El juicio a García Luna y las otras evidencias

 EL JUICIO A GARCÍA LUNA  Y LAS OTRAS EVIDENCIAS  (Parte I)

Edgard Sánchez
 
El juicio a Genaro García Luna en New York, que finalmente lo declaró culpable, ha sido centro del seguimiento mediático, especialmente desde que en este año empezaron las sesiones prácticamente diarias con la presentación de los testigos de la Fiscalía contra el acusado. No solamente era noticia diaria la denuncia en New York de los delitos y crímenes de García Luna y cómplices, sino que en México el propio Presidente de la República, en su conferencia mañanera, ha comentado a diario lo ocurrido en la víspera. Las evidencias presentadas contra Garcia Luna van más allá de las evidencias penales. Arrojan luz sobre la trama de "la guerra contra el narcotráfico", así como de la violencia desatada con la militarización en paralelo y sobre todo, nos ofrecen evidencia de la forma en que funciona el capitalismo durante el neoliberalismo y el carácter del Estado, no sólo de los pasados gobiernos declaradamente neoliberales, sino del Estado mexicano, más allá de cada gobierno incluso ya con el progresismo
El juicio de García Luna, el primero contra un funcionario de primer nivel de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, tiene múltiples variantes y usos políticos. Por supuesto, en primer lugar, al evidenciar el verdadero entramado, sobre todo, de la supuesta "guerra contra el narcotráfico" declarada desde su inicio por el gobierno de Felipe Calderón que venía de una imposición fraudulenta cuya atención buscó desviar con la invención de un "enemigo común" a todo el país: el narcotráfico y los cárteles de la droga. Evidencia también el entramado del uso de la violencia desatada desde el poder, que ha llevado en cada sexenio a un incremento sin freno de la crisis humanitaria en que vivimos todavía, una crisis ante la violación general de derechos humanos.
Para el gobierno de AMLO el caso de García Luna es central para demostrar el nivel de corrupción y el carácter criminal de los gobiernos neoliberales a los que sirvió como instrumento central el encargado de la seguridad pública. En el juicio apareció el nombre del ex presidente Felipe Calderón como obvio implicado y cómplice del accionar criminal de García Luna. Para el gobierno de AMLO, sobre todo ya en el fin del sexenio, el interés central es acabar de hundir en el desprestigio a los panistas (y priístas, obviamente) para impedirles cualquier recuperación en el terreno electoral en 2023 (en las elecciones del EdoMex y Coahuila) y sobre todo en el 2024. Es evidente la responsabilidad de Calderón en el accionar criminal de García Luna (comentaristas varios incluso hablan de García Luna como el verdadero jefe o si no, el "hombre fuerte" del gobierno de Calderón) pero eso no quiere decir que necesariamente el gobierno de AMLO esté interesado en que se haga justicia llegando hasta el ex Presidente de la República. En recientes mañaneras ha recordado explícitamente su compromiso de no tocar penalmente a los expresidentes neoliberales. Como de costumbre, incluso, responsabilizó al pueblo "sabio" de no hacerlo pues cuando propuso la consulta pública para enjuiciar a los ex presidentes, no obtuvo la mayoría necesaria para hacerlo. Así que si las consecuencias del juicio a García Luna llegaran hasta Calderón dependería del sistema de justicia de EU y no por el interés del gobierno mexicano actual que solamente quiere usarlo para efectos electorales. 
 
Hay otro uso político peligroso en el caso de este juicio. No es sólo el interés mexicano. Hay también un uso electoralista en el caso de EU. Para la ultraderecha y especialmente la corriente trumpista en el Partido Republicano este juicio es una oportunidad de oro para su revancha electoral y el fortalecimiento del discurso racista, xenófobo, antimexicano  que caracteriza la campaña Republicana, no solo con Trump. AMLO ve el juicio a García Luna como un juicio al neoliberalismo panista. En EU el juicio es visto no como un juicio al neoliberalismo, sino como un juicio contra México. Para la derecha en EU es ejemplo casi del "Estado fallido" en México. En estos días, incluso un grupo de fiscales de EU han reclamado que se considere a los cárteles mexicanos como "terroristas" que supuestamente están aliados hasta con ¡Hezbollah!  Catalogar a los cárteles mexicanos y la incapacidad del gobierno mexicano de controlarlos como parte del "terrorismo", después del 11 de Septiembre de EU, tiene obvias y graves implicaciones, incluso de intervencionismo militar directo de EU en México. Uno de los representantes republicanos grabó un mensaje dedicado a los narcos mexicanos, diciéndoles "no dormirán en paz" y describiendo operativos contra ellos en México como si fuera la cacería y asesinato de Bin Laden en Afganistán. Obviamente este discurso es hipócrita. Hasta la defensa de García Luna ha insistido en sus declaraciones en mostrar las evidencias del trato colaborativo y hasta afectuoso de Garcia Luna y funcionarios del gobierno de EU de varias administraciones. Ahí está la foto de la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, con García Luna inspeccionando helicópteros proporcionados por EU a México en su "guerra contra el narcotráfico". Del juicio es evidente no solamente la participación del ex Presidente de México, Felipe Calderón, autor original de la "guerra contra el narco", sino también de la administración yanqui, desde el Plan Mérida (acordado en la época de Calderón y García Luna) hasta operativos acordados entre ambos gobiernos como "rápido y furioso" que permitió el ingreso de armas a México para los carteles y que ocasionaron miles de muertos en el país. El vínculo entre crimen organizado y las autoridades no es simplemente resultado de funcionarios corruptos, sino consecuencia de un capitalismo criminal, delincuencial, que no conoce fronteras entre México y Estados Unidos.  Como veremos más adelante, el caso García Luna es ejemplo del desarrollo actual del capitalismo y no se trata de un excepcional caso de "narcogobierno" (como lo llamó un editorial de La Jornada) o de un "narcoEstado" como lo llamó AMLO pero acotándolo a los gobiernos panistas, sino al funcionamiento del Estado en el marco del neoliberalismo que con la obtención de ganancias por medio del despojo, el ataque a las comunidades y sus territorios, el desarrollo del extractivismo y la generación de nuevos burgueses producto del narcotráfico genera una violencia inédita junto con la militarización.
