menores para mujeres. Aunado a la reforma laboral, de 2012, que eliminó derechos laborales, estos números significan que la falta de empleo digno o decente, como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los malos salarios, junto con el acceso a la justicia y a la salud, son circunstancias que han registrado un aumento de casos de violencia feminicida.
Por otro lado, el auge de las derechas y los diversos fundamentalismos tienen en su mira de ataque los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual.
Este contexto de crisis mundial ha posibilitado la expresión de fuerzas de extrema derecha, religiosas y fascistas. Uno de los ejemplos, del carácter xenófobo, racista y misógino y machista, lo representa la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos con una campaña demagógica en contra de la clase trabajadora mexicana acusándola de quitar el empleo a trabajadores estadounidenses, lo cual se suma a su insistencia de levantar un muro en la frontera con México; y a la deportación de tres millones de personas migrantes, lo que implicaría una crisis social de consecuencias imprevisibles.
Esta política antinmigrante tiene especial consecuencia para las mujeres ya que las deportaciones separan y rompen familias. Si una mujer migrante indocumentada tiene hijas e hijos en Estados Unidos estos adquieren la nacionalidad y permite que después de un largo, costoso y riesgoso proceso la mujer pueda también nacionalizarse. Pero las nuevas disposiciones migratorias separan a las familias, les quitan a hijas e hijos y deportan a las madres.
Además del racismo, los cárteles de la droga frecuentemente tienen el apoyo de autoridades mexicanas para asaltar autobuses de migrantes centroamericanos, como sucedió con la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. En estos casos, las mujeres migrantes son secuestradas, violadas, usadas como esclavas sexuales, obligadas a prostituirse o son usadas para traficar con ellas.
La expulsión de mano de obra del país, tendencia creciente producto de la globalización capitalista, se traduce también en un incremento de la migración de mujeres, niñas y niños en condiciones de riesgo. Las estadísticas señalan un incremento de infantes que viajan solos hacia Estados Unidos.
Según datos oficiales, de 2004 a 2006 las mujeres migrantes eran el 44.7% del total de migrantes, y para el periodo de 2013 a 2015 su representación subió al 47.5%. Aunque, desde la década de los setenta a la fecha se registra un incremento constante de migración de mexicanas. En el año 2012 el total de mexicanas que residían en Estados Unidos llegó a los 5.5 millones, lo que representa el 46% de la población mexicana que reside en EU. En cuanto a las condiciones de inserción laboral y de empleo, continúan ligadas a los roles de género y discriminación estructurales; ya que las migrantes presentan mayor tasa de desempleo que los migrantes.
Ante ello, diversas organizaciones señalan que el abuso contra las mujeres migrantes también se ha naturalizado y que las violaciones pasan como un espectáculo mediático. Los roles y estereotipos que les acompañan las vuelven más vulnerables a ser víctimas de violencia sexual, desapariciones forzadas, trata, prostitución, tráfico de personas, extorsión, separación de sus familias (muchas viajan con hijos e hijas), detenciones arbitrarias, enfermedades, accidentes y feminicidio. Como muchas veces son responsables del cuidado de niñas y niños que viajan con ellas se vuelven blancos dobles de violencia y las dificultades de tránsito aumentan debido a su condición de indocumentadas, lo que les dificulta la obtención de empleo, vivienda y recursos, así como cualquier servicio social para ellas y sus hijos e hijas.
En este contexto destaca la solidaridad de y entre las mujeres. Desde hace ocho años se lleva a cabo la Caravana de Madres Centroamericanas quienes recorren más de 4 mil km por todo México en busca sus familiares desaparecidas y desaparecidos en su trayectoria por nuestro país para llegar a la frontera con EU. La caravana está integrada básicamente por mujeres centroamericanas, quienes año con año inician su recorrido desde Chiapas, donde arranca el ferrocarril conocida como “La bestia”. La caravana forma parte de una lucha ejemplar de mujeres que buscan a sus hijas, hijos y familiares, la cual se asemeja a la lucha histórica de las madres del Comité Eureka, encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra, quienes desde los años 70, buscan a sus desparecidos; y también a la lucha de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron desaparecidos en 2014. Otro caso de solidaridad con la comunidad migrante es de “Las Patronas”, mujeres que asisten, preparan y obsequian comida a migrantes cuando el tren pasa en su comunidad Guadalupe (La Patrona), en Veracruz. Además, la solidaridad con migrantes en México tiene una larga historia a través de la asistencia en centros, redes de refugios, asociaciones dentro y fuera del país.
La participación política de las mujeres y la respuesta patriarcal
Frente al incremento de la participación de las mujeres en el ámbito público, educación, trabajo, política, ciencia, social, cultural y autonomía personal que reflejan las luchas históricas de las mujeres para ganar espacios y conquistar derechos, la respuesta de la ideología patriarcal expresa sus resistencias a través de expresiones y acciones discriminatorias y misóginas. En los últimos años hemos atestiguado el incremento de discursos sexistas y misóginos por parte de funcionarios de diversas instituciones, en muchos casos representantes de partidos, gobiernos, candidatos y servidores del sistema de justicia, los cuales han sido difundidos ampliamente en los medios de comunicación y redes sociales. De igual forma, ante las denuncias de acoso sexual que han hecho mujeres y activistas feministas, a través de sus redes sociales, el ciber acoso, que es un tipo de violencia machista, ha aumentado y se ha agudizado. Ello, refleja también que las mujeres están dando una lucha por sacar a la luz pública todas éstas formas discriminatorias y misóginas en su contra.
