EL TRIUNFO DE SHEINBAUM Y LA DEBACLE DE LAS DERECHAS TRADICIONALES.

 

 

 

Esta fue una elección histórica al otorgarle el triunfo a una mujer, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, que obtuvo el 60% de los votos, ganó en 31 de 32 de los estados del país y arrancó casi 30 puntos de ventaja sobre la candidata de la coalición de la oposición conservadora, Xóchtil Gálvez.

 

Además, Morena se llevó “carro completo” y ganó en 7 de las 9 gubernaturas donde hubo comicios, logrando alcanzar más de la mitad de los ejecutivos estatales, la mayoría calificada en la cámara de diputados y casi en la de senadores. Detrás de este gran triunfo se expresan las aspiraciones de millones de continuar con la gestión de la llamada Cuarta Transformación, que llegó al poder en el 2018 producto del gran hartazgo contra las políticas neoliberales y la administración del PRIAN. 

 

La aplastante votación a favor de Claudia Sheinbaum y de Morena, más allá de las ilusiones y expectativas entre el electorado que reflejan, expresa también un hecho político profundo que debe señalarse de inmediato. Con una votación mayor que la que el propio AMLO obtuvo en 2018, el resultado muestra que el pensamiento y propuesta que AMLO impulsó este sexenio, otra expresión del progresismo que ha surgido en América Latina estos años, ha logrado ser hegemónico ideológicamente en la sociedad y sienta las bases para la consolidación del nuevo régimen político en curso ya que Claudia Sheinbaum está comprometida a darle continuidad. Asumir que el nuevo gobierno representará esa continuidad política con respecto al de AMLO, lo que ellos llaman publicitariamente la 4T, obliga a un balance crítico de este sexenio y la necesidad de una alternativa desde la izquierda independiente, anticapitalista y antipatriarcal.

 

 

 

El fracaso de los partidos de la derecha tradicional

 

 

 

Una avalancha de votos aplastó a una oposición de la derecha tradicional totalmente desprestigiada entre la población, que votó a partir de su amarga experiencia con el corrupto gobierno de Peña Nieto, que terminó de empobrecer a la población trabajadora, mientras él y sus funcionarios se servían a placer de las arcas públicas y siguen impunes. Y qué decir del gobierno de Felipe Calderón, que puso a la cabeza de la “Guerra contra el narco” a un cómplice del cártel de Sinaloa, el hoy preso en Estados Unidos, Genaro García Luna. 

 

Y por si fuera poco, en la actualidad los partidos de la derecha tradicional son representados por sus presidentes: Marko Cortés y Alejandro Moreno, dos personajes impresentables, exhibidos públicamente con sus descaradas corruptelas, quienes ya tienen garantizada una senaduría y que representan el estilo gangsteril del viejo régimen —particularmente el priista—, y que son quienes intentaron descalificar el proceso electoral por un supuesto fraude. Es por el hartazgo de la enorme mayoría de la población contra los viejos partidos tradicionales, que se han quedado vacíos, sin ninguna legitimidad, ni proyecto que ofrecer.

 

Esto no quiere decir que fueron unas elecciones pacíficas y democráticas, como dijo la virtual presidenta. Muy lejos de eso, hubo importantes irregularidades, pues se utilizaron millonarios recursos de manera ilegal, por parte del PRIAN, pero también por Morena, superando enormemente los topes de campaña, que se iniciaron desde las pre-pre-campañas con al menos dos años de anticipación, violando la Ley electoral.

 

Además, el asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la oposición en Coyuca de Benítez, en Guerrero, en medio de su acto de cierre, es una expresión de la intervención de grupos armados y criminales en la política electoral, con más de 200 asesinatos de candidatos, candidatas, funcionarios y equipos de campaña de todos los partidos, aunque estos episodios no impidieron la amplia participación popular y contundente triunfo del oficialismo. Como explicaremos más adelante, la violencia del llamado crimen organizado no se reduce a un problema de políticas de seguridad pública, sino el desarrollo actual del capitalismo neoliberal que no se detiene ni ante su propia legalidad.

 

Es un hecho histórico que por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum, será presidenta, con casi 36 millones de votos. Pero este hecho, con todo y su importancia, está subordinado al compromiso expresado por la propia Claudia de continuar las principales políticas de la llamada Cuarta Transformación.