El tercer aspecto que hay que destacar y que parece central en el análisis del Estado mexicano y de lo que refleja la crisis abierta con la "guerra contra el narco", es la violencia desatada sin freno en todo el país en diversos niveles (no sólo por los cárteles, sino también con el feminicido y el asesinato de defensores ambientales), territorios sin control institucional, bandas armadas con poderoso armamento, en paralelo a  la militarización del pais y el balance de las políticas publicas fallidas sobre el tema de la seguridad pública.
En una de las sesiones del juicio, la Fiscalía presentó a uno de los narcos convertidos en "testigos protegidos o colaborativos" quien afirmó muy orgulloso "nosotros no trabajábamos para García Luna, es García Luna quien trabajaba para nosotros". La supuesta evidencia de la afirmación se apoyaba en las cantidades millonarias que se canalizaban hacia García Luna por los cárteles, a cambio de impunidad y hasta la afirmación de un intento supuesto o real de secuestro del propio García Luna para obligarlo a cooperar. La  propia defensa de García Luna (que hay que recordar que es la defensa de oficio pues como el acusado tiene cuentas congeladas no puede pagar abogados privados) ha insistido en cuestionar la honorabilidad y confiabilidad de los testigos contra García Luna que presenta la Fiscalía al hacer evidentes que son cínicos criminales y sicarios que aceptan testificar contra García Luna a cambio de ventajas y disminución de las penas que ya enfrentan pues están actualmente presos. Así que el desplante machista del narco que testifica contra el "metralleta" (referencia al tartamudo García Luna y sus dificultades para hablar y expresarse coherentemente), deben dimensionarse correctamente. El problema en cuestión no es el de la "mordida" a un agente de tránsito o simplemente el comprar a un policía corrupto. Creo que es más complejo que el acertijo de qué fue primero, el huevo o la gallina, quién trabaja para quién en ese negocio. Tiene que ver con el estado actual del capitalismo y su funcionamiento criminal (pasando por encima de la normatividad y legalidad institucional) y no con dudosas virtudes de narcos y sicarios haciéndose ricos para complacer sus vulgares y chabacanos gustos (aunque por desgracia socialmente imponen esos gustos y virtudes en nuevas generaciones de la juventud) o de corruptos funcionarios que deslumbran no solo con su riqueza mal habida, sino su tartamudez o incoherencia e ignorancia como las famosas expresiones no solo de García Luna, sino de  Vicente Fox, o Peña Nieto o la esposa de aquel gobernador veracruzano ya preso que le encontraron planas completas en su cuaderno escribiendo "tengo derecho a ser rica".
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El juicio a García Luna y las evidencias en el carácter del Estado. (II parte). 
Edgard Sánchez
 
El neoliberalismo en la búsqueda de mayores ganancias para el capital, empuja todo tipo de privatizaciones para conseguirlas. El despojo, el robo y la corrupción van en esta lógica privatizadora. En esta lógica no acepta detenerse frente a conquistas y derechos sociales conseguidos en el periodo anterior por medio de grandes luchas de la clase trabajadora y los pueblos de todo el mundo que al mantenerse en el marco del capitalismo, al no poder extenderse las revoluciones triunfantes, se conocieron como parte del "Estado de bienestar".
