El Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), reitera su postura contra la Desaparición Forzada en México, al tiempo que expresa su firme solidaridad con las víctimas, exigiendo al gobierno mexicano poner un alto a este crimen de lesa humanidad.

Desde su nacimiento, el PRT ha sido parte de esta lucha, junto a la compañera Doña Rosario Ibarra y el Frente Nacional Contra la Represión, exigiendo la presentación con vida de las y los desaparecidos políticos, a manos de los gobiernos del PRI y del PAN del periodo mal llamado de "la guerra sucia" en realidad de terrorismo de Estado. En condiciones diferentes, pero en medio de una crisis tanto por los miles de desaparecidos como por la crisis forense de miles de cuerpos sin identificar, ratificamos nuestra posición y compromiso con los derechos humanos y las víctimas pues, como hemos dicho, gobierne quien gobierne los derechos se defienden.

La existencia de más de 132 mil personas desaparecidas en México —según el registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, cifra que los colectivos de madres buscadoras consideran que puede ser mucho mayor debido al sub registro que pretende disminuir y ocultar la gravedad del problema— da cuenta de la verdadera crisis humanitaria en un país hostigado durante décadas por este terrible lastre que tiene, su antecedente histórico, en la política de terrorismo de Estado iniciada en los años 70s.

Lejos de extinguirse, la desaparición forzada llega hasta nuestros días multiplicando el horror. Personas luchadoras sociales, defensoras ambientales de la tierra y el territorio, de pueblos y comunidades indígenas, así como de mujeres víctimas de explotación sexual y la trata de personas, los migrantes y, sobre todo los jóvenes, aumentan a diario las diferentes listas registradas; la desaparición de personas está por todas partes, a lo largo y ancho del país.

La desaparición forzada de personas -hoy generalizada- es una realidad inocultable. Es responsabilidad del Estado Mexicano atender, investigar, sancionar y erradicar esta práctica cometida por la acción, omisión o aquiescencia de autoridades de los distintos niveles, o por grupos criminales que actúan impunemente.

Ante una desaparición, el Estado no puede esperar. Sea desaparición forzada a manos de agentes del Estado o por particulares. Aunque la desaparición la cometa un particular, el Estado tiene el mismo deber de buscar, investigar y reparar. La carga no disminuye. La diferencia solo está en la pena y en quién ejecutó el delito.

Pero vemos que la justicia en México no llega y que, mientras tanto, un verdadero suplicio acompaña a quienes vienen luchando durante décadas por alcanzarla. Es el caso de familiares, grupos y organizaciones, que se mantienen de pie exigiendo la presentación de miles de personas desaparecidas, desde los terribles años 70s hasta nuestros días.

Como se sabe, recientemente se ha dado a conocer la resolución del Comité de la ONU sobre desaparición forzada en México, para enviar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de un mecanismo especial para atender, al más alto nivel, la grave crisis humanitaria que significa la existencia de estas más de 132 mil personas desaparecidas, de acuerdo, como ya se mencionó, a cifras oficiales.

Colectivos de familias y organizaciones, recibieron con esperanza la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, por llevar, con carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas, la situación de las desapariciones en México, decisión que representa desde su perspectiva, una oportunidad de respuesta a las miles de familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

Por su parte, el Gobierno mexicano ha rechazado tal informe alejando la posibilidad de poder contar con asistencia internacional, tal como sí ocurrió con el GIEI en el caso Ayotzinapa.

Con esto, el Gobierno está dando la espalda a una iniciativa que reconozca la dimensión del problema en vez de estar reinterpretando una y otra vez, sus propias cifras oficiales; para aceptar, de cara a la nación, que las desapariciones forzadas continúan sucediendo debido a la intervención, tolerancia y/o incapacidad de diferentes autoridades y en los distintos niveles de gobierno, lo que mantiene la impunidad incluso frente a los crímenes del llamado crimen organizado, es decir también desapariciones a cargo de lo que la ley califica como particulares . Asimismo, para destinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos, que resulten indispensables para enfrentar el problema y para instrumentar investigaciones que partan de la comprensión de que esta situación ya no puede ser abordada tratando cada desaparición como un hecho aislado y sí como un fenómeno de

macrocriminalidad que requiere la participación de distintos actores; para asumir que la impunidad es un mensaje de tolerancia para que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo y, sobre todo, para entender que las soluciones únicamente pueden llegar escuchando y atendiendo a las víctimas, poniendo en el centro las necesidades y derechos de las víctimas.