Retomemos algunas de estos discursos para dar una idea de que lo que estamos hablando: “Las leyes como las mujeres son para violarlas”[1], “Estoy de acuerdo con la paridad, pero que lleguen por capacidad intelectual y no por tener nalgas exquisitas”[2]; otro que se refiere a activistas a favor del aborto: “Están mal de la cabeza, nadie las quiere, nadie las pela, no tienen marido, nunca van a parir ni a abortar porque ni marido tienen”[3]. Otro más en relación a un operativo por el día de San Valentín: “Es el día de las secretarias, cuando los hoteles se llenan”[4]. Estas otras frases fueron emitidas por presidentes, Vicente Fox: “El 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no de dos patas o de dos piernas, una lavadora metálica”; Enrique Peña Nieto en su campaña para la presidencia, cuando le preguntaron cuanto costaba un kilo de tortillas, “no soy la señora de la casa, cuesta entre siete u ocho pesos”.
En el contexto histórico de la lucha por las acciones afirmativas y particularmente en el ámbito de la representación política, el movimiento feminista y amplio de mujeres, y en el PRT como corriente política luchamos, hemos luchado y hemos exigido el derecho de las mujeres a participar y ser parte de la representación política y pública. Así, se transitó de la recomendación a los partidos, en 1996, para incluir mujeres en las propuestas de candidaturas, al establecimiento de porcentajes en 2002, hasta que en el año 2015 se logró establecer la paridad. A partir de que se incorporó la paridad se han expresado mayores resistencias patriarcales a la participación de las mujeres en los puestos de representación popular. En algunos casos, sus familiares hombres o integrantes de las comunidades en donde viven les han obstaculizado o negado esta participación. En los últimos dos períodos de elecciones el número de denuncias por violencia política de género se triplicaron. En 2014 se registraron 38 casos y en 2016 fueron 103 casos, aunque también mujeres han sido asesinadas por ejercer su derecho a participar en la política.
Este tipo de violencia se suma a las estadísticas que han reconocido que diariamente siete mujeres son asesinadas en México. En América Latina, diariamente se reporta el asesinato de 12 mujeres, por tanto, México aporta más de la mitad de estos asesinatos de mujeres o casos de feminicidio. Teóricas feministas han advertido que no estamos meramente frente a un ciclo conservador o un movimiento de avanzada conservadora, sino que "es una nueva etapa decididamente perversa y obscena de la política.”
Ante este aumento de todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, se estableció en la legislación federal[5] la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres -único en el mundo- para responder, atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en lugares del país donde la violencia feminicida sea más alta. De esa manera, a partir de 2015 a la fecha, el gobierno federal ha decretado alertas de género para algunos municipios de 12 estados de la República: 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León, 11 de Veracruz, 5 de Sinaloa, 5 de Colima, 6 de San Luis Potosí, 8 de Guerrero, 3 de Quintana Roo, y 7 de Nayarit. Aunque la violencia feminicida ha provocado también que las organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos de las mujeres soliciten en cada entidad la declaratoria de alerta de género. A más de dos años de las primeras declaratorias de alertas, las organizaciones civiles solicitantes han denunciado que existe un desinterés generalizado de las autoridades responsables para aplicar las medidas para proteger la vida y los derechos de las mujeres.
Marichuy candidata independiente. Un hito histórico
Nos interesa destacar que la propuesta de la candidatura independiente de Marichuy tiene un significado especial pues en ella se reflejan diversas dimensiones del despojo capitalista en los territorios del país. Por primera ocasión en la historia de México, una mujer indígena, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, formado por el Congreso Nacional Indígena se convierte en una alternativa abiertamente anticapitalista y antipatriarcal que busca promover e impulsar la organización de la población en medio de la crisis política, económica y social con un claro mensaje: “¡Ya basta! Llegó la hora de las mujeres, nosotras también vamos por todo”. “La elección de Marichuy como vocera del CIG es, además, de gran importancia simbólica. Permite visibilizar a dos de las caras más golpeadas por décadas de políticas neoliberales y de agravios: a las mujeres y a los pueblos indígenas. Aunado a esto, el que una mujer indígena tenga la ‘osadía’ de confrontar a los políticos profesionales, cuestiona también una falsa idea de la política, la cual, en nuestra concepción, no debe ser una profesión para tecnócratas y burócratas corruptos y trepadores, como es la idea de política estimulada por la lógica del capital”, dice la declaración del PRT de junio del 2017 titulada “La elección de Marichuy, organizar la rabia”
Fundamentalismo y conservadurismo: contra el aborto, educación, diversidad sexual y matrimonio igualitario
Una oleada conservadora recorre el mundo y atenta contra las mujeres, contra todas las personas y todas las expresiones de una nueva sexualidad, más allá de la heterosexualidad, primordialmente porque cuestionan la moral sexual judeocristiana, pilar de la división sexual del trabajo en el capitalismo.
Si bien en México existe un nuevo protagonismo de la derecha, a partir de que en el año 2000 Vicente Fox, del PAN, partido conservador y de derecha, fue elegido presidente del país, lo que alertó a las feministas y a todos los sectores en defensa de la laicidad del Estado y las violaciones de Derechos Humanos. La continuidad del PAN en la presidencia con Felipe Calderón y la decisión de iniciar su sexenio militarizando el territorio nacional al país con el argumento del “combate al crimen organizado” confirmaron todas las alertas.