Algunas de estas conquistas y derechos obtenidos, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, lograron quedar recogidas en legislaciones y constituciones. Con el neoliberalismo y su afán privatizador, es decir de robo y despojo de derechos sociales, el capitalismo arremete contra esos derechos aunque estén reconocidos formalmente en la ley. Es decir, privilegia la ganancia violando la ley, pasando arbitrariamente por encima de derechos de todo tipo. Así entendemos la afirmación de algunos autores que hablan de un capitalismo delincuencial. O la idea de la transformación del Estado de bienestar al Estado para el despojo. No es que el capitalismo antes fuera "humano", no explotara o que la explotación de clase no sea una forma de violencia ("la propiedad es un robo" diría Proudhon), sino que resultado de la lucha de clases, del periodo de revoluciones y guerras, la clase trabajadora y los pueblos de los países coloniales y semi coloniales lograron en cierto momento imponer el respeto a ciertos derechos y que el Estado capitalista tuviera que reconocerlos y desarrollar políticas como las del "Estado de bienestar" para evitar el ascenso revolucionario anticapitalista. 
El ascenso revolucionario abierto con el 68 finalmente fue derrotado y simultáneamente se dio la consolidación del neoliberalismo a fines del siglo XX. En ese contexto la burguesía no se detiene en la búsqueda de mayores ganancias (y mercados) ni siquiera ante su propia legalidad, buscando negar y arrebatar los derechos previamente conseguidos, incluso poniendo en riesgo la vida humana y la civilización actual al convertir en mercancía a la naturaleza misma.
Es por eso que esta ofensiva del capital es comparada con una guerra del capital contra los pueblos y sus derechos, para convertir sus bienes comunes en mercancías, sea el litio, el petróleo, el gas, el hierro, cobre, el oro, ¡¡el agua!!  Parecería haberse iniciado desde hace años con el cultivo de drogas, como amapola y su tráfico, su comercialización, afectando a comunidades rurales. Pero al hacerlo se realizó también una disputa por los territorios y su control. Hay así, un nuevo capital emergente ilícito   -hoy y quizá mañana legalizado-  asociado al extractivismo pero también a las drogas y al tráfico de personas.
En esa guerra contra los pueblos y sus derechos sociales, el capital no se detiene en el respeto a la legalidad, generando una despiadada violencia, poniendo en cuestión el criterio jurídico de que es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. Las viejas "guardias blancas" del porfirismo son ahora grupos fuertemente armados,prácticamente ejércitos por su capacidad de fuego, manejados por los carteles de la droga. Pero no es la primera vez que capitalistas enriquecidos con negocios ilegales se reconvierten con el tiempo en "respetables" empresarios en el marco del sistema capitalista (recuérdese la historia de la familia Kennedy en EU y su enriquecimiento durante la prohibición del alcohol). Varios carteles empiezan a reconvertirse en otro tipo de emprendedores pasando de la droga a la asociación con chinos para la exportación de hierro (una vez que el narcotráfico controló la costa de Michoacán y el puerto de Lázaro Cárdenas) o la exportación del aguacate. En la relación del narco con los chinos se hizo público, entre los gobiernos de Fox y Calderón, el contacto con panistas como fue el incidente entre el empresario Zhenli Ye Gon y Javier Lozano, quien sería Secretario del Trabajo con Calderón y operador del despido de 44 mil trabajadores del SME. 
Es decir, que la evolución en curso no es simplemente que el narco infiltre al gobierno o al Estado y lo convierta en un "narco Estado", sino que la ofensiva neoliberal pone al servicio del despojo (y su cauda de violencia de todo tipo) al Estado.
Este papel del Estado es evidente en el caso del juicio de García Luna, aunque se quiso ocultar por la propia Fiscalía que le acusaba, pero se muestra en la relación entre cárteles, funcionarios del gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas y su relación e imbricación con la DEA, la CIA, las operaciones tipo "rápido y furioso", el Plan Mérida, la capacitación de los militares mexicanos en EU en contrainsurgencia, la conversión de grupos militares con esta capacitación en sicarios de los cárteles, como los Zetas, la extensión del negocio de trata de personas, prostitución y sicariatos con la práctica de la desaparición de personas, especialmente migrantes en su paso por México, al mismo tiempo las concesiones de México de gigantescas extensiones de tierra a empresas mineras sobre todo canadienses y norteamericanas (en competencia con China, como se ve en el caso del litio) convirtiendo al extractivismo en real amenaza ecológica pero también a los pueblos, etc. reflejan la complejidad de una realidad, que va más allá de algunos funcionarios corruptos o de inflitración del narco en el gobierno, sino la lógica de un Estado delincuencial en que se le pone al servicio de esta nueva ola de acumulación capitalista, de nuevos grupos burgueses en asociación con intereses imperialistas también. Los pueblos y comunidades, sus territorios y riquezas naturales y culturales, se convierten en enemigos de estos intereses capitalistas 
La violencia de grupos armados se extiende y no se da solamente en el narcotráfico, sino en otros negocios, específicamente en la minería y extractivismo. Un buen número de muertos de esta época lo constituyen defensores de derechos ambientales y contra la minería y megaproyectos neoliberales. Un caso significativo, ocurrido ya con el gobierno de AMLO, es el asesinato de Samir Flores opositor al Plan Integral Morelos, cuyo caso sigue sin resolverse y con el PIM en curso sin poder detenerse. 