Negar la realidad de esta crisis humanitaria arguyendo la amenaza de intervencionismo extranjero, especialmente por la actual ofensiva imperialista yanqui, y presumiendo los avances y cambios legales realizados, solamente agravará más la situación. Al mismo tiempo que el gobierno denuncia como intervencionista el informe escrito de una oficina de la ONU, en esta semana mueren en territorio chihuahuense dos agentes de la CIA en un operativo conjunto con autoridades del estado de Chihuahua. Así como en el operativo realizado en Jalisco para ejecutar al Mencho, capo del CJNG, admitieron que había habido colaboración de agentes de Estados Unidos, supuestamente en labores de inteligencia, pero que generó una situación de violencia en 15 estados de la República. No estamos reclamando más violencia, como propone Trump y su oferta de asesinar en su propia casa a los capos. Nos opusimos a la militarización de la seguridad pública desde Calderón y seguimos oponiéndonos a ese curso, que se retomó desde la creación de la Guardia Nacional en el sexenio pasado, que está comprobado implica, como supuestos daños colaterales, violaciones a derechos humanos a nivel social.

Argumentar también los cambios legales aprobados y las reuniones bilaterales con algunas víctimas, tampoco justifica el rechazo en bloque del informe. Incluso cuando se dice que las violaciones a derechos humanos que refiere el informe corresponden a sexenios pasados resulta peor pues una queja central de víctimas y de los movimientos es la impunidad que prevalece frente a esos crímenes. Para no ir más lejos, está el caso de los 43 de Ayotzinapa. Ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto, pero es fecha que no se resuelve, aunque se haya demostrado como falsa la "verdad histórica" (entre otros gracias al GIEI) y pese a promesas electorales no se ubica a los 43 y se mantiene la impunidad. Este es el problema que implica el informe del grupo de la ONU: la impunidad. Que se mantiene el crimen pues la definición de la desaparición forzada de personas implica que el crimen está en acto mientras no se aclara para bien o para mal la suerte de la persona desaparecida.

El gobierno espera que ante la amenaza de intervencionismo salgamos a apoyarle públicamente y neguemos la realidad. Para eso el gobierno cuenta con sus propios organismos subordinados como la CNDH que desde que la creó Salinas ha solapado al gobierno en turno, como ahora lo hace con éste gobierno, como así lo han denunciado los colectivos de buscadoras.

En vez de negar la realidad, el gobierno debería escuchar el reclamo de las víctimas y sus organismos, es decir respetar la autonomía e independencia de estos organismos. El temor de que las denuncias las aproveche la derecha o el intervencionismo yanqui no se conjura con apoyos acríticos, sino escuchando a las víctimas, acabando con la impunidad y resolviendo de fondo la violencia criminal y su cauda de desapariciones.

Resolver de fondo, por cierto, no es igual a hacer declaraciones y expresar "voluntad política", sino acabar con los grupos del crimen organizado por medio de una abierta política anticapitalista, acabando por ejemplo con las concesiones mineras a compañías extranjeras que usan a los sicarios para arrebatar el territorio a las comunidades, en beneficio de ese escandaloso enriquecimiento a costa de la sangre y vida del pueblo.

Las familias y colectivos lamentan la respuesta defensiva del gobierno mexicano ante el trabajo del CED y esperan que el Estado mexicano reconozca el potencial positivo que representa para miles de familias. Asumir que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento, será prolongar la espera de la verdad, de la justicia y la reparación del daño para cientos de miles de personas; es desconocer la información que, desde las familias y organizaciones no gubernamentales, se ha generado durante años. Seguiremos apoyando la capacidad de lucha y resistencia de las víctimas y sus organismos y les llamamos a mantenerse unidos en la lucha y sin confiar mas que en su propia fuerza.

El Estado mexicano debe abrirse al diálogo franco y directo, con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente, con las familias de personas desaparecidas que hoy se mantienen organizadas en distintos colectivos, redes, sectores y demás organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia para la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡No hay democracia con desapariciones!

Abril de 2026.

Comité Político del

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores.