LA MILITARIZACIÓN EVIDENCIADA CON EL CASO AYOTZINAPA

Del informe del GIEI se concluye que fue el Ejército, fue el Estado, responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.

Grave proceso de militarización y empoderamiento de las fuerzas armadas.

Ayotzinapa es un caso paradigmático de desaparición forzada en México que pone en cuestión no sólo al gobierno de Peña Nieto, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero, sino al gobierno de López Obrador, que ha sido cuestionado por proteger absurdamente al Ejército y la Marina ante el ocultamiento de archivos militares que podrían contribuir a esclarecer las responsabilidades de las autoridades en la desaparición y poder ubicar el paradero de los estudiantes, lo que muestra con toda claridad que el aparato del Estado fue el responsable de la desaparición y que el Ejército desempeñó un papel fundamental en un operativo represivo que ocasionó este crimen de lesa humanidad, y que sigue siendo el Estado quien impide llegar a la verdad y la justicia que se ha reclamado ya desde hace casi 9 años.

El GIEI confirma con datos duros que fue el Estado el responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que el Ejército participó en todo el operativo represivo, que trata de ocultar. El Informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue claro y contundente sobre los avances, obstáculos y retrocesos impuestos por el Ejército, la Marina y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional en las investigaciones para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el  esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia, luego de concluir su mandato de colaboración ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos encontramos a un mes de que se cumplan 9 años de este crimen de lesa humanidad ocurrido en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El GIEI presentó su VI informe final sobre el caso Ayotzinapa con datos contundentes sobre el papel del Ejército, de la Marina, del CISEN, así como el terrible caso de Julio César Mondragón y las líneas de búsqueda sobre el posible paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos, en un amplio documento de 322 páginas que sistematiza información oficial y exhibe el ocultamiento de archivos que se niega a entregar el Ejército a pesar del compromiso presidencial de que así se haría.

Las detenciones de 10 militares y policías involucrados directamente en la desaparición han sido posibles por la exigencia del GIEI de reactivar las 16 órdenes de aprehensión dictadas por la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, luego de que éstas fueran suspendidas por órdenes de la propia Fiscalía General de la República, y están por ejecutarse el resto de las mismas, lo que puede contribuir a castigar a los responsables directos de la desaparición aunque todavía falte llegar hasta los responsables al más alto nivel como el propio Peña Nieto y Osorio Chong, tal como ya ha ocurrido con el ex Procurador Jesús Murillo Karam.

El caso no está cerrado y aún faltan por llevarse a cabo diversas acciones legales que el GIEI emite como recomendaciones en su informe final. Toda la documentación y análisis presentado sobre el papel del Ejército y la Marina durante las desapariciones y los días posteriores a las mismas, muestran la complicidad institucional con los grupos criminales que operan en la región y que siguen controlando el negocio del tráfico de drogas y otros ilícitos del crimen organizado ligado al ejercicio del poder político y económico.

El informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demuestra que, casi 9 años después de los hechos, el Ejército sigue mintiendo para ocultar información clave sobre lo qué pasó con los 43 estudiantes normalistas. 

Documentos de la 35 Zona Militar incluyen una agenda de riesgos y amenazas, en donde se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas implicadas en el caso Ayotzinapa, incluyendo diputados federales y locales, presidentes municipales y directores de seguridad pública de Teloloapan, Cocula y Apaxtla, así como ex mandos militares, incluido un Mayor, que operaba una célula delictiva en Iguala, lo que muestra tanto el nivel de información que tenía la SEDENA sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico, como la vinculación de personal del Ejército con estos grupos en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala.

 Los archivos dados al GIEI muestran que el Ejército documentaba los movimientos de los estudiantes cada minuto de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, en la que desaparecieron a 43 estudiantes y asesinaron a Julio César Mondragón y varios estudiantes más, incluyendo deportistas de Los Avispones. Sin embargo, faltan los registros de momentos clave, como por ejemplo la hora del ataque contra los estudiantes.

La SEDENA tenía agentes infiltrados (llamados OBI) entre los estudiantes. Enviaban fotos, videos y mensajes sobre los movimientos de los estudiantes. Pero como señala el GIEI algunas fotos de momentos clave de la noche parecen haber desaparecido, junto con los informes escritos que hicieron.

La cadena de negaciones es larga. A pesar de que la SEDENA tenía un "Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI)" en Iguala que interceptaban llamadas y mensajes de texto, el gobierno lo niega. Tan es cierto que el GIEI obtuvo documentos escritos y enviados por el CRFI en septiembre de 2014, pero la SEDENA dice que el CRFI no existía.

El GIEI revisó archivos con transcripciones de llamadas (interceptadas por la SEDENA) entre policías, narcos y otras personas la noche del 26 de septiembre. Sin embargo, cuando solicitaron más información, la SEDENA negó por escrito que existiera.

 El GIEI obtuvo documentos que demuestran que la SEDENA realizó su propia investigación interna después de los eventos, con decenas de entrevistas a militares y civiles. Esta investigación fue ocultada a la Fiscalía especial para el caso Ayotzinapa cuando estaba al frente Omar Trejo. Cuando el GIEI solicitó los archivos, la SEDENA respondió sin pudor alguno que tal investigación no existe.

Ante todas estas evidencias, la respuesta del presidente López Obrador ha sido de negar la realidad una y otra vez, saliendo en defensa del Ejército y la Marina, descalificando el informe del GIEI y acusando a las madres y padres de los 43 desaparecidos y a las organizaciones defensoras de derechos humanos que los acompañan y asesoran, que están llevando a cabo acciones de politiquería y de un ataque político ideológico a su gobierno, negándose  siquiera a recibirlos en audiencia, como lo solicitaron para que se dé seguimiento a las recomendaciones emitidas por el GIEI.

La explicación política de este autoritarismo y cerrazón del gobierno de López Obrador al negar la realidad contundente que demuestra el informe del GIEI, es su política al respecto del papel otorgado al Ejército y la Marina en su proyecto de supuesta Cuarta Transformación, de brindarle más poder, más recursos económicos que nunca, nuevas funciones para garantizar obras insignia como el Tren maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transistmico, las aduanas y la conducción de la Guardia Nacional, entre otras, que lejos de garantizar una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, solamente ha incrementado la violencia estructural, con el aumento de asesinatos a más de 160 mil superando los 108 mil ocurridos en el gobierno de Peña Nieto, los más de 4 mil feminicidios ocurridos entre diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022, superando la cifra espeluznante de más de 110 mil desapariciones y, lejos de disminuir el tráfico y consumo de drogas y estupefacientes, las ha disparado a niveles nunca vistos anteriormente, igual que el poder de fuego de los grupos criminales y cárteles que ya forman parte de un desarrollo capitalista que incorpora la industria criminal a los circuitos financieros, comerciales y de producción establecidos.

El proceso de militarización y su papel contrainsurgente y represivo en México, se ha documentado desde los años 60s a la fecha. Si bien es cierto existen comisiones para investigar los crímenes de Estado ocurridos durante ésas décadas, cada día vemos cómo se protege a la institución armada y se trata de minimizar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas ya no solo por militares y marinos, sino ahora también por la Guardia Nacional. Contrariamente al compromiso de López Obrador de desmilitarizar la seguridad pública, ha reforzado el papel de los militares mediante cambios legales, contando en todo momento con la complicidad y subordinación de la CNDH como se demostró en ceremonia realizada en el Campo Militar Número Uno y en su negativa a interponer controversia constitucional por la subordinación de la Guardia Nacional a la SEDENA y callar ante graves ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en diversos operativos.

Este informe del GIEI debe ser ampliamente difundido para que sea del conocimiento de toda la sociedad y genere conciencia de la necesidad de exigir que se cumplan todas y cada una de las recomendaciones ahí emitidas y entregadas directamente al propio presidente López Obrador.

Por todo lo anterior expresamos de manera muy clara y contundente que las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no están solos y cuentan con el apoyo de muchas de las organizaciones sindicales y sociales, rumbo al 26 de septiembre, cuando se cumplirán 9 años de estos graves hechos, por lo que como militantes del PRT estaremos llevando a cabo diversas actividades de solidaridad hasta lograr que haya verdad y justicia, manteniendo en alto la consigna de: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

1 de agosto de 2023.

                                 Comité Político del

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)

            Sección mexicana de la IV Internacional