El feminicidio y la desaparición forzada de personas son también expresión de esta dinámica. Al comparar la experiencia de los desaparecidos políticos ocurridos especialmente en los años 70 y 80, denunciados por Rosario Ibarra y el Comité Eureka, que mediática y equivocadamente se le llama el periodo de la "guerra sucia" (pues no habia una guerra entre dos partes sino terrorismo de Estado contra la oposición política) por un lado y por el otro la experiencia de la desaparición de más de 100 mil personas  especialmente desde el inicio de la guerra contra el Narco, empezada por Calderón, Roberto González Villarreal habla de la "industria de la desaparición forzada". La desaparición forzada de personas crimen de lesa humanidad se ha convertido también en esta lógica del capitalismo de la búsqueda de ganancias a toda costa, en otro de estos negocios criminales.
El juicio a García Luna ha evidenciado también cómo en la guerra contra el narco (que por cierto, Calderón revive el concepto decidido en Estados Unidos desde 1971 por Richard Nixon y su guerra al narcotráfico) las fuerzas armadas son utilizadas, eventualmente, para el combate desde el aparato del Estado a ciertos carteles en beneficio de algún otro (en este caso el cartel de Sinaloa). Y así se ha visto localmente que gobiernos estatales, en un momento u otro, favorecen a un cartel contra otro (por ejemplo en Tamaulipas en las guerras entre el cartel del Golfo, los Zetas y otros)  O sea la competencia entre diversos grupos criminales, burgueses, llevados a su máxima expresión de guerra. Por eso es que, así como antes hablábamos de grupos paramilitares como "Los Halcones" en la época del 68 y el 71, ahora estos grupos armados de los diversos carteles operan como paramilitares y no simplemente como bandas armadas paralelas a las Fuerzas Armadas del Estado que como a veces  sucede (véase el caso de Colombia y los "paras") pueden adquirir relativa autonomía. O algunos como los Zetas que se reconvierten de grupos de élite militar en cartel del narco.
Por eso la violencia que vivimos se ha convertido en un problema estructural del neoliberalismo con el extractivismo, los negocios ilícitos, la desaparición forzada, la trata de personas, el feminicidio, etc. La militarización continuada por el gobierno de AMLO no puede acabar con esta lógica, sino ampliarla, ampliar el espacio para la violencia. La miltarización no acaba con la estrategia de "guerra al narco" de Calderón.
Pero además, con la polarización política, la visión binaria que impone el gobierno, se ha generado también un clima "cultural", social,"intelectual" de violencia en diversas formas. Violencia verbal y clasista (contra chairos y fifís) de punitivismo y persecución, de juicios y contrajuicios sin fin, de reformas legales para aumentar penas, de "sospechosismo"de todos contra tod@s, de traiciones supuestas y  verdaderas traiciones (desde la acusación de hacerle el juego a la derecha, hasta el real abandono de principios y desarrollo del oportunismo), de calumnias y "fake news". Ya colocados en la polarización los ataques y provocaciones de la derecha, incluso con sus rasgos claramente clasistas y fascistas, alimentan más el clima de violencia.
El fracaso de la política de seguridad pública de AMLO (ver cifras de desaparecidos y asesinatos en aumento y continuación con respecto a los gobiernos del PRIAN) reflejan que el problema no es de una "política pública" de un gobierno (sea del PRIAN o de AMLO) sino de la necesidad de una verdadera transformación revolucionaria con respecto al Estado capitalista, es decir una perspectiva revolucionaria, de un nuevo constitucionalismo. La política pública de AMLO descansa en el supuesto de que el ejército es el "pueblo uniformado", es decir, como dice AMLO, la "única institución que no es corrupta" y por lo que hemos dicho sobre el papel del Estado en la actualidad esta afirmación es equivocada, es ilusoria. Las fuerzas armadas son un instrumento del aparato del Estado. Es necesario acabar con el Estado capitalista. Es necesaria una perspectiva revolucionaria y clasista.
El gobierno de AMLO, de "progresismo tardío", gusta llamarse a sí mismo de la 4T (Cuarta Transformación) pero lo que se requiere es una verdadera transformación revolucionaria, que no se queda solamente en la lucha contra la corrupción y una retórica anti neoliberal. Es decir, una transformación revolucionaria porque sea  anticapitalista, ecosocialista y antipatriarcal para rescatar el respeto a los derechos humanos  y realmente a la vida