Ante esta crisis de derechos humanos en los últimos años el Estado ha delegado por completo su responsabilidad depositándola en el mercado; quien a partir de empresas privadas, concesiones o licitaciones mercantiliza derechos, pues la lógica del libre mercado sobre la participación en actividades legales es la auto regulación y la libre participación en todos los “servicios” (salud, educación, vivienda, etc.), transformando derechos en mercancías, lo cual daña directamente a la población empobrecida.
La lucha de las mujeres frente a estos escenarios ha sido fundamental, gracias a ella se han logrado avances importantes en los marcos normativos, con la creación de nuevas leyes que amplía el marco de derechos humanos de las mujeres y las niñas en la legislación nacional.[6] Nuevas leyes que no son privativas sólo de México, sino que son parte de una tendencia que se ha expresado en toda la región latinoamericana.
En el año de 2007, se estableció la despenalización del aborto o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), hasta las 12 semanas de gestación, sólo para la Ciudad de México. Y a nivel nacional se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que ha dotado de un marco legal, que es una herramienta para la lucha por la erradicación del feminicidio. Desde la aprobación de la ILE a la fecha, la ofensiva de la derecha implementó una estrategia legislativa que ha logrado que en 18 de los 32 estados del país se hayan aprobado reformas a sus constituciones locales con el fin de “proteger la vida desde el momento de la concepción o de la fecundación hasta la muerte natural”.
La clara intención de estas anti reformas estatales -que se cobijaron bajo la idea de “protección a la vida”- fue la de impedir y obstaculizar iniciativas de despenalización del aborto en la legislación constitucional y penal de los estados, similares a la ILE de la Ciudad de México. Los chantajes y presiones políticas de los sectores conservadores se han dado en el terreno de la política y los congresos locales, en los contextos electorales. La mayoría de los partidos políticos han impulsado y avalado estas contra reformas: PRI, PAN, PRD.
Las consecuencias de las reformas constitucionales en los 18 estados se han traducido en falta de acceso a servicios de salud reproductiva, y en criminalización y detención de mujeres que deciden interrumpir su embarazo, o que acuden a los servicios de salud por complicaciones por abortos realizados en condiciones insalubres, o que tienen abortos espontáneos y todas las cuales son tratadas como criminales y denunciadas a las autoridades.
Como respuesta a esta ola conservadora, en 2009 nació el Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres, precisamente como una necesidad de enfrentar la criminalización de las mujeres y generar respuestas unitarias puntuales y en la coyuntura de esos momentos para enfrentar esta ofensiva. Fue la iniciativa de Feministas Socialistas, de realizar un Foro, la que logró una alianza importante que llevó a la firma de un Pacto Político entre feministas de diversas corrientes. Los puntos centrales de este Pacto fueron: 1) La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar; 2) La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía; 3) La denuncia de aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales; del personal de los servicios de salud que extralimitando sus funciones, juzgan y acusan a las mujeres; a los servidores públicos del sistema de justicia, que aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos; y 4) Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país. Ejes que siguen vigentes debido a más iniciativas semejantes pendientes de dictaminación; y aun cuando la alianza se diluyó, logró visibilizar la criminalización de las mujeres que recurren al aborto, y la complicidad y alianzas de los partidos y de diputación principalmente del PRI y del PAN –y algunos de “izquierda”- en los congresos locales con sectores conservadores y de la jerarquía eclesiástica.
Por otro lado, la aprobación en la Ciudad de México de los matrimonios entre personas del mismo sexo[7] desató una reacción y una oposición conservadora más profunda. En un contexto de crisis de legitimidad, de derechos humanos y de la imposición de las reformas neoliberales en todo país, el 17 de mayo de 2016 el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en la cual propuso incluir el derecho al matrimonio igualitario en la Constitución federal, y que se ampliara la fracción III del artículo 390 del Código Civil Federal para agregar que “la orientación sexual o la identidad y expresión de género” no constituyan un obstáculo para que una persona se considere como apta y adecuada para adoptar.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en sesión del 8 de noviembre de 2016, consideró la iniciativa como “improcedente” argumentando que, aunque el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos humanos, “esta puede tener sus matices”. Además, resaltó que la Cámara de Diputados no cuenta con atribuciones para legislar en materia civil en las entidades federativas, ya que es responsabilidad de cada estado y su congreso local determinar su legislación y que “avalar la iniciativa presidencial podría entrar en conflicto con la autonomía de los estados.”
Los sectores más conservadores rechazaron públicamente la iniciativa. Durante varias semanas la Iglesia católica realizó llamados para movilizar a sus bases populares, mediante un discurso de odio escondido tras la defensa de los valores judeo-cristianos y un modelo de familia monógamo y heterosexual. En ese ambiente y con ánimo de confrontación líderes religiosos convocaron a una movilización nacional por la defensa de la familia, el 24 de septiembre de 2016 para expresar su rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A pesar de que la iglesia se empeñó en deslindarse como institución de la convocatoria fue claro que se utilizaron los espacios religiosos para difundir su discurso anti derechos humanos y que pretende mantener un status quo y control en la sociedad. Un discurso que potencia el odio en contra de todas aquellas personas que transgreden la heterosexualidad (hombre-mujer) criminalizándolas. Asimismo, debido a este discurso de odio aumentaron los asesinatos contra personas de la comunidad de la diversidad sexual, en particular de mujeres trans y hombre gays. De enero de 2014 a diciembre de 2016 fueron asesinadas 202 personas.[8]
En el contexto electoral del 2016, en el Estado de México el discurso conservador estuvo presente en declaraciones de candidaturas del PAN y del PRI. Aún sigue presente en el ambiente político la violencia machista y la misoginia, de los modos más obscenos. Y seguramente estará presente en la contienda por la Presidencia de la República en 2018.
