LA LISTA DE LOS "VUELOS DE LA MUERTE" Y EL COMITÉ EUREKA.

Edgard Sánchez.



Un gran impacto ha tenido la difusión de la noticia de una lista de 183 personas que habiendo sido desaparecidos por el ejército o la DFS (Dirección Federal de Seguridad) en 1974 habrían sido arrojados al mar desde un avión militar que salía de la base de Pie de la Cuesta, Guerrero.

Efectivamente es una revelación muy importante incluso en este momento de fin del sexenio y del gobierno que se había comprometido a resolver el caso de los 43 de Ayotzinapa y que concluye protegiendo al ejército, negándole responsabilidad sobre las desapariciones y por el contrario, estigmatizando a activistas, defensores, abogados y familiares de los 43 como supuestamente manipulados por la derecha e incluso por intereses extranjeros para "desprestigiar" al ejército mexicano.

Independientemente de otras implicaciones del caso que a continuación comentamos, confirma la participación del ejército, como institución, en las labores de represión, persecución y realización de crímenes de Estado como las masacres tipo el 2 de octubre del 68, pero también con la práctica de la desaparición forzada de activistas y militantes de oposición al gobierno así como de sus familiares señalados como sospechosos de ser parte de las organizaciones consideradas como subversivas.

Aunque el gobierno actual intenta ocultar responsabilidad a las fuerzas armadas sobre estos crímenes de Estado, no sólo durante los años 60 y 70 del siglo pasado, sino en la actualidad, es cierto que desde la izquierda revolucionaria y los movimientos de defensa de derechos humanos y por la libertad de presos y desaparecidos políticos se han sabido y denunciado desde entonces  esos crímenes, aunque no tuvieran, como ahora,  repercusiones al nivel institucional y mediático.



La lista de 183 desaparecidos.



La notoriedad de este caso ahora es por las vías y el momento en que ha sido dado a conocer. La periodista Marcela Turati, como parte de sus investigaciones sobre desaparecidos (artículo del 7 de agosto de 2024, titulado “A dónde van los desaparecidos”) y parece que también el equipo de Eugenia Allier Montaño, uno de los cuatro equipos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad que antes encabezaba Alejandro Encinas, han encontrado la lista con los nombres y apellidos, así como seudónimos de militancia de 183 personas desaparecidas entre los archivos que la compañera Rosario Ibarra depositó como Comité Eureka en el Museo de la Memoria Indómita inaugurado por ella misma.

Todavía en vida de Doña Rosario, el Museo de la Memoria Indómita  suscribió un acuerdo con la UACM, encabezada entonces por Enrique Dussel para que CAMENA (Centro Académico de la Memoria de Nuestra América), dependiente de la Universidad, digitalizara el amplísimo archivo de Eureka para que pudiera estar accesible al público. De esa manera es que se dice que encontraron en el archivo de Eureka una carta de 2004 en que alguien que se identifica como desertor del ejército  le envía a Doña Rosario la denuncia de los llamados "vuelos de la muerte" en que el ejército habría arrojado al mar los cuerpos de 183 desaparecidos y junto con la carta le incluye una lista de los 183, con sus nombres, seudónimos y fecha de detención desaparición, así como el lugar y la unidad militar responsable. Se presentan en grupos de 8 personas que supuestamente irían en los “vuelos de la muerte” (que a diferencia de previas referencias no se le llama vuelo sino "viaje", de lo que en otras referencias se les denomina "paquetes" en vez de personas). Según los investigadores que han tenido acceso a la lista, la redacción, el tipo de máquina de escribir y otros aspectos de forma de la lista, son coincidentes con el estilo militar de redactar y los recursos de la época pues la carta enviada a Rosario Ibarra en 2004 anexa una lista hecha en 1974 (es decir hace 50 años) de esos 183 desaparecidos, la mayoría de los cuales, efectivamente, fueron detenidos-desaparecidos en ese año. La hoja con los nombres de desaparecidos y sus datos están acomodados por 8 en cada viaje pero la lista no tiene título general diciendo de qué se trata.

Los datos y referencias contenidas en la lista coinciden con hechos reales. Por ejemplo, la mayoría de los 183 se sabía que habían sido desaparecidos políticos de la época (la mal llamada época de la "guerra sucia" -como si hubiera habido una guerra sucia de las 2 partes- y que más bien debería ser la época del terrorismo de Estado). La lista incluye los nombres de entre 13 y 40 personas, según el investigador que se trate, de personas que no habían sido previamente registradas como desaparecidas, que en todo caso habla de la amplitud de la represión de la época, sobre todo en el estado de Guerrero en que el ejército arrasó con pueblos y familias (el caso más conocido con la familia de Lucio Cabañas) tuvieran o no tuvieran participación en la organizaciones político militares de la época. La gran mayoría de los 183 desaparecidos, efectivamente son de Guerrero.