 

No hay, por cierto, una Cuarta Transformación histórica comparable a las 3 revoluciones previas. La 4T es una fórmula publicitaria. No es un gobierno de la 4T, sino un gobierno de tipo progresista como otras corrientes latinoamericanas que dicen oponerse al neoliberalismo, pero mantienen las líneas económicas centrales del neoliberalismo, combinada con políticas asistencialistas y en el caso mexicano sosteniendo la política de militarización heredada de los gobiernos previos.

 

Al igual que AMLO y a pesar del gabinete paritario, Sheinbaum se ha ubicado en una posición de centro en lo que respecta a la agenda de las mujeres. Por algo Sheinbaum evadió una pregunta directa sobre el derecho al aborto, durante uno de los debates presidenciales, diciendo simplemente que eso ya lo había resuelto la Suprema Corte, para evitar definirse ante ese derecho que no ha sido legalizado en todo México. Ya veremos cómo aborda uno de los grandes pendientes: la justicia para las mujeres asesinadas o desaparecidas, en un “tiempo de mujeres”, si al mismo tiempo está comprometida a dar continuidad a la política de la 4T. Asimismo es indignante que AMLO se niegue a recibir a las madres buscadoras, que no se les preste ayuda ni protección, cuando son perseguidas por el llamado crimen organizado y mientras se mantiene la impunidad. 

 

López Obrador no resolvió, pese a promesas de campaña, el emblemático caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, crimen de Estado reconocido, en el Segundo Informe del, en ese entonces, subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y Presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, en el que el gobierno se negó a entregar la información que los padres y madres han venido exigiendo, para proteger descaradamente al ejército. O los graves casos de asesinatos de los defensores de las comunidades y el medio ambiente y los derechos humanos, donde destaca otro crimen de Estado, el caso de Samir Flores, que quitó de en medio al principal opositor a la termoeléctrica en Huexca. A pesar de las expectativas populares que ha generado el triunfo de Sheinbaum, su compromiso no solo con la continuidad en general, sino en particular sobre el papel de las fuerzas armadas y la GN, muestran que aunque AMLO ya ha anunciado que le pasará el tema al nuevo gobierno, la única solución sólo podrá venir de la exigencia del movimiento de los 43 y por los derechos humanos de continuar en la lucha sin esperar que graciosamente, desde arriba, llegue la solución.

 

¿Qué significó el gobierno de AMLO?

 

El aplastante triunfo de Morena en las elecciones presidenciales llega entre la bancarrota de la oposición y la hegemonía que López Obrador conquistó a lo largo de su sexenio. Cuando Morena ganó las elecciones presidenciales en el año 2018, ofreció terminar con la herencia de más de 30 años de políticas neoliberales. Valiéndose de una retórica que ofrecía gobernar para ricos y pobres, generó grandes expectativas en sectores amplios del movimiento de masas. Como un guiño a la burguesía nativa y al imperialismo, prometió mantener la estabilidad macroeconómica, respetar la autonomía del banco central y, en términos generales, mantener el entramado institucional del Estado. No obstante, al mismo tiempo, aseguró que la “Cuarta Transformación” significaba un cambio profundo en el régimen político y su gobierno configuró un cambio en la correlación de fuerzas del sistema de partidos.

 

Para consolidar su proyecto, el oficialismo centralizó gran parte de la toma de decisiones en el poder Ejecutivo, entrando en confrontación con instituciones heredadas del neoliberalismo, así como con las Cámaras y la Suprema Corte (cuando no logró consolidar mayorías necesarias para sus reformas legales) así como con sectores acotados de la burguesía nativa que quedaban desplazados tras la reconfiguración en el sistema de partidos. Además, pese a que López Obrador prometió el fin de la "guerra contra el narco", una de sus primeras acciones de gobierno fue la creación de la Guardia Nacional bajo el control de los militares, en lo que fue uno de sus giros más reaccionarios en tanto profundizó la militarización del país, criticada por AMLO durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.  AMLO se apoyó en las FFAA para un sinfín de tareas propias de la administración pública, entregándoles el cargo de las tareas de seguridad y aumentó su presencia y poder en la vida política nacional (en el control de aduanas, aeropuertos, en la nueva compañía de aviación Mexicana, en el Tren Maya y el Interoceánico). Lo anterior acompañó la recomposición de la imagen del ejército, altamente cuestionado por su papel en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