La ofensiva fundamentalista y derechista es parte del ambiente político internacional, tanto de países europeos, como en EU con la llegada de Trump a la presidencia. En el caso de América Latina durante los últimos años hemos vivido un recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento de un discurso ultra conservador. Estamos frente a un reforzamiento a través de diversas campañas: contra la educación sexual, del aborto, de los derechos de la comunidad LGBTI; el cual ahora está focalizando en contra de la “ideología de género”[9], que impulsa marchas multitudinarias y crea campañas como la del “autobús de la libertad”, cuyo lema proclama: “las niñas tienen vagina, los niños tienen pene, que no te engañen” que recorrió diversos países del mundo; o las impulsadas en Brasil en contra de la educación sexual.
Estamos en el terreno de una lucha ideológica, se trata de deslegitimar las propuestas del feminismo y frenar el avance de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por la remoción de la educación sexual en todas las escuelas del país, contra el matrimonio de personas del mismo sexo y su derecho a adoptar.
La irrupción de un movimiento masivo de mujeres, una nueva radicalización
En los últimos dos años, ha crecido masivamente la expresión del malestar de las mujeres, en un contexto de crisis mundial capitalista, este hecho marca un punto de inflexión. Particularmente en América Latina, las protestas irrumpen en un contexto de incremento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. La mayor parte de las movilizaciones han tenido como referentes inmediatos diversos casos emblemáticos de feminicidio. Protestas masivas que convocan a la sociedad a dejar la indiferencia de lado y posicionarse junto con las mujeres para salvar sus vidas.
Las movilizaciones en Argentina en 2015 y 2016, inauguraron el movimiento Ni Una Menos, en esos mismos años, se replicaron en otros países, como Bolivia, Chile, y otros que estas marchas que motivaron la movilización de amplios sectores sociales. En Europa, la huelga de las mujeres en Polonia en octubre de 2016 en contra de la penalización del aborto, y en Italia el movimiento Ni Una Menos, de noviembre de 2016, son otros ejemplos de la nueva emergencia mundial de las mujeres.
En Estados Unidos en el contexto del triunfo de Trump, la movilización conocida como la Marcha de las Mujeres de Washington realizada el 21 de enero de 2017 en múltiples ciudades, y en la que participaron diversos movimientos, inauguró la resistencia en contra de Trump.
Todos estos movimientos tuvieron un punto de confluencia en una convocatoria mundial, la cual fue emitida por una red de alianzas tejida entre las mujeres de Polonia y de Argentina, más otros países, para la realización de una huelga internacional de mujeres. Así, se convocó en todos estos países a llevar a cabo un Paro Internacional de Mujeres (PIM), en el Día Internacional de las Mujeres - 8 de marzo de 2017; al cual se sumaron mujeres de 57 países en una acción simultánea sin precedentes en la historia del movimiento feminista y amplio de mujeres. El punto central para llamar a esta huelga fue visibilizar el trabajo cotidiano no remunerado que realizan las mujeres en los hogares y en las familias y en el cuidado de los otros, como un trabajo fundamental para la reproducción de la vida y del sistema capitalista y el cual no es reconocido socialmente pues esta naturalizado. Como lo simbolizó la consigna: “Si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras”.
Igualmente, en octubre de este año fue evidente la fuerza de la campaña #MeToo (en español significa Yo también) que en Estados Unidos sacó a la luz pública el acoso sexual que han vivido mujeres por parte de hombres en posiciones privilegiadas de la industria de Hollywood, y en general de la industria del entretenimiento. El impacto de las denuncias de acoso sexual rebasó fronteras y la campaña #MeToo llegó a otros países y señaló a otros hombres acosadores en posiciones públicas. En efecto, las mujeres han tomado fuerza y confianza para romper con años de silencio, rabia contenida y romper con la falta de credibilidad a sus denuncias. Todos estos movimientos están contribuyendo a quitar los velos que hacen que la sociedad vea como algo natural las violencias machistas.
La Primavera Violeta: contra el acoso sexual y las violencias machistas
En el caso de México el antecedente de esta oleada lo podemos ubicar a partir de que en los primeros meses de 2016, el movimiento en las redes sociales que denunciaba la violencia cotidiana contra las mujeres fue constante. La violencia diaria se visibilizó con mayor ahínco y las denuncias tuvieron mayor eco al ser retomadas y compartidas ampliamente, la indignación se acumuló y una energía colectiva se expresó para sacar del ámbito de lo privado y colocar en los espacios públicos las violencias machistas. Esto fue un antecedente que llevó a lo que fue la primera movilización a nivel nacional organizada en México por mujeres a través de las redes sociales con el objetivo de denunciar la violencia machista, en particular el acoso sexual.