La pregunta que plantean periodistas, reporteros y algunos investigadores es por qué en caso de ser cierta la lista la compañera Rosario Ibarra no la dio a conocer en su momento o supuestamente no atendió la denuncia. En primer lugar, es necesario no olvidar que supuestamente la carta del desertor del ejército le llegó a Rosario en 2004 con una lista de desaparecidos de 1974 que supuestamente habrían sido arrojados al mar en los "vuelos de la muerte".

De la absoluta mayoría de personas enlistadas, Rosario tenía conocimiento de su desaparición en 1974. No le estaban denunciando una lista de nuevos desaparecidos, sobre los cuales Rosario siempre reaccionó rápidamente. La experiencia había demostrado que las primeras horas y días de una desaparición son decisivas para salvar a esas personas. Pero en este caso, en 2004, no le estarían denunciando a Rosario nuevas desapariciones, sino denunciando el asesinato de 183 desaparecidos por medio de los "vuelos de la muerte" en 1974.

El que la carta y la lista se hubieran encontrado en los archivos de Eureka digitalizados por CAMENA no quiere decir, como alguien sugirió, que Rosario hubiera "archivado" la denuncia, es decir que no le diera importancia. El Museo y el archivo digitalizado eran fundamentales para Rosario para defender la "memoria indómita" no para ocultar los hechos represivos que toda su vida denunció y combatió.



Vivos los llevaron, vivos los queremos. La clave



Muchas de las personas entrevistadas estos días en relación a estas revelaciones, hacen referencia de inmediato a la lucha de Rosario por rescatar con vida a los detenidos desaparecidos. Efectivamente este criterio es clave para entender la actitud de Rosario ante la lista de desaparecidos supuestamente arrojados al mar.

Desde el principio de esta lucha, el crimen de desaparición forzada de personas (como lo conocemos ahora porque en aquel entonces no estaba así reconocido legalmente) fue un reto. Históricamente habíamos conocido la experiencia de represión del Estado con los presos políticos (como los del 68 o antes Vallejo y Campa), también de asesinatos políticos, homicidios, como el caso de Rubén Jaramillo y su familia en la época de López Mateos y el terrible caso de masacres como la del 2 de octubre del 68 con Díaz Ordaz y el 10 de junio con Echeverría. Pero al inicio de los 70s (en México y en América del Sur) empezó a desplegarse esta terrible forma de represión, de crimen de Estado que es la desaparición forzada de personas. Diferente a la prisión política, al  homicidio político o a las masacres como el 2 de octubre. Rosario Ibarra y el Comité Eureka se organizarán específicamente en la lucha por la presentación con vida de las personas desaparecidas a manos del ejército, la Brigada Blanca y la DFS. La desaparición es un crimen de Estado diferente a los otros precisamente porque al detener-desaparecer a una persona (militante de un grupo armado o sospechoso a los ojos de la policía de ser militante) la persona es sacada de todo circuito legal, negándose su detención desaparición. Esta cruel forma de represión llegó al extremo de exigir a los familiares demostrar la existencia de la persona desaparecida. Desaparecer al desaparecido. Muchos entonces, incluso de la izquierda, no entendían esta nueva forma de represión, la más cruel quizá, pensando que se trataba de un asesinato. Ante la insistencia de Rosario y Eureka de "presentación de los desaparecidos", equivalente a "presos políticos libertad", levantaban la ceja insinuando que era ingenuo pedir la presentación con vida cuando según ellos era "evidente" que se trataba de un asesinato.

El ejército y la DFS desaparecen a un militante y lo encierran en cárcel clandestina o en campos militares (el más conocido el Campo Militar No 1) primero para torturarlo, conseguir su identificación, e información de la organización político militar (otros integrantes, casas de seguridad, equipos de dirección, etc) y después cuando capturaban a nuevos militantes, usar al primer desaparecido para identificar al nuevo. La sevicia y crueldad de este procedimiento implicaba, por tanto, un tiempo indefinido en reclusión.

Pero los testimonios de la detención desaparición permitieron que Rosario acuñara la consigna de "vivos los llevaron, vivos los queremos". Es  decir testimonios de que la persona había sido detenida con vida y luego desaparecida (por ejemplo, la noticia de la detención-desaparición de Jesús Piedra, el hijo de Rosario, apareció en un periódico de Monterrey bajo el título de “Cae Piedra Ibarra”, dando cuenta de la esquina del centro de la ciudad donde fue detenido). En las historias de la represión hay clara diferencia entre  militantes de organizaciones político militares muertos en enfrentamientos y celadas de las fuerzas armadas y los casos de quienes son detenidos y desaparecidos con vida.