En materia de violencia el régimen de la 4T ha seguido los lineamientos de “seguridad” y militarización impuestos por el imperialismo norteamericano al Estado Mexicano por al menos cinco décadas. En México la crisis de violencia comenzó a gestarse a mediados de los 70´s en el contexto de la Guerra Sucia a través del Plan Cóndor, cuando el Estado Mexicano fue forzado a colaborar con Estados Unidos en la “Guerra Contra las Drogas” involucrando al Ejército Mexicano en la reorganización del crimen organizado. La violencia se recrudeció con el arribo de los neoliberales al poder político en el contexto de la respuesta militarista en contra de las comunidades zapatistas, se afianza en el periodo de Vicente Fox con la militarización de las policías en el marco de la “Guerra Contra el Terrorismo” la cual motivó la firma de los acuerdos de seguridad contenidos en el Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), estalla con la fraudulenta “Guerra Contra los Carteles de la Droga” lanzada por el espurio Calderón y nunca debidamente declarada verdadera calca y copia de la Guerra Contra el Terrorismo y finalmente se mantiene y crece en los sexenios de EPN y AMLO. 

En México la espiral de violencia no ha dejado de crecer involucrando ejecuciones, secuestros y torturas a la población, masacres a pueblos originarios, asesinatos de luchadores sociales y periodistas, feminicidios, todo mientras aumentan las actividades del llamado crimen organizado y la militarización como respuesta espuria, es decir no solamente inútil para acabar con la crisis de violencia sino parte fundamental del problema.

 

La permanente violencia y al mismo tiempo la militarización, reflejan un problema mayor que un fracaso de política de seguridad pública. Es resultado de la subordinación del Estado a los intereses del imperialismo y a un capitalismo neoliberal que, desde la caída del Muro de Berlín y su autodeclaración como ideología triunfante, desconoce conquistas históricas de la clase trabajadora y de los pueblos, incluso en el terreno legal, para avanzar en una política de despojo, acumulación y enriquecimiento sin freno en los países dependientes y semicoloniales. Los grupos armados y sicarios del llamado crimen organizado son funcionales no solo para el narcotráfico, sino para otros negocios como el extractivismo minero en que esos grupos armados atacan a defensores ambientales y de comunidades. Por eso decimos que la política de seguridad oficial  no es suficiente porque no basta dar "oportunidades" a los jóvenes, sino desarrollar una política anticapitalista que cuestione la subordinación al imperialismo, el militarismo y la militarización, perspectiva que el progresismo no comparte.

 

La continuidad de la política de militarización, que dicho sea de paso Claudia Sheinbaum ha dicho que mantendrá, no sólo se relaciona con la crisis de seguridad que atraviesa el país, sino que está íntimamente ligada a los intereses imperialistas en la región. Basta ver la utilización de la GN como muro fronterizo contra la migración de centro y sudamérica, pero también con la completa subordinación a la política de seguridad y los intereses geopolíticos de los EEUU, en especial en la disputa comercial con China. En ese sentido, el TMEC que fue aprobado en la frontera entre el sexenio de EPN y la transición al gobierno de López Obrador, funciona a los EEUU para frenar las exportaciones chinas a su territorio, no obstante que a partir del nearshoring y la llegada de capitales a nuestro país, se abrió una ventana para que China exporte mercancías al mercado estadounidense (en especial para la industria automotriz) modificando la procedencia de sus productos al fabricar parte de ellos en México. Lo anterior será uno de los temas a tratar durante la revisión del TMEC que se llevará a cabo durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, quien ha nombrado a Marcelo Ebrard como próximo Secretario de Economía y encargado de dichas negociaciones.

 

Otro asunto crucial que delata la subordinación a los intereses imperiales del vecino del norte, es su rotunda negativa a romper relaciones con el genocida gobierno de Benjamín Netanyahu, del sionista estado de Israel, que desarrolla con el apoyo de la administración Biden, un asesinato indescriptible e indignante de la población civil que ya alcanza cerca de 40 mil palestinos, incluidos ancianos, mujeres y niños. Y a pesar de eso y de que otros gobiernos “progresistas”, como el colombiano, han decidido romper toda relación con los asesinos sionistas, López Obrador se mantiene escudado tras las resoluciones de la ONU, a las iniciativas de otros países, para tratar de esconder su verdadera postura, para mantener su estrecha relación con el sionismo, a quien le compra armamento, tecnología militar y de espionaje, así como asesoría en la preparación militar “anti terrorista” para el ejército mexicano. Por supuesto, Sheinbaum ha ratificado esta postura cómplice.

 

El tema de las fuerzas armadas es muy complejo pues más que militarización para propósitos represivos inmediatos se trata de un militarismo que proyecta a las fuerzas armadas, al ejército y la marina, en importantes posiciones del aparato del Estado más allá de las funciones que les reconoce la Constitución. De esta manera se convierten en administradores y salvaguardas de nuevas empresas estatales, cobrando directamente los recursos ahí generados. En la nueva conformación del régimen político se convierten así en parte de sectores hegemónicos de las clases dominantes.

 

Al mismo tiempo, el discurso de AMLO, que hereda y trasmite a Sheinbaum, es de afirmar que el ejército es la única institución confiable, incorruptible. De esta manera ha llegado al extremo de afirmar que los diversos crímenes de Estado en que el ejército ha estado implicado, desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa, no son responsabilidad de las fuerzas armadas y si acaso de "pecadillos" menores pues insiste en defender el prestigio de las fuerzas armadas como institución. Así ha defendido al general Cienfuegos, detenido en EU acusado de narcotráfico pero implicado también en el caso Ayotzinapa o incluso al General García Barragán, secretario de defensa en la época de Díaz Ordaz cuando Tlatelolco y abuelo del policía Harfuch, también implicado en Ayotzinapa. El Frankestein en que este empoderamiento de las fuerzas armadas puede convertirse, no es solo para la nueva administración, sino que ya lo vivió el propio AMLO cuando el ejército se burla de las órdenes del Presidente de que entreguen la información sobre Ayotzinapa o la detención de ciertos militares implicados.

 

Por otro lado, para financiar los programas sociales y megaproyectos emblema de su administración se basó en una importante redistribución del gasto público apoyándose en las políticas de la llamada austeridad republicana (austeridad que significó miles de despidos en el sector estatal y que fue disfrazada como lucha contra la corrupción) y de una política fiscal más moderada y eficiente en la recaudación. Estos programas benefician a millones de familias mexicanas y, a pesar de que no resuelven de fondo los problemas económicos y sociales, son una ayuda indudable: las becas a miles de estudiantes y madres solteras, a los adultos mayores, y en su campaña Claudia Sheinbaum ofreció apoyos económicos a mujeres de 60 a 64 años, antes de recibir la pensión respectiva, algo que ya anunció estará concretando en el próximo periodo legislativo, todas medidas que generan amplia expectativa y que son características de las políticas asistenciales del progresismo.

 

En el mundo del trabajo, el gobierno presentó la reforma laboral promovida por el TMEC y el imperialismo como una posibilidad para alcanzar la democracia sindical, posicionándose por esta vía de cara a los fenómenos anti burocráticos de donde surgieron nuevos sindicatos independientes en la industria y otros gremios, así como la legitimación de contratos colectivos de trabajo que develó un gran número de sindicatos blancos y asestó golpes a algunos sindicatos patronales, aunque el viejo charrismo sindical sigue imponiendo sus condiciones, su control en la gran mayoría de los sindicatos, con el aval gubernamental. Es contradictorio esperar que la democracia e independencia sindicales, la lucha contra el corporativismo, ocurrirá por decisión de un gobierno. No puede venir de arriba, sino que viene de la lucha directa de la clase trabajadora y eventualmente, cuando la relación de fuerzas lo permite, obliga a los gobiernos a reconocerlas.