El 24 de abril de 2016 en una acción inédita, miles de mujeres en más de 20 ciudades del país salimos a las calles, mujeres de diversos sectores y estratos sociales, de grupos y redes feministas, para muchas fue la primera vez quemarcharon, la gran mayoría de ellas jóvenes, que se manifestaron en contra de las violencias machistas, la violación, el feminicidio, el acoso y el hostigamiento sexual en sus vidas, en la escuela, en las universidades, en las calles, el transporte y centros de trabajo. Esta movilización irrumpió con fuerza, furia y hartazgo en un contexto de casos emblemáticos como el de “Los Porkys” en Veracruz[10] ; la violencia sexual contra la periodista Andrea Noel en la colonia Condesa, Ciudad de México; el acoso contra Gabriela, estudiante de la FES Acatlán; todos esos casos generaron una ola de denuncias públicas de casos de acoso sexual, que a través de las redes sociales expusieron no sólo que esta situación es cotidiana y forma parte de la vida de todas las mujeres; además motivaron una solidaridad y acuerpamiento entre mujeres en un marco completamente fuera de lo que han sido y expresado fechas representativas para el movimiento feminista: el 8 de marzo o del 25 de noviembre.
La campaña #MiPrimerAcoso visibilizó la historia de violencia sexual contra las mujeres exponiendo cifras alarmantes sobre las edades en la que las mujeres comienzan a ser acosadas, la mayoría durante la infancia y adolescencia; lo mismo buscó con la campaña “No te calles” que a través de mujeres víctimas de violencia sexual motivó la cultura de la denuncia.
La Marcha del 24 de abril (#24A) contra las violencias machistas fue una en la que las mujeres salimos a las calles a denunciar la normalización de la violencia contra las mujeres diariamente en diversos niveles, así como la dificultad en denunciar y obtener justicia ante cada uno de los casos por violencia contra nuestros cuerpos y la omisión del Estado para asumir la responsabilidad de proteger los derechos y la vida de las mujeres. El lema que se escuchó previamente, durante y posterior a la movilización fue “actuemos como manada”, es decir “si tocan a una respondemos todas”, esta consigna recoloca la necesidad de las mujeres de actuar juntas y en sororidad para enfrentar la violencia y las agresiones, llama a romper las barreras del miedo, a no paralizase, a interactuar a denunciar, a movilizarse.[11]
El #24A sentó un precedente para las nuevas generaciones de mujeres y feministas quienes nos hemos desarrollado en contextos con la violencia agudizada y expuestas al feminicidio. La radicalización del feminismo, principalmente entre mujeres que se desarrollan en ámbitos universitarios, ha sido fundamental en las acciones, porque se agilizaron sus convocatorias y porque surgió una nueva creatividad política con la que se llevan a cabo. La denuncia, cuestionamiento y exhibición de los actos de violencia contra las mujeres también se fortaleció en el interior de las universidades, públicas y privadas, ante la continua reproducción de discursos, actitudes misóginas y machistas por parte de estudiantes, autoridades y académicos, frente a las cuales las mujeres han respondido contundentemente.
Igualmente, el 19 de octubre de 2016, la solidaridad feminista cruzó fronteras, y el caso de Lucia Pérez, en Argentina, horrorizó, pero también indignó y motivó la organización. Por tanto, las mujeres paralizaron Argentina al convocar a un paro de labores y a una movilización nacional; acciones de solidaridad fueron replicadas en múltiples países de América Latina y Europa. La movilización de masas de mujeres en el continente y en el país sentó el precedente y la confianza para que el 25 de noviembre de ese año, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se convocara a una amplia movilización por fuera de los espacios institucionales y de las organizaciones no gubernamentales para accionar conjuntamente. Así se recuperó la perspectiva política feminista de ese día, el cual fue impulsado en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Colombia, en 1981.
A la nueva generación de mujeres jóvenes que se identifica con el feminismo como alternativa y como herramienta para transgredir su realidad, desnaturalizar los roles y la violencia, le ha tocado crecer y desarrollarse en un contexto de violencia agudizado en las últimas dos décadas; además está expuesta al aumento del feminicidio, identificado desde 1993, como una nueva expresión extrema de violencia contra las mujeres.
De tal manera que las movilizaciones del 2016 representan un punto de partida para analizar la configuración y orientación del movimiento feminista en este nuevo escenario mundial, regional y nacional. Las acciones que durante 2016 y 2017 se impulsaron alrededor del mundo han sido consecuencia de un acumulado de fuerza que durante décadas las mujeres feministas han preservado y motivado.
Desde principios de la década de los noventa, el empuje del movimiento feminista surgido en los años setentas con una radicalidad y desde la izquierda, orientó parte de sus esfuerzos y energía en una lucha prioritaria en la exigencia al Estado para que asumiera la responsabilidad de garantizar los derechos y la vida de las mujeres en sus marcos legislativos y en la creación de políticas públicas.
Todo este proceso, que implicó varios años, introdujo cambios en la configuración del movimiento feminista y amplio de mujeres. El acento en la lucha por las reformas legales logró avances importantes, sin embargo, al mismo tiempo decantó y deslavó el discurso radical, socialista y anticapitalista del feminismo. Así, el sector hegemónico del feminismo liberal dejó de considerar como puntos centrales y estratégicos para la liberación de las mujeres de todas las formas de opresión, tanto las estrategias de construcción de la auto organización política y como de la autonomía de las organizaciones de las mujeres. Estos han sido los puntos de debate, discusión y también de rupturas políticas que han atravesado al movimiento amplio de mujeres durante las últimas dos décadas. Por tanto, la lucha por la igualdad real de las mujeres sigue en el tapete, porque no se ha logrado, a pesar de todos los avances y las reformas legales; en este sentido este nuevo movimiento feminista masivo confirma la crítica a las limitaciones de las políticas públicas para erradicar la violencia, la desigualdad, la discriminación, el empobrecimiento, la pérdida de derechos, la opresión patriarcal y abre posibilidades amplias de construcción para las posiciones revolucionarias.
Las protestas masivas nos abren también la posibilidad de analizar el dinamismo de las mujeres que en los últimos años han creado nuevas formas de organización en colectivas, comités de apoyo a casos específicos, sitios de sensibilización en las redes sociales y nuevas redes de mujeres. Estas nuevas expresiones e identidades diversas están contribuyendo a crear plataformas que involucran a las mujeres de forma masiva. Además, las nuevas tecnologías de la información han posibilitado rebasar los sectores y fuerzas tradicionales, han inaugurado una expresión de activismo político y ciudadano a través de las redes sociales; que si bien ha tenido muchas ventajas también ha dejado múltiples retos cuando se busca concretar estos esfuerzos en procesos de organización y movilización que rebasen las coyunturas y acciones urgentes.
Complejidades y desafíos
A pesar de todo, la posibilidad de generar estrategias reales que impacten en la vida política del país y de las personas está en un momento crítico debido a la individualización como una postura interiorizada y fortalecida por una desmemoria histórica, la cual ha tenido consecuencias fatídicas para el nivel de conciencia y participación política. Las necesidades inmediatas son cada vez más superfluas y prevalece una participación política que muchas veces se queda únicamente en el mundo virtual sin concretarse en acciones reales organizadas.
Las implicaciones de la fragmentación, la institucionalización o el desplazamiento del discurso feminista y la pérdida de la autonomía feminista siguen siendo los grandes retos a vencer. Por otro lado, algunas expresiones del feminismo de las nuevas generaciones, en algunos casos por sus referentes teóricos, por desmemoria o una posición ahistórica, no logran construir o plantear estrategias de más largo plazo o con una perspectiva de vincular otros aspectos de la condición de las mujeres inherentes al capitalismo. Por lo tanto, la participación en algunas expresiones feministas se da desde la individualidad y muchas veces desde el anonimato utilizando la autonomía como una postura política sectaria que alienta la polarización y la confrontación entre feminismos o con otras corrientes políticas.
Hoy en día la situación se ha vuelto cada vez más compleja, pues las mujeres jóvenes que se suman a la lucha contra el patriarcado enfrentan también niveles muy altos y peligrosos de violencia en contra de ellas en las redes sociales, el machismo misógino y violento actúa en contra de ellas para intimidarlas y agredirlas. Por lo que la creación de espacios en donde las mujeres nos sintamos seguras sigue siendo fundamental, así como las redes de solidaridad y acuerpamiento que permitan el libre flujo de ideas y debates cordiales de intercambio y diálogos respetuosos. Al final de cuentas, todas nos necesitamos para enfrentar la ofensiva de las políticas capitalistas y patriarcales y la guerra de la derecha contra las mujeres. Apostemos a la unidad en la acción, a la diversidad y éstas nos fortalecerán.
Si bien la caracterización que hemos hecho hasta ahora es insuficiente para comprender la complejidad que representa esta nueva etapa del feminismo, debido al surgimiento de diversas resistencias de las mujeres y la emergencia de nuevas actoras dentro del movimiento feminista, así como la creación de nuevos espacios de actuación, es necesario continuar discutiendo y profundizando frente a su dinamismo; lo cual nos permitirá precisar las mejores tácticas y estrategias para la participación política.
En estos momentos y en lo que corresponde al feminismo, está puesto un doble desafío al marxismo: enfrentar las nuevas críticas post-modernas, lanzando las bases para una corriente feminista de izquierda que sea capaz de tener pensamiento y acción movilizadora y hacer frente a la corriente neoliberal e institucional desde y hacia el feminismo.
Estamos frente a un incremento de la violencia contra las mujeres y un alto nivel de protesta y movilizaciones que, sin embargo, no han influido en sectores y movimientos sociales, sindicales y populares, como para confluir en acciones unitarias. Aún, existe una cañada de distancia entre las demandas de las mujeres, sus expresiones organizativas, las necesarias alianzas con amplios sectores organizados y la movilización de conciencias de la población.
En el Cono Sur de América Latina, las movilizaciones masivas de mujeres como las ocurridas en Argentina y Uruguay, con la participación de más de 300 y 200 mil personas, también se pueden explicar por la cultura política en esos países que han vivido las dictaduras militares en el pasado, y en el caso de Argentina un movimiento que ha realizado encuentros feministas desde hace más de 30 años en donde se expresan las diferentes diversas posturas políticas del feminismo.
En diversos documentos del PRT, generados en años anteriores, hemos aportado elementos de análisis y caracterización sobre el movimiento feminista y amplio de mujeres en México. Venimos de una trayectoria como corriente política que nos ha permitido contar con un gran acervo de experiencias de actuación para impulsar y fortalecer las luchas feministas. Nuestra política siempre ha tratado de generar las propuestas que apoyen en la construcción de espacios independientes y unitarios para potenciar la creación de mayor fuerza política de las mujeres para empujar tanto el fortalecimiento organizativo y como la auto organización de las mujeres; además de la sensibilidad política para reconocer las necesidades y las demandas de las mujeres de los diversos ámbitos y sectores. Con todo ello, la construcción de un movimiento de las mujeres sigue siendo una prioridad desde una perspectiva de lucha anticapitalista y por la erradicación de la opresión de las mujeres.
La nueva radicalidad y el nuevo movimiento que se está perfilando a nivel mundial y su expresión en México con el repunte de una nueva generación de mujeres que se asumen feministas desde diversos referentes teóricos y políticos, nos obliga a una reflexión que requiere en primer lugar reconocer los cambios que estamos viviendo en las formas en que las mujeres se están organizando y actuando, las fortalezas y debilidades de estas formas de organización.
Desde hace más de 10 años, que inició la guerra de Calderón, y que Peña Nieto continuó, contra el narcotráfico y la política de seguridad que ha implicado la militarización del territorio, y que hoy intentan legalizarla con la Ley de Seguridad Interior. El contexto de violencia e inseguridad ha favorecido el incremento de violencia contra las mujeres y el incremento de violencia feminicida a nivel nacional. Así, varios municipios del Estado de México se han convertido en un infierno para las mujeres; pero también otros estados como Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur. La consigna “Feminicidio emergencia nacional” que inunda las redes sociales refleja el impacto y la magnitud por los múltiples casos que diariamente se conocen, en diversos municipios y estados, de asesinatos de mujeres. Y en particular en algunas universidades las mujeres se han estado organizando desde hace más de dos años en colectivas feministas, y en asambleas en algunas facultades para dirimir con relación a los casos de acoso sexual en el ámbito universitario.
Por lo que tenemos que reforzar las orientaciones para generar e impulsar espacios para la discusión del feminismo desde una perspectiva que genere las herramientas teóricas y políticas para consolidar la organización de las mujeres fortaleciendo la autonomía. Del mismo modo, otros retos que tenemos son la feminización de los espacios, colectivos, asambleas, grupos, en todo el ámbito universitario, en los movimientos sociales; impulsar la solidaridad con la lucha que las compañeras están dando en las universidades; generar un discurso en donde los hombres se puedan sumar como aliados de las mujeres; y construir nuevas formas de interrelación.
En el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven universitaria asesinada en Ciudad Universitaria de la UNAM, el 3 de mayo de este año, mostró cómo las autoridades ministeriales y judiciales están rebasadas e impregnadas de prejuicios sexistas. Pero también sigue mostrando la fuerza de la movilización feminista. Por un lado, la Procuraduría de justicia capitalina no respetó los protocolos de investigación y envió tweets desacreditando, criminalizando, revictimizando y culpabilizando a Lesvy de su muerte; de igual forma, el Rector de la UNAM se vio corto en su pronunciamiento. Ante todas estas violaciones de derechos de la familia de Lesvy, la respuesta de las mujeres fue contundente al generar el hashtag “Si me matan”, con el cual respondieron a las nefastas declaraciones de la procuraduría que derivó en el retiro esos tweets y la destitución de funcionarios.
La fuerza del movimiento obtuvo esos logros inmediatos. Esta es la forma en que el movimiento se está expresando y actuando, la movilización focalizada en una universidad cuenta tanto con la organización previa de las jóvenes, las asambleas y el impacto en las redes sociales. Además, el hashtag “Si me matan” reflejó, sin lugar a dudas, la incertidumbre en la que están viviendo las mujeres, porque a través de él las mujeres denunciaron que todas pueden ser asesinadas por transgredir al patriarcado con su pensamiento y su forma de vivir; y al mismo tiempo desarrolló una conciencia de solidaridad y de denuncia del machismo de las instituciones.
En octubre pasado, gracias a toda la movilización feminista, tanto política como jurídica, se logró un paso hacia la justicia para Lesvy, ya que las autoridades judiciales reclasificaron el tipo penal por su asesinato a feminicidio agravado, y ya no como homicidio simple doloso por omisión, en contra del imputado Jorge Luis González Hernández, quien era su pareja, por no evitar el supuesto suicidio de Lesvy, según la errónea conclusión de la primera investigación, sin perspectiva de género, realizada por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en julio. Debemos subrayar, que casos como el de Lesvy, atravesados por la negligencia y omisión de las autoridades se repite constantemente, lo que provoca impunidad y a su vez alienta a la comisión de feminicidio, pues se obstaculiza que los culpables sean castigados.
Es decir, la lucha contra el acoso sexual y la violencia feminicida no es sólo de las mujeres. Necesitamos generar propuestas para que la violencia contra las mujeres sea visibilizada y la solidaridad sea clara y contundente cuando se den hechos de acoso y violencia feminicida.
El movimiento de mujeres universitarias ha logrado empujar para que los protocolos contra la violencia de género en algunas universidades se instalen, sin embargo, se requiere de un seguimiento puntual de cómo esos reglamentos están o no respondiendo a las necesidades de las mujeres para parar el acoso sexual, y garantizar su seguridad e integridad dentro de las universidades; como lo ha mostrado el caso de Lesvy y otros casos.
Nuestras tareas
Como PRT, llamamos a reforzar nuestra orientación feminista socialista analizando los cambios que se están desarrollando y en la lucha por el fortalecimiento de la organización y movilización de las mujeres. De igual forma, consideramos imprescindible intensificar la formación feminista en la organización para enfrentar el discurso conservador, sexista y misógino en este nuevo contexto. Porque hoy día, está ocurriendo un cambio histórico que trae nuevos y frescos aires para el fortalecimiento de la lucha feminista y un nuevo movimiento internacional de una dimensión no vista antes.
Por lo que en particular, consideramos imprescindible el análisis y los diálogos entre la militancia para revertir los rasgos patriarcales que reproducimos, avanzar en el desarrollo de una conciencia crítica y a la vez solidaria de estos elementos sexistas que se reproducen y que en algunas ocasiones se pueden convertir en obstáculos para la participación de las compañeras, así como identificar que las condiciones en que las mujeres desarrollan su militancia son muy diferentes a las de los compañeros varones por los roles de género asignados a las mujeres y a los hombres. De igual forma, vemos necesario generar tanto dentro de la organización como en los movimientos donde participamos ambientes y espacios de trabajo militante y activista en donde las mujeres se sientan seguras y puedan desarrollar su formación política.
También, fomentar en la práctica la transversalización de la política feminista al interior de la organización sigue siendo un trabajo cotidiano y constante.
Igualmente, el impulso de un feminismo clasista, socialista, anticapitalista es un reto que nos anima y nos ayuda a crear puentes y tejer para poder construir espacios de intervención y de accionar político. Todo para enfrentar las políticas agresivas del neoliberalismo, de la ideología conservadora y de las expresiones fundamentalistas, y todas aquellas que se escuden detrás de los discursos del feminismo de corte neoliberal y empresarial; es decir, de todas las expresiones del feminismo funcionales al sistema capitalista.
Tenemos que avanzar en tácticas para la vinculación e interrelación de las demandas del movimiento feminista y las demandas de amplios sectores de la población de los movimientos de la clase trabajadora. Buscar coordinaciones y unidad en la acción con movimientos sociales, sindicales, ecologistas y otros; porque las mujeres estamos en todas partes. También, traer a la reflexión la experiencia de construcción del feminismo popular, de feminismos vinculados a experiencias indígenas, comunales, de las luchas por defensa de los territorios, contra las políticas depredadores del capitalismo.
El nuevo movimiento de las mujeres en el escenario de la globalidad capitalista, pero también de la izquierda socialista y anticapitalista, es un nuevo reto y al mismo tiempo una ventana de oportunidad para apuntalar nuestra perspectiva transicional y estratégica.
Las resistencias de las mujeres y el Paro Internacional de Mujeres (PIM) abrieron la posibilidad de una construcción amplia y radical que recupera la dimensión clasista y la interseccionalidad de las demandas de todos los movimientos. Estas movilizaciones han visibilizado el trabajo que las mujeres realizan para la reproducción de la vida y pone sobre el tapete la división sexual del trabajo, con una fuerza no vista previamente. Estamos viviendo un momento histórico que nos convoca a la construcción feminista, anticapitalista, sexo diversa, ecosocialista, democrática que hoy se requiere en el movimiento y que hemos construido por 40 años, lo hemos hecho y es nuestra tarea, como Partido, hacer presencia con nuestro programa, formar cuadros, impulsar iniciativas unitarias, tejer fino por y para la vida de las mujeres.
Comisión de Trabajo Feminista del Partido Revolucionario de los Trabajadores,
Sección Mexicana de la IV Internacional.
Diciembre de 2017.
[1] Alejandro García, septiembre de 2014, exdiputado por el PRI congreso local de Chiapas.
[2] Juan Manuel Sánchez Macías, 2016, Presidente de la sala regional de Xalapa del Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación (TEPJF)
[3] David Jiménez Rumbo, 2014, Líder del PRD en Guerrero.
[4] Joel Ortega, 2012, Jefe de la Policía del Distrito Federal
[5] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007.
[6] Decreto por el que se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 1° de febrero de 2007; la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril de 2007; Decreto por el que se crea la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 2 agosto de 2006; Decreto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 11 junio 2003; el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, el 10 de junio de 2011. Decreto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 4 diciembre 2014.
[7] En el año 2006, se aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y el 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda al artículo 146 del código civil que dejó de calificar el sexo de los contrayentes como relevante
[8] Letra S. Sida Cultura y Vida Cotidiana. Reporte 2016
[9] Este concepto no es propio del movimiento feminista, fue creado por la Iglesia Católica para hacer contrapeso a las plataformas internacionales que reconocen los Derechos Humanos de las Mujeres, que crean los marcos legales, políticos y normativos para la implementación de políticas públicas que tienen por interés hacer frente a las desigualdades sociales en razón del sexo. Particularmente a partir de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de la ONU en 1994 y la Conferencia de Viena, 1993. La “reunión de Bélgica no tenía la intención de hacer una contribución a la teoría del diálogo interreligioso. Antes bien, su objetivo era práctico: explicitar los intereses y testimonios de las comunidades religiosas sobre temas de la CIPD y buscar puntos de convergencia en torno de estas urgentes cuestiones” (The Park Ridge Center, 1994), donde si bien se tuvo una posición general pro Derechos Humanos por parte del conjunto de las religiones que se dieron cita, la Iglesia Católica ocupó este espacio como plataforma para lanzar una serie de campañas cuyo argumento es que la ‘Ideología de género’ está entendida “como una rebelión de la ideología moderna contra su condición de creación, pues se trata de un pensamiento que desnaturaliza la condición de hombres y mujeres en la sociedad, lo que implica que se abre la posibilidad de la diversidad y con ello de la libre elección no sólo para construirse sexualmente (trascendiendo al binarismo mujer-hombre), sino también para constituirnos como sociedad a partir de roles y orientaciones que se alejan de la moral sexual religiosa y atenten contra la familia, base de la organización en sociedad”
[10] En mayo de 2015 fueron denunciados, por la violación tumultuaria de una menor en Veracruz, cuatro hijos de grandes empresarios veracruzanos y de un exalcalde de un municipio de la entidad. Los jóvenes eran conocidos en redes sociales como "Los Porkys de Costa de Oro"
[11] Como PRT participamos y convocamos a estas movilizaciones y generamos un posicionamiento “24A. Nuestra primavera será violeta… Organizada y Nacional”