Esta concepción –de la presentación con vida- que Marcela Turati califica, no sé por qué, como "ideológica" por parte de Rosario Ibarra, es guía central de la lucha de Eureka por la presentación de las y los desaparecidos. Es impresionante que décadas después, el movimiento por los 43 de Ayotzinapa ha retomado también la consigna de vivos los llevaron, vivos los queremos.

No importa el tiempo transcurrido. Insistir en este criterio es básico por razones morales, políticas y legales. Es la guía de la luchadora Rosario Ibarra a la que equivocadamente Marcela Turati llama la primera "buscadora" (las buscadoras actuales de la época de desaparecidos de Calderón y la "guerra contra el narco", hasta las de nuestros días, buscan los restos de sus familiares desaparecidos para darles la correspondiente sepultura, Rosario quiere la presentación con vida de los desaparecidos políticos). No es capricho o dogmatismo ideológico de Rosario, sino la convicción de que vivos los llevaron. Por cierto, en su artículo Marcela Turati también se equivoca en la fecha de la detención-desaparición de Jesús Piedra al decir que ocurrió en 1974 cuando fue en abril de 1975.

Vivos los llevaron quiere decir que moralmente no corresponde a la familiar del desaparecido decir que está muerto. Es responsabilidad del Estado admitir que la persona desaparecida ha muerto, lo cual quiere decir que fue asesinada

Pero también legalmente es trascendente. Si  como familiar admites la muerte del desaparecido, para el Estado admites que se trata de un homicidio. Y el homicidio es un delito que puede prescribir, mientras que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible.

Parece increíble, pero para el Estado es preferible aceptar que comete el crimen de homicidio que el de desaparición forzada. No sólo en los años 70. Recuerden el caso de Ayotzinapa. La "verdad histórica" inventada en el gobierno de Peña Nieto dice que los 43 fueron asesinados por el crimen organizado (con la complicidad de algunos policías) e incinerados en el Río Cocula. Asesinados y convenientemente incinerados para no tener que presentar pruebas de los cuerpos de los 43 desaparecidos. Pero hasta la fecha, el Estado no quiere admitir que se trata del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada, vivos los llevaron vivos los queremos, porque implica la participación del ejército para poder ocultar tanto tiempo a los propios desaparecidos.



Escuchar y atender todas las denuncias



Rosario Ibarra conoció de las versiones de los "vuelos de la muerte". No era un secreto. Como también le llegaron otras versiones de muerte de desaparecidos. Recibía infinidad de denuncias e informes verbales o escritos.

En una época, la Secretaría de Gobernación envió emisarios a las Doñas, especialmente a las de Guerrero mayoritariamente más pobres, a convencerlas de que admitieran la muerte de sus familiares para que recibieran, a cambio, alguna indemnización. La absoluta mayoría de ellas rechazó la oferta y se mantuvieron firmes en que "vivos los llevaron vivos los queremos". Significativamente, también padres y madres de los 43 han dicho: no queremos dinero, queremos a nuestros hijos.

Rosario también recibió noticias de militares que desertaban porque se negaban a continuar siendo testigos o partícipes de los crímenes cometidos contra la oposición y las organizaciones político militares de la época. En algún momento algunos se sorprendieron al ver que en la lista de desaparecidos, Rosario incluía también a policías o militares desaparecidos. Estamos contra la desaparición de quien sea, diría. De ninguna manera subestimaba o rechazaba esos testimonios si es que eran confiables o podría comprobarlos. Es emblemático el caso de Zacarías Osorio Cruz, militar asignado en el campo Militar No.1 y testigo del encierro y tortura ahí de desaparecidos. Desertó cuando se dio cuenta que por lo menos otros dos militares que conocía y que también pensaban desertar por su desacuerdo con lo que veían y les obligaban a hacer, habían sido muertos en "accidentes" (en realidad asesinados) y prefirió huir buscando asilo en Canadá. Las autoridades canadienses que primero lo aceptaron, luego le sometieron a juicio para que demostrara que era cierto que su vida corría peligro en México por haber desertado y denunciado los crímenes cometidos por el ejército, especialmente en el Campo Militar No.1. Rosario Ibarra se comprometió a apoyarlo y superando una serie de dificultades, el compañero Antonio Hernández Fernández, de Eureka, ex preso político y ex desaparecido en el estado de Guerrero precisamente durante la campaña militar del ejército mexicano contra Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, se trasladó a Canadá para presentarse como testigo en el juicio y finalmente conseguir que Zacarías Osorio fuera admitido como refugiado político y se pudiera quedar en aquel país.

La lucha de Rosario Ibarra y Eureka consiguió recuperar a más de 100 desaparecidos con vida. No consiguió recuperar a todas y todos los de la lista de Eureka, pero más de 100 son la prueba viviente de que es cierto que vivos los llevaron, vivos los queremos y de que sí es posible recuperarlos con vida. A pesar del daño sufrido con la desaparición, los testimonios de aquellos que recuperaron la libertad y quisieron hacerlo son muy valiosos y valientes. Además del testimonio de Antonio Hernández, que ya mencionamos, también es muy conocido el de Mario Álvaro Cartagena López, "El Guaymas".

Pero por esa razón, obviamente Rosario era muy desconfiada con informes que quisieran demostrarle que algunos de los desaparecidos ya habrían sido asesinados. Tenía que desconfiar para no convertirse ella en la responsable de admitir su muerte. Y tenía que desconfiar porque sabía que un rumor falso de ese carácter buscaba desmoralizar a las Doñas y a Eureka y buscar que abandonaran la lucha por la presentación de los desaparecidos. Sobre todo si el informe no era concluyente sobre la muerte de los desaparecidos y la versión obligaba a Rosario a ser ella quien difundiera la noticia. O que el informante no pudiera comprobar su conocimiento de los hechos y su identidad. Por ejemplo, la carta del 2004 está firmada por Benjamín Apreza que según los investigadores es un nombre que no ha sido ubicado en algún organigrama del ejército en la época que menciona, o a las órdenes de los jefes que menciona (que realmente existieron). Puede ser que por temor, no haya querido decir claramente su identidad a Rosario Ibarra, como lo muestra el hecho de que se la hizo llegar por un medio de un "propio", pero en todo caso, confirma que Rosario no tenía manera de comprobar exhaustivamente  su confiabilidad.

No es tampoco la primera vez que a Rosario y a Eureka les informan, incluso oficialmente, la supuesta muerte de los desaparecidos políticos. En cada cambio sexenal, Rosario presenta ante el propio Presidente su lista de desaparecidos y el reclamo de su presentación con vida. El Procurador General de la República, Oscar Flores Sánchez, nombrado por López Portillo entre 1976 y 1982, se atrevió a presentar una respuesta falsa, un análisis de la lista entregada por Rosario sobre los alrededor de 500 desaparecidos de Eureka. En cada caso, presentaba una versión falsa sobre la suerte de cada desaparecidos desde decir que le habían matado sus propios compañeros, o el ejército en enfrentamientos hasta que se habían ido a vivir fuera del país o cambiado de personalidad. Todo para negar que estuvieran desaparecidos. Algunos investigadores en los archivos del gobierno se han confundido al encontrar referencia a alguno de los desaparecidos con la “explicación” de la PGR de aquella época.



El año 2004 los desaparecidos y los “vuelos de la muerte”



Pero concretamente en cuanto a los “vuelos de la muerte” Rosario sí se pronunció abiertamente en su momento. No hay duda sobre eso.

Hay que recordar que en 2004 (que es cuando le dejan la carta con la lista) era el gobierno de Vicente Fox del PAN, primer gobierno no priísta en 70 años. El gobierno del “cambio” pretendía presentarse como una ruptura decisiva con el PRI. A diferencia de Rosario, algunos antiguos militantes de izquierda se creyeron la idea del cambio y se convirtieron en la “izquierda azul”. Incluso analistas institucionales ubican en esa época la “transición a la democracia”. Como parte de ese discurso de supuesta ruptura con el PRI, Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en  2002 para investigar los crímenes ocurrido durante los sexenios priístas. Al final, el gobierno recularía antes las conclusiones e investigaciones de la FEMOSPP.

Al mismo tiempo, en ese año de 2004 se empezó a juzgar a Miguel Nazar Haro, jefe de la siniestra Brigada Blanca operador de la mayoría de las desapariciones políticas denunciadas por Rosario, inclusive de su hijo, Jesús Piedra Ibarra.

Por la desaparición de Jesús Piedra se giró orden de aprehensión contra Nazar en febrero de 2004. En junio de 2005 fue imputado por la FEMOSPP como presunto responsable de la desaparición de otros seis integrantes  de la Brigada Campesina de los Lacandones en noviembre de 1974. En septiembre de 2006 fue absuelto por la supuesta falta de pruebas. Al final Nazar Haro es exonerado y las acusaciones principales contra él y sus socios (entre los cuales se incluye el capitán Javier  Barquín denunciado en la carta a Rosario como jefe de operaciones en la base de Pie de la Cuesta de donde saldrían los “vuelos de la muerte”) no son por las violaciones a derechos humanos cometidas como Brigada Blanca, sino por el robo de autos y droga para ser vendidos en Estados Unidos. (después de la disolución de la DFS y por tanto de la Brigada Blanca criminales como Nazar Haro cambiaron de “giro” criminal). Nazar y Barquín entre otros son juzgados y no son juzgados por las desapariciones ni se aclara la suerte  de los mismos. Al final, Nazar y Barquín mueren sin que se hubiera hecho justicia (Nazar muere en enero de 2012). En el libro de  Gustavo Castillo García , El Tigre de Nazar (Grijalbo), cínicamente Nazar le niega al autor la existencia de desaparecidos diciendo que murieron en enfrentamientos y que fueron a dar a las fosas comunes (o sea una variante de las versiones usadas por el Procurador Flores Sánchez).

En 2002, la Procuraduría General de Justicia MiIitar entabló juicio contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y al capitán ya retirado Javier Barquín Alonso por las desapariciones forzadas de 148 personas, a la par de otro juicio por narcotráfico. Los dos últimos murieron durante el proceso, mientras que Acosta fue absuelto. Durante este juicio se habló de los “vuelos de la muerte” e incluso en el expediente constan fotos del avión Aravat por dentro usado para llevar los cuerpos que serían tirados al mar. Es decir desde 2002 en el juicio seguido a Acosta, Quirós y Barquín se habla de los “vuelos de la muerte”. La carta del desertor que se identifica con nombre ficticio dirigida a Rosario en que denuncia a sus superiores Barquín y Quirós no es denuncia nueva pues se les conoce desde ese juicio del 2002 del que saldrán exonerados. Ciertamente lo nuevo es la lista de nombres de desaparecidos que se anexa y la relación de “viajes” pero sin título general.

En ese contexto, Rosario Ibarra desconfía aún más de las intenciones y movimientos que ve desde el nuevo gobierno, siempre con la intención de negar la existencia de los desaparecidos y el reclamo de su presentación con vida, aun admitiendo por parte del gobierno que hubieran sido muertos.

La propia Marcela Turati en su artículo al mencionar que no ha sido posible ubicar o identificar plenamente a Benjamín Apreza, el supuesto desertor que le envía la carta en 2004 a Rosario Ibarra, admite que “todavía está por resolverse si era información falsa para entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus búsquedas”.  También en el texto de Turati refiere que Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido sobre las desapariciones forzadas, señala que el “documento también pudo haber sido construido por el ejército para desviar la atención, o engañar o porque en 2004 entre las filas castrenses  existían muchas rencillas internas”

En estos días, la propia CNDH, dirigida hoy por Rosario Piedra que se ha subordinado a la posición del gobierno en cuanto a las fuerzas armadas (recuerden el vergonzoso acto de “reconciliación nacional” con AMLO, el Secretario de la Defensa Cresencio Sandoval, Alejandro Encinas y Rosario Piedra en el Campo Militar No 1 donde invitaron a sentarse juntos a familiares de desaparecidos y familiares de soldados muertos “en cumplimiento de su deber”) ha tenido que comentar la noticia de la existencia de la lista de los “vuelos de la muerte” en los archivos de Eureka, al decir que en la Recomendación 98VG que hicieron especialmente en 2023 sobre la desaparición forzada se incluye un testimonio de Rosario Ibarra sobre los “vuelos de la muerte” (aunque sin mencionar la lista)

Efectivamente Rosario Ibarra se pronunció al respecto en una entrevista que le hizo  Gustavo Castillo de La Jornada en 2002 a propósito de que en los juicios militares de ese año se mencionaban los “vuelos de la muerte”: “Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno”, dice Rosario Ibarra el 29 de septiembre del 2002 (ver Gustavo Castillo y Claudia Herrera: “Una triquiñuela el juicio contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso: Rosario Ibarra” en La Jornada del 29 de septiembre del 2002.).

También Claudia Piedra el pasado 10 de agosto declaró a Jared Laureles y Jessica Xantomila de La Jornada que el documento en cuestión “efectivamente es parte de los archivos de su madre, pero debe ser contextualizado, pues está fechado en mayo del 2004, tiempo en el que se llevó a cabo el juicio contra Miguel Nazar Haro, ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, por desaparición forzada , incluida la de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, en 1975”. Y agregó “¿cómo se le va a dar a conocer al gobierno  que (en ese momento) está exonerando a Nazar Haro, que está encubriendo a los responsables, acusados de tortura, asesinato y todas estas desapariciones? Y ¿cómo le va a entregar algo cuando nosotros siempre buscamos a los desaparecidos con la presunción de vida?” ("Exigen indagar supuesta lista de 100 lanzados al mar en la guerra sucia" en La Jornada el 10 de agosto de 2024)

Efectivamente, para entender la respuesta de la compañera Rosario Ibarra hay que tomar en cuenta el contexto político de entrega de la supuesta denuncia de un desertor militar que firma con un nombre ficticio (Benjamín Apreza). El gobierno de Vicente Fox, (200-2006) supuestamente del cambio crea la Fiscalía Especial en 2002, inicia juicio contra Nazar Haro en febrero del 2004 por la desaparición, entre otros de Jesús Piedra. . En junio de 2005 fue imputado por la FEMOSPP por la desaparición  de militantes del grupo Los Lacandones, desaparecidos en noviembre de 1974. En septiembre de 2006 Nazar fue absuelto por “falta de pruebas”. Previamente, en 2002, la Procuraduría Militar inicia juicio contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, así como contra Barquín (señalado en la carta a Rosario). En ese juicio se mencionan ya los “vuelos de la muerte” pero Acosta es exonerado y los otros militares mueren durante el proceso. El proceso está viciado de origen porque crímenes cometidos por militares contra civiles no pueden ser juzgados por un tribunal militar. Es decir, al recibir la carta en mayo del 2004 , Rosario está viendo una ofensiva general del Estado mexicano, ahora con Fox en el gobierno, para desacreditar la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Por eso  denuncia lo de los “vuelos de la muerte” como una triquiñuela del propio ejército para engañar. Obviamente, la carta y la lista tiene datos, ya conocidos, de las fechas de detención, nombres y seudónimos que son ciertos porque viene de dentro, de alguien con conocimiento de esos hechos. Pero la lista anexa con los nombres se compone de varias columnas: fecha de detención, nombre del detenido, seudónimo o apodo, unidad militar que lo tiene y lugar de detención Los nombres están agrupados por viajes numerados sin fecha. Lo de los “vuelos de la muerte” no lo dice esa hoja de 1974, (que no tiene título) sino la carta firmada por Benjamín Apreza de mayo del 2004.

La conclusión de ese contexto político durante el gobierno de Fox, especialmente, en relación a las imputaciones hechas legalmente por la FEMOSPP, las resume Enrique González Ruiz en su libro Fiscalía fracasada y la guerra sucia. Dice:

“Pero faltaba aun que se dieran a conocer tres reveses jurídicos más: 1.- El magistrado Teodoro Arcovedo Moreno, del Primer Tribunal Unitario Penal de Toluca, confirmó dos autos de libertad a favor de Luis de la Barreda Moreno, quien es señalado como culpable, entre otras de las desapariciones de Ignacio Salas Obregón y de José de Jesús García. 2.- El magistrado Isidro Avelar Gutiérrez del Tribunal Unitario con sede en Monterrey, Nuevo León, confirmó el sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba Miguel Nazar Haro por la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra y 3.- Un juez de Jalisco, Enrique Vizcarra González, negó la orden de aprehensión contra Nazar y De la Barreda por la desaparición de Rodofo Reyes Crespo.”

“El fiasco no pudo ser mayor: se terminaron de derrumbar todas las expectativas que generó la creación de ese aparato investigador del Ministerio Público, ante la evidencia de su incapacidad para someter a juicio y pugnar por el castigo a los responsables de delitos catalogados como de lesa humanidad o sea de los peores que alguien puede cometer”.

En ese contexto político de maniobra política desde el poder es que Rosario Ibarra califica de triquiñuela la versión de los “vuelos de la muerte”. La experiencia de la FEMOSPP durante el gobierno de Fox tiene paralelismo con la de la Comisión de la Verdad creada por AMLO. En estos días, se dará a conocer el informe del Mecanismo  de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad. Los investigadores sobre la historia de la represión y los crímenes de Estado ocurridos pueden, como hicieron los investigadores de la FEMOSPP, esclarecer algunos hechos. Pero esta visión de la reivindicación de los derechos humanos y a justicia transicional que hegemoniza hoy el pensamiento en la academia, implica una tríada entre memoria histórica, reparación del daño y justicia. Pero estos gobiernos se limitan a que sus investigadores hagan alguna buena recuperación histórica, pero sin que haya justicia. No hubo justicia con la FEMOSPP, como resume González Ruiz, y ahora con la Comisión de la Verdad ya se adelanta en voz del propio Presidente López Obrador que no se aclarará el caso de los 43 de Ayotzinapa  e incluso realiza una ofensiva para estigmatizar y desprestigiar a familiares de los 43, a sus abogados y defensores de derechos humanos solidarios para presentarlos como manipulados por la derecha y el extranjero para desprestigiar al ejército. Hay que evitar que en esa dinámica se quiera ensuciar la memoria de lucha consecuente de Rosario Ibarra con el tema de la carta del 2002.



Y los nombres de los 183 desparecidos de esta lista.

Además del contexto político en que ocurrían estos hechos, que hacían desconfiar a Rosario Ibarra de los supuestos “vuelos de la muerte” y calificarlos como triquiñuela, algunos nombres que aparecen en la lista también daban qué pensar sobre todo porque ella tenía testimonios de que estaban presos en el Campo Militar No. 1. Hay tres casos que llaman la atención, en especial. El de Jacob Nájera, el de Rosendo Radilla y el de Ignacio Salas Obregón.

Jacob Nájera, detenido desaparecido en 1974, es el esposo de la compañera Celia Piedra, fundadora junto con Rosario del Comité Eureka , muy cercana con la propio Rosario. Su inclusión en el grupo de supuestamente arrojados al mar, parece tener dedicatoria contra Eureka y Rosario, obviamente contra Celia Piedra, para desmoralizar en la lucha.

El caso de Rosendo Radilla, también desaparecido en Guerrero en 1974 es igualmente significativo. La hija de Rosendo, Tita Radilla se alejó de Rosario, de Eureka y su lucha de vivos los llevaron, vivos los queremos. Tita impulsó otro agrupamiento de familiares y en su caso siguió un exitoso curso legal. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y logró una sentencia contra el Estado mexicano por su denuncia. Pero su reclamo de justicia no estaba circunscrito a vivos los llevaron. Apoyándose en la resolución de la Comisión Interamericana consiguió que, por lo menos en tres ocasiones, las autoridades tuvieran que buscar los restos de Rosendo Radilla en los lugares, alrededor de Atoyac, en que ella tenía la información que habían dejado el cuerpo de Rosendo. La denuncia de Tita, que convenció a la Comisión Interamericana al grado de conseguir una sentencia contra el Estado mexicano, no incluyó la versión de los “vuelos de la muerte” para el caso de su padre, sino una descripción diferente. Sin embargo, la lista del supuesto desertor lo incluye entre los asesinados en los “vuelos de la muerte”.

El caso de Ignacio Salas Obregón también es de alto significado en la lucha de Rosario. Fundador e ideólogo de lo que sería la Liga Comunista 23 de Septiembre es un personaje central, junto con Raúl Ramos Zavala. El primer cartel de desaparecidos en que Rosario publica fotos de desaparecidos políticos significativos, junto a Jesús Piedra, está Salas Obregón. Al inicio del Comité, la compañera de Salas Obregón era una de las Doñas más activas. En la búsqueda de Salas Obregón en cárceles clandestinas además del Campo Militar se siguieron muchas pistas. Salas Obregón “Oseas” fue detenido desaparecido el 25 de abril de 1974 en Tlanepantla, Estado de México. Herido fue trasladado al Hospital Central Militar en el Campo Militar No. 1 donde finalmente permaneció preso. El texto de David Cilia Olmos titulado “Oseas: 50 años de desaparición forzada” del 10 de mayo de 2024 refiere que en los archivos de la DFS se incluyen varias de las declaraciones de Salas Obregón ya detenido-desaparecido del 6 de mayo de 1974, del 10 de junio de 1974 y otra del 12 de junio de 1974. Los viajes señalados en la lista incluyen la fecha de la detención pero no del vuelo, como sugiriendo que es la misma, pero es imposible. En la lista se incluye correctamente la fecha de abril de 1974 como el momento de la detención pero no puede ser el momento del supuesto vuelo. A Turati también le llama la atención de que entre la fecha de detención y el posible vuelo haya meses de diferencia pues no comprende que ésa es una característica de vivos los llevaron, es decir que los desaparecidos no son asesinados sino mantenidos en cárceles clandestinas o en el Campo Militar indefinidamente.

Alberto G. López Limón  que realiza una amplia investigación sobre la LC23S en su libro titulado “David Jiménez Sarmiento: por la senda  de la revolución” también refiere la fecha de detención desaparición de Salas Obregón en Tlanepantla en abril de 1974 fortuitamente por el BARAPEM para luego ser entregado a la DFS. También refiere la documentación en los archivos de la DFS con las declaraciones e incluso fotos de él preso en el Campo Militar (son las fotos de Salas Obregón que ilustran el artículo de Turati ).

Pero en el caso de Salas Obregón hay otra incongruencia con respecto al supuesto asesinato en algún vuelo de la muerte en 1974.  “A finales de octubre de 1977, Ignacio Salas Obregón fue reconocido vivo por el también guerrillero revolucionario Rubén Ramírez militante de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Ramírez formó parte de un grupo de 21 presos trasladados de la cárcel de Oblatos al Campo Militar Número Uno” que es donde encontró a Salas Obregón, según consigna David Cilia en el texto antes mencionado. Es decir, Salas Obregón no pudo estar en los “Vuelos dela muerte” de 1974,si todavía en octubre de 1977 hay testimonio de haberlo visto vivo en el Campo Militar. Probablemente cuando Rosario Ibarra denuncia las “triquiñuelas” de los vuelos cuando sabe que los desaparecidos están en el Campo Militar está pensando, entre otros casos, en el de Salas Obregón.

Lo significativo de la lista de los 183 son que la mayoría son de Guerrero y detenidos en 1974. Esa relación tiene lógica pues es cuando se despliega una terrible ofensiva militar del ejército mexicano cuando Rubén Figueroa fue secuestrado por el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Es secuestrado el 30 de mayo de 1974 en plena campaña para ser Gobernador del estado. El 26 de junio, Echeverría Álvarez ordena el ejército usar toda la fuerza para rescatar a Figueroa, después que el Procurador Ojeda Paullada anuncia que no van a negociar un secuestro. En realidad, la ofensiva del ejército viene de atrás pues ya desde 1972 el Partido de los Pobres había derrotado en un enfrentamiento a elementos de la 27ª Zona Militar. La venganza del ejército fue terrible pues en agosto y septiembre de 1972 tomaron El Quemado en una acción brutal contra toda la comunidad y cercar la zona para cortar el apoyo al Partido de los Pobres. De la lista de  183, hay 164 que son de Guerrero y mayoritariamente detenidos durante los días del secuestro de Figueroa. Incluso son varios de los de Guerrero que en la lista no consigna seudónimos militantes (como sí lo hace, por ejemplo con Salas Obregón) pues seguramente es gente del pueblo que el ejército sospecha que son de la guerrilla pero que no lo son. Es probable que ahí se incluya gente desaparecida que no estaba en los registros de la represión previamente. Como señala el reportaje la lista sí incluye a un menor de edad que fue detenido cuando mataron a Lucio Cabañas. La ofensiva militar fue terrible. En ese contexto es posible que los vuelos de la muerte o el asesinato de desaparecidos en Pie de la Cuesta hubiera ocurrido contra aquellos detenidos desaparecidos de Guerrero que cayeron como parte de la ofensiva del ejército en 1974. Pero la intención de la lista, incluyendo gente que se sabía desaparecida y en el Campo Militar es insinuar que todos los desaparecidos habrían sido muertos en los “vuelos de la muerte”, lo cual no coincide con la información de otros casos y de los más de 100 desaparecidos recuperados con vida.

En la lista de los 183 hay 7 personas de Michoacán. Recientemente Abdallan Guzmán Cruz de Michoacán ha declarado al portal “Regla de tres” que efectivamente sus hermanos Venustiano, Amafer, Solón y Armando así como su padre Jesús fueron desaparecidos. Pero la lista de los 183 le parece rara porque encuentra incongruencias como sugerir que las fechas de detención de sus familiares fue la fecha de los vuelos de la muerte. Al mismo tiempo hace una injusta crítica a Rosario Ibarra diciendo que ella no declaró nada al respecto, lo que como ya hemos explicado no es cierto pues tajantemente señaló que eran triquiñuelas para confundir y desanimar en la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos.



¿Y ahora qué?



Ciertamente ha habido una respuesta correcta de los familiares y colectivos que enfrentados al dolor de esta información de la lista y los supuestos “vuelos de la muerte” insisten en exigir la verdad frente al Estado. La completa verdad necesaria para una larga lucha de años exigiendo a sus familiares detenidos desaparecidos por el ejército o la policía. Parece que la propia Marcela Turati, responsable de la circulación de esta información de la forma que lo hizo, ahora ha agregado en una nueva declaración en que plantea “que la indignación inicial nos sirva para exigir al Estado que nos diga dónde están esas personas desaparecidas que nos siguen faltando. Si hay peleas que dar que sean contra quienes se los llevaron –otra vez el ejército, otra vez ‘Fue el Estado’- y para apoyar a los familiares de las personas desaparecidas”.

Recuperar la historia de los diversos intentos del Estado de eludir su responsabilidad en estos crímenes nos debe llevar a confiar solamente en la organización y movilización de familiares y de los movimientos sociales y en defensa de los derechos humanos. Si estamos hablando de crímenes de Estado (como hasta Encinas reconoció antes de ser defenestrado) o de Fue el Estado como dijo el movimiento por los 43, la confianza no puede depositarse en uno u otro gobierno, sino en la lucha independiente. Como decimos: gobierne quien gobierne los derechos se defienden. El incidente a propósito de la lista de los 183, a pesar de todo, nuevamente pone el énfasis en lo que el gobierno actual quiere negar: la responsabilidad de las fuerzas armadas en estos crímenes.

Como diría Rosario Ibarra: no hay democracia con desaparecidos.

CDMX a 14 de agosto de 2024.