 

En el caso de ciertos avances puntuales en derechos laborales como la duplicación de días de vacaciones y aumentos al salario mínimo, aunque benefició centralmente a quienes tienen empleo formal, prestaciones como seguridad social o prima vacacional, dejando fuera a millones que laboran en la informalidad o sin relación laboral reconocida como los beneficiarios y becarios de programas sociales, que profundizaron la creación de nuevas figuras de precarización laboral. Los aumentos al salario mínimo han quedado rebasados por una inflación que oculta un aumento muy significativo en los precios y una pérdida de casi la mitad del poder adquisitivo en las últimas décadas. No obstante, estas políticas también fueron acompañadas de mayor injerencia del Estado en los sindicatos y de mayores trabas para el derecho de huelga, mediante los mecanismos de regulación laboral, y promovió el debilitamiento de los sindicatos nacionales.

 

En relación al movimiento de mujeres y otros, la política del gobierno inició muy tensa, con declaraciones del ejecutivo que criminalizaban a los movimientos acusándolos de ser “inventos conservadores” que buscaban desestabilizar su administración, para luego dar paso a un perfil y discurso “feminista” liberal que puso al frente a funcionarias y secretarias de estado que superaron las cuotas de paridad de género e impulsaron una política de dos caras, medidas punitivas de mayor tipificación de delitos y endurecimiento de penas, acorde al modelo de seguridad oficial, y programas sociales asistencialistas que también promovieron la tutela del estado sobre las mujeres. En realidad, el reclamo del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres por la paridad y las cuotas, es una lucha que viene de antes del gobierno de AMLO. Es una conquista previa, no instaurada por su gobierno. Una conquista reconocida ya en la ley y que, efectivamente, el gobierno de AMLO respetó con un gabinete paritario, así como la ley obligó a los partidos a cuidar la postulación de sus candidaturas respetando derechos, lo que permitió que el Congreso electo desde 2018 fuera un congreso paritario.

 

Pero la agenda feminista va más allá de la paridad en partidos y órganos de gobierno. El combate a la estructura e ideología patriarcal va más allá. Por eso comprobamos la continuación de la la precarización laboral femenina. Y que no se  confronta a las elites religiosas que atacaron derechos sexuales y reproductivos -como expresa que la gran conquista de las bases para la despenalización del aborto hayan surgido de las sentencias de la SCJN y no desde el Partido en el gobierno, siendo que, durante parte del sexenio de AMLO tuvieron la posibilidad de avanzar en este derecho a nivel nacional- es evidente que, dados los intereses y acuerdos que la 4T guarda con sectores de la iglesia católica y otras, como lo muestran los múltiples llamados del Vaticano a no dejar que se apruebe el aborto, la 4T se encuentra en la encrucijada de preservar dichos intereses y las demandas que se expresan en las calles, por lo que fueron insuficientes para acabar con la violencia y transformar de raíz las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, pues profundizaron las causas de la violencia feminicida, debido al peso de la estructura ideológica patriarcal así como la militarización del país.  

 

Además de dinamizar el mercado interno vía los programas sociales, la apuesta del gobierno de López Obrador en materia económica estuvo centrado en un puñado de megaproyectos en la región sur-sureste del país. La refinería de Dos Bocas, que está lejos de arrancar y que tardará años en recuperar su inversión de 16 mil 816 millones de dólares, según el Director de la empresa estatal Octavio Romero, si bien va, pues anunció que en junio arrancaría su producción, y el Tren Maya, permitieron empujar temporalmente la economía de una región altamente olvidada, sin embargo, en el caso particular del Tren Maya, esto sucedió a costa del ecocidio y destrucción de cientos de kilómetros de selva y cuerpos de agua, así como la persecución y asesinato de ambientalistas que se oponían a estos y otros megaproyectos.

 

La otra apuesta burguesa en la región es la creación de diez polos de desarrollo en las inmediaciones del corredor transístmico, que prevé conectar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y con ello los océanos Pacífico y Atlántico a través del Golfo de México, cómo alternativa a la saturación que desde hace tiempo presenta el Canal de Panamá.

 

La estabilidad macroeconómica alcanzada durante el último periodo del sexenio, que recién retomó los niveles pre pandemia, se da como consecuencia directa del nearshoring y registra récords históricos de inversión extranjera directa, sin embargo, en 2024 la economía ha comenzado a enfriarse y todo indica que este año se crecerá por debajo de lo registrado el año anterior. Tanto las calificadoras como el gobierno han tenido que moderar sus pronósticos y en el caso de la SHCP se estima que este año el crecimiento sea del 2.4%, bastante atrás de los pronósticos que a inicios de año auguraban un crecimiento del 3%, por otro lado, el dato más reciente sobre la inflación de junio la ubica en 4.78% anual, lejos del objetivo de Banxico de 3% +/- 1 y con ello se estima que el Banco Central mantendrá las tasas de interés sin cambio en 11%, ello en un contexto en el que el Banco Central Europeo comenzó la baja de tasas presionando a que la Reserva Federal haga lo propio, no obstante que la inflación en EEUU se mantiene también lejos del objetivo trazado.

 

Por otra parte, está la Hacienda Pública, que aparentemente se encuentra estable, pero en realidad está en un proceso de claro desgaste, con un déficit de 453 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2024, la deuda aumentó en 3 mil 300 billones de pesos en los últimos 5 años, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, equivalente a un 39.9 por ciento de aumento, verdaderamente considerable y preocupante, el gobierno de Claudia Sheinbaum estará sometida a la contradicción de seguir pagando los crecientes intereses de la deuda, así como los compromisos adquiridos, como los programas sociales, que a la larga solo podrían ser sostenidos con una decisión radical, como sería la suspensión o el desconocimiento de la deuda pública, por ejemplo el FOBAPROA. 

 

Asimismo, habrá que considerar la quiebra técnica que sufre PEMEX, que en julio del año pasado registró, de acuerdo a sus estados financieros, 869 mil 607 millones de pesos de pérdidas, por lo que AMLO decidió inyectarle unilateralmente 1 billón 739 mil millones de pesos, sin que este año se registre una recuperación, pues siguen reportándose pérdidas. Habría que sumar el subsidio que han tenido que inyectar al Aeropuerto Felipe Ángeles, que también presenta pérdidas millonarias.

 

Esto ha provocado un efecto económico previsible, pues al aumentar los recursos entre la población, así sea de manera parcial, junto con las cuantiosas remesas enviadas por los migrantes mexicanos desde EU, se manifiesta un importante aumento en el consumo, lo que beneficia a la economía capitalista, a los grandes grupos empresariales y comerciales, provocando un efecto de cierta tranquilidad y confianza entre la población, aunque esté agarrado con alfileres en realidad. Además, hay un proceso de relocalización de capitales, por la pugna comercial de EU con China, que podrían atraer nuevas inversiones en el país, siempre y cuando se resuelvan varios problemas estructurales como el tema de la energía eléctrica, entre otras.

 

AMLO enfrentó la pandemia con pésimos resultados por la enorme cantidad de muertos, aunque fue reconocido por la implementación de las vacunas a nivel nacional, y gozó de un marco económico positivo que se está agotando. El próximo año todo parece indicar que se profundizarán los grandes problemas y contradicciones económicas y políticas, que posibilitan la apertura de una nueva crisis.

 

El otro problema que al inicio del gobierno de AMLO se agitó como ilusión del fin del neoliberalismo, fue el que la reforma educativa de Peña Nieto sería abrogada. Sin embargo, al terminar el sexenio la lucha contra esa reforma educativa ha tenido que seguir y se confirma que "gobierne quien gobierne los derechos se defienden”. No es posible tener ilusiones de promesas electorales, sino toda la confianza en la lucha, en la movilización como ha sostenido la CNTE.  Porque con su paro indefinido y su gran movilización han logrado avances importantes, en un claro distanciamiento con el todavía presidente, quien los recibió en numerosas ocasiones, pero sin cumplir sus promesas de darles mejores condiciones de vida y de trabajo. De ahí la gran movilización que desarrollaron, aguantando el vendaval electoral, tanto de la “marea rosa”, como el cierre de Morena en el zócalo, e incluso les tocó enfrentar una fuerte represión, tanto en Oaxaca, como en la Ciudad de México, lo cual repudiamos.

 

Y por supuesto que, para acabar con la reforma neoliberal en el tema educativo, se requiere además de recursos suficientes, un 10 por ciento del PIB, un verdadero plan de estudios que surja de la experiencia de las y los maestros, que se les tome en cuenta. Algo similar sucede con la salud, pues no es suficiente que AMLO prometa reiteradamente que en septiembre tendremos un sistema de salud de primera, como el de Dinamarca dijo, cuando a ambos sectores se les ha recortado el presupuesto, para beneficiar al ejército.

 

Hay otros conflictos que no se quiso resolver, como las huelgas mineras en Taxco y Sombrerete, y la ruptura ilegal de la de Cananea, dejando en la calle desde 2007 a los trabajadores, así como la actual huelga en Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, la lucha de los electricistas del SME, que desde 2009 sufrieron un golpe ilegal con el despido de más de 44 mil trabajadores por el gobierno de Felipe Calderón y que siguen su lucha por su recontratación en la CFE, a quienes también el todavía presidente les ofreció resolver su reinstalación en sus empleos.

 

Y aunado a ello debemos considerar el manejo gubernamental de los energéticos fósiles, como el petróleo, que provocan el grave calentamiento global. En vez de pensar en energías alternativas, el gobierno de AMLO apostó a construir una nueva Refinería y a comprar otra en Estados Unidos (EU) en 2023, Deer Park una vieja planta fundada en 1929, considerada obsoleta en EU, con una inversión de otros 600 millones de dólares, para pagar el 51 por ciento, pues PEMEX ya era propietaria del 49 por ciento restante, la planta que fuera propiedad de Shell y que enfrenta serios problemas ante la contaminación que provoca en Houston, Texas.

 

Tampoco cuenta con una política de protección integral al ambiente, y muy particularmente sobre el agua, que como sabemos y sufrimos todos y todas en México, se está agotando por el uso industrial y las sequías; carece de un plan integral que esté basado en cuestionar el modelo productivo e industrial extractivista, de despojo y depredación de bienes comunes naturales. Las medidas que ha adelantado Sheinbaum y las que pueda tomar estarán en sintonía con el “capitalismo verde”, buscando moderar el consumo individual sin medidas de fondo que ataquen la desigual distribución, las concesiones privadas ni la industria contaminadora y despilfarradora de agua, en un momento donde la crisis hídrica se ha convertido en una crisis humanitaria para millones de personas, como ya sucedió en Monterrey y que ya está ocurriendo en la megalópolis de la ciudad de México.

 

Ni que decir del agrobussiness, el uso de transgénicos y químicos para el cultivo que contaminan y agotan los suelos, amenazando especies nativas, o de la impune industria minera, que además de despojar a las comunidades en todo el país, desarrolla sin un verdadero control una explotación irracional que contamina nuestros ríos y los terrenos, otrora productivos. Ahí está el ejemplo de la terrible contaminación que sufrieron los habitantes de Sonora, ante el derrame de toneladas de materiales contaminantes en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectan la salud de miles de personas, sin la menor sanción para Germán Larrea, el propietario de la mina de Cananea. Eso se reproduce en todo el territorio.

 

Por todo lo anterior podemos concluir, que la gran mayoría de las problemáticas que enfrenta la población pobre y trabajadora en el campo y la ciudad, así como sus causas, no serán resueltas íntegramente, y que para lograr nuestras demandas será necesaria la movilización obrera y popular frente a las políticas del nuevo gobierno.

 

Asimismo, los partidos de la derecha tradicional se encuentran en una encrucijada, porque no cuentan con una política de verdadera oposición al actual régimen que encabezará Sheinbaum, por eso, porque insistieron en volver al pasado neoliberal fueron derrotados estrepitosamente, modificando el sistema de partidos. 

 

Es decir, aunque el gobierno de López Obrador contó con un gran apoyo popular, además de los grandes problemas que deja sin resolver, muchos de ellos heredados por los gobiernos de la derecha, es sin duda defensor de los grandes capitalistas del país, a quienes da un trato preferencial, como a Carlos Slim o Germán Larrea, por mencionar a los más importantes. Porque ha sido un gobierno defensor del sistema capitalista, que ha empoderado peligrosamente a las fuerzas armadas, lo que a futuro es un evidente riesgo.

 

También hay que señalar que en la alianza de la llamada 4T, se encuentra el Partido Verde, que es un partido familiar, un verdadero negocio que se ha vendido al mejor postor, que ni es un partido y menos defiende el medio ambiente, quien colaboró con el PAN y con el PRI, cuando estos fueron gobierno, a cambio de mantener su registro y las canonjías que eso le brinda. Hoy el esquema se repite, de la mano de AMLO y su sucesora, que sabe perfectamente que el Verde es una simulación, aunque en su propaganda elogiara “las importantes contribuciones” del Verde, ahora premiado con una escandalosa sobre representación en la Cámara de Diputados.

 

Y finalmente es necesario completar el cuadro: Movimiento Ciudadano y su candidato presumen ser “la nueva política”, cuando en realidad provienen del PRI y aunque se dirigió prioritariamente a la juventud, donde consiguió numerosos votos, con un discurso “progresista”, sin embargo, ahí donde han gobernado demostraron que no representan una verdadera alternativa para la juventud, mujeres y trabajadores, siendo Nuevo León uno de los estados con mayor violencia y contemplando la crisis de desaparecidos en Jalisco.

 

De ahí la necesidad de una profunda y democrática Reforma Política, impuesta por la movilización obrera y popular, que permita el registro partidario y participación de las y los trabajadores y sectores populares que realmente representen nuestros intereses y no defiendan variantes patronales y capitalistas que solo buscan mantener la explotación, el despojo y la subordinación al imperialismo. Además, desde hace años cerraron toda posibilidad de nuevos registros de partidos, aumentando los requisitos para hacerlos inalcanzables para la población trabajadora, para las mujeres, los jóvenes y las comunidades, excluyendo a otras opciones y monopolizando para su beneficio la conducción del país.

 

El Bloque de Izquierda se formó precisamente para crear una alternativa política para la clase trabajadora, para la juventud, las mujeres y las comunidades, para formar una oposición anticapitalista y antipatriarcal, independiente a los partidos del régimen y del Estado y sus instituciones, por lo que llamamos a todos los sectores marginados, que sufren la injusticia a sumar esfuerzos por construir esa alternativa tan necesaria en nuestro país, para verdaderamente profundizar la democracia en México para los explotados y desposeídos.

 

En esta perspectiva es que consideramos fundamental hacer un llamado a las organizaciones sindicales que se reivindican democráticas y opositoras, cuya mayoría apoyó explícitamente al oficialismo en estas elecciones, a retomar el camino de la organización independiente y la movilización, recuperando los métodos de lucha de la clase trabajadora, como el paro y la huelga, y a levantar una política de coordinación y autoorganización que empuje la participación de la base trabajadora en espacios políticos y de lucha de todos los sectores y movimientos que hoy enfrentan las políticas neoliberales que continúan, el despojo, la precarización laboral y la violencia. En nuestro llamado a desarrollar en las calles la lucha por estas demandas, incluimos a quienes han votado y confiado en el gobierno y en Morena pues muchos de ellos como parte de la clase trabajadora pueden comprender esta necesidad y sumarse,  mediante la movilización combativa y desconfiando de las instituciones del régimen que hoy aparentan responder a los intereses de las grandes mayorías, pero han estado detrás de las políticas que atacan los derechos humanos y sociales, garantizando la impunidad frente a la represión, la violencia y la corrupción.

 

Estamos convencidos de la necesidad de construir una alternativa de la izquierda independiente que enfrente decididamente tanto los ataques y la política entreguista de la derecha tradicional como las políticas de continuidad neoliberal que mantiene el gobierno, que enfrente la subordinación al imperialismo y que luche por conquistar una sociedad superior al capitalismo decadente en el que nos encontramos, de la mano de la clase trabajadora y los pueblos indígenas, campesinos, y con las mujeres al frente. Reafirmamos la necesidad de levantar una alternativa clara a favor de la independencia política como clase trabajadora de las personas más explotadas y oprimidas, y un programa que recoja las demandas y aspiraciones campesinas, obreras y populares. Por lo que vemos una gran oportunidad para comenzar a construir un amplio bloque de izquierda independiente del gobierno y la oposición conservadora, anticapitalista y antipatriarcal.

 

15 de julio de 2024

 

BLOQUE DE IZQUIERDA INDEPENDIENTE ANTICAPITALISTA Y ANTIPATRIARCAL.

 

Colectivo de Trabajadores Independientes

 

Liga de Unidad Socialista (LUS)

 

Movimiento al Socialismo (MAS)

 

Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS)

 